La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Ni ha rectificado, Ni se ha disculpado, Ni parece haberse inmutado al descubrirse que ha acusado falsamente a medio millón de parados de cometer fraude en la percepción de prestaciones por desempleo. Resulta incomprensible que la mentira anide de esta forma tan descarada y burda en una comparecencia en la que se da cuenta de las decisiones del Consejo de Ministros.
La vicepresidenta utilizó datos inexistentes para criminalizar a los parados en lo que puede ser el primer paso para volver a meter la tijera a las prestaciones que reciben los desempleados. En lo que bien podría ser una nueva vuelta de tuerca a su ya precaria estabilidad económica y social, tras endurecer los requisitos para acceder a ellas o para seguirlas cobrando, bajando la tasa de cobertura hasta niveles que resultan indecentes para cualquier sociedad avanzada.
En cualquier caso, no es la primera vez que el PP arremete contra los desempleados, puesto que en la reforma del Código Penal del 2012 ya convirtieron en delito las infracciones administrativas del cobro de la prestación por desempleo a partir de un euro, a la misma vez que garantizaban la impunidad de los evasores fiscales.
La desvergüenza de este gobierno no parece tener límites ni fronteras. La derecha acusa a los desempleados de trabajar en B, utilizando datos que no se corresponden con la realidad, cuando precisamente el Partido Popular debe más de una explicación sobre si sus dirigentes han estado cobrando su salario de parlamentario y otro del partido, durante cuánto tiempo, en qué cuantía y si todas han sido debidamente declaradas desde el punto de vista fiscal, de compatibilidad parlamentaria y de obligaciones con la Seguridad Social.
De esta generación de políticos “nini” del Partido Popular se salvan muy pocos en el actual gobierno. Solo basta recordar algunas de las perlas que el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, la ministra Fátima Báñez, o Arias Cañete han ido soltando para engordar las hemerotecas.
Por eso, a nadie debe de extrañar que al presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, le haya faltado tiempo para descartarlos como candidatos del PP a presidir la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas. Sus declaraciones sobre la rebaja de los salarios, encomendarse a la virgen del Rocío para crear empleo o darse duchas de agua fría para ahorrar, tienen demasiada guasa para una tierra que no está para chistes de tan mal gusto.
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