Más allá de las responsabilidades penales, de lo que la justicia indique en cada caso, la política debe de actuar desde el primer momento para despejar cualquier sombra de duda que se presente sobre la existencia de presuntas irregularidades en la gestión de instituciones, cargos públicos, funcionarios o partidos políticos. La hoja de ruta en estos casos ha de ser tan firme como contundente para evitar que la sociedad caiga en el error de pensar que no actuamos con determinación o que miramos para otro lado cuando se trata de atajar uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos: la corrupción.
Como decía, los jueces determinarán en su momento las responsabilidades penales, si las hubiera, pero desde la política creo firmemente que también podemos hacer mucho más en la línea que nos exigen los ciudadanos. Desde el PSOE hemos solicitado al Partido Popular explicaciones mediante la solicitud de convocatoria de plenos extraordinarios con el fin de crear una comisión de investigación que aclare lo sucedido, algo a lo que ya se han negado en Roquetas de Mar, cuyo alcalde no está dispuesto, al parecer, a que se indague nada en su Ayuntamiento.
Paralelamente, hemos anunciado que daremos todas las explicaciones y realizaremos todas las investigaciones que sean necesarias cuando se señalen a las siglas socialistas y así nos lo exijan los grupos políticos de la oposición en dichos ayuntamientos. Entre otras cosas, porque no tenemos nada que ocultar ni nada que temer y así lo hemos dejado claro desde el primer momento.
Además, como quiera que han salido a la luz los nombres de algunos funcionarios a los que se les ha puesto en el punto de mira en los trámites de adjudicaciones de obras, pensamos que es necesario también que los responsables de estas instituciones señaladas procedan a abrir un expediente informativo en ese sentido para aclarar cuantas cuestiones sean necesarias.
Para terminar, y debido a que el fin último de las denuncias se centra en la supuesta financiación ilegal de los partidos durante las campañas electorales, desde el PSOE nos comprometemos a mostrar a los grupos políticos que así lo soliciten, ante los plenos de los ayuntamientos aludidos, todos nuestros gastos y cómo se han financiado esos procesos electorales que se puedan poner en duda, donde gobernamos y en la oposición; cuestión a la que sería difícil de entender que tampoco se unieran los dirigentes del PP.
Se trata de dar pasos precisos y claros con el objetivo de realizar un ejercicio de total transparencia hacia los ciudadanos, a los que nos debemos y que esperan que seamos absolutamente rigurosos con sus impuestos. Que tengamos, por lo tanto, una máxima exigencia en el esclarecimiento de este tipo de denuncias no es ya un mérito sino un deber inexcusable.
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