El PSOE está demostrado una vez más su sentido de la responsabilidad proponiendo al Gobierno de Rajoy un acuerdo negociado para preservar el sistema financiero, sobre la base de que todo el proceso de reestructuración debe ser llevado a coste cero para los ciudadanos y que debe estar guiado por los principios de transparencia y de asunción de responsabilidades. Sin duda, hay que salvar nuestro sistema financiero pero también le decimos al Ejecutivo de Rajoy que hay que salvar nuestra sanidad y nuestra educación. Por lo tanto, hay que negociarlo todo en el mismo paquete.
Sin embargo, en todo esto llama también poderosamente la atención que uno de los responsables finales de la crisis de Bankia, el señor Rato, se podría ir a su casa con una indemnización millonaria en el bolsillo. Por lo que yo tengo entendido, las indemnizaciones se reciben como compensación por un daño o perjuicio injusto debido a un accidente, una expropiación o cualquier otra situación de la que uno es la víctima.
Además de resultar social y económicamente ofensivo lo dicho, vemos que el PP se lava las manos de la responsabilidad tanto del señor Rato como de la suya propia. Una vez más, con cinco meses de gobierno a sus espaldas, se justifican acusando al gobierno anterior. Y todo esto sucede mientras en Andalucía echa a andar un nuevo gobierno de progreso liderado por José Antonio Griñán.
Sabemos que al PP le gusta hacer oposición incluso cuando está en el gobierno. Y que hasta hace unos meses practicaba la insumisión institucional frente a las políticas y decisiones del anterior ejecutivo del PSOE. Ahora riza el rizo criticando a la Junta de Andalucía por exigir al PP el cumplimiento del Estatuto de Autonomía. La verdad es que no hay en toda Europa un partido político con menos cultura democrática y menor sentido del respeto a las instituciones y administraciones gobernadas por otros partidos.
El PP acusa a Griñán de buscar la confrontación con Madrid. Y lo dicen destacados dirigentes populares que han demostrado su desprecio hacia el bienestar de los ciudadanos, la aplicación de las leyes, los servicios públicos y el respeto a la convivencia entre Comunidades.
El Gobierno se siente atacado cuando se le exige que cumpla la ley y que respete los contenidos, en este caso, del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Los andaluces, afortunadamente, decidieron el 25 de marzo que su tierra no sería gobernada por la derecha. Rajoy y sus acólitos dicen estos días que el Estado no tiene por qué sentirse vinculado ni obligado por lo que dice nuestro Estatuto que, recuerdo, fue refrendado por las Cortes.
El punto dos de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía establece que la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado. No sé si el lector recordará los tiempos de Aznar, cuando el PP se negaba a reconocer la existencia de 400.000 andaluces que se quedaron fuera de las estadísticas de población con la consiguiente reducción de las aportaciones económicas del Estado.
El lector debe saber que todo lo que estoy comentando no es mero debate político o ideológico sino que va a tener consecuencias muy concretas en su vida personal. La tijera de Rajoy ha llegado también a las transferencias a Andalucía. Las inversiones públicas se reducen, los proyectos se guardan en los despachos y las subvenciones de todo tipo se van a quedar en la mínima expresión.
Se equivoca y mucho el señor Matarí, diputado almeriense por el Partido Popular, cuando dice que la prioridad del nuevo Gobierno andaluz va a ser la confrontación con Rajoy. Decir eso revela un profundo desconocimiento del sentido de la responsabilidad del presidente Griñán y de sus prioridad en la gestión pública, que no es otra que los intereses generales de los andaluces.
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