En sólo siete meses la sanidad ha pasado de ser uno de los servicios públicos mejor valorados a convertirse en una de las cuatro principales preocupaciones de los ciudadanos. Un hecho que debería hacer reflexionar a Rajoy, un presidente de Gobierno que se ha empleado como ninguno en poner el mundo del revés. Por un lado rescata bancos y por otro le pide dinero prestado a los pensionistas o les cobra por medicinas habituales que dentro de unas semanas dejarán de estar financiadas por el Sistema. Otro golpe. Y no sabemos si será el último.
Desde hace algo más de un mes ya es una triste realidad en nuestro país la imposición de un nuevo impuesto, el impuesto a la enfermedad, que lleva a los pensionistas a pagar por primera vez por los medicamentos que consuman. Un impuesto que tiene a partir de septiembre una segunda fase de implantación, en este caso para todos, con el pago del 100% del importe de 425 medicamentos de uso frecuente que dejan de tener financiación pública. Las clases medias trabajadoras y los pensionistas vuelven a ser nuevamente los principales afectados por las decisiones del gobierno de España que no sólo les miente, sino que además les castiga metiéndoles la mano en el bolsillo, reduciendo su renta disponible y convirtiéndolos en prestamistas. El caso de los pensionistas es especialmente sangrante, porque no sólo les obligan por primera vez a pagar por las medicinas, sino que además con ello, en realidad, están llevando a cabo una bajada de pensiones de manera encubierta.
Desde Andalucía le hemos dicho y se lo vamos a seguir diciendo y demostrando a este Gobierno del PP que hay alternativas diferentes a lo que hace; que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se podría ahorrar y dejar las cosas como estaban con medidas como la subasta de medicamentos, que se empeñan en demonizar, o la creación de un impuesto a las grandes fortunas. Una prueba de que las cosas se pueden hacer de diferente manera es que en Andalucía, los pensionistas no pagan ni un céntimo más de lo que Rajoy les obliga a pagar con el repago sanitario.
Desde Andalucía somos respetuosos con las instituciones y con las normas que de ellas emanan, y por eso nos vemos obligados a aplicar este sistema que no nos gusta, que rechazamos, pero que nos impone el gobierno de Rajoy. Esto, sin embargo, no nos impide recurrir la reforma sanitaria ante el Tribunal Constitucional porque estamos convencidos de que esta reforma, en la forma y en el fondo, vulnera la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Pero sobre todo vulnera la justicia social y la igualdad en el acceso a un servicio público esencial, algo socialmente intolerable.
Desde hace algo más de un mes ya es una triste realidad en nuestro país la imposición de un nuevo impuesto, el impuesto a la enfermedad, que lleva a los pensionistas a pagar por primera vez por los medicamentos que consuman. Un impuesto que tiene a partir de septiembre una segunda fase de implantación, en este caso para todos, con el pago del 100% del importe de 425 medicamentos de uso frecuente que dejan de tener financiación pública. Las clases medias trabajadoras y los pensionistas vuelven a ser nuevamente los principales afectados por las decisiones del gobierno de España que no sólo les miente, sino que además les castiga metiéndoles la mano en el bolsillo, reduciendo su renta disponible y convirtiéndolos en prestamistas. El caso de los pensionistas es especialmente sangrante, porque no sólo les obligan por primera vez a pagar por las medicinas, sino que además con ello, en realidad, están llevando a cabo una bajada de pensiones de manera encubierta.
Desde Andalucía le hemos dicho y se lo vamos a seguir diciendo y demostrando a este Gobierno del PP que hay alternativas diferentes a lo que hace; que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se podría ahorrar y dejar las cosas como estaban con medidas como la subasta de medicamentos, que se empeñan en demonizar, o la creación de un impuesto a las grandes fortunas. Una prueba de que las cosas se pueden hacer de diferente manera es que en Andalucía, los pensionistas no pagan ni un céntimo más de lo que Rajoy les obliga a pagar con el repago sanitario.
Desde Andalucía somos respetuosos con las instituciones y con las normas que de ellas emanan, y por eso nos vemos obligados a aplicar este sistema que no nos gusta, que rechazamos, pero que nos impone el gobierno de Rajoy. Esto, sin embargo, no nos impide recurrir la reforma sanitaria ante el Tribunal Constitucional porque estamos convencidos de que esta reforma, en la forma y en el fondo, vulnera la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Pero sobre todo vulnera la justicia social y la igualdad en el acceso a un servicio público esencial, algo socialmente intolerable.
No hay comentarios:
Publicar un comentario