Muy pocos españoles se reconocen ya en un país que fue todo un ejemplo por sus extraordinarios avances en Sanidad, Educación e Igualdad de Oportunidades y que ahora pelea por no descender algún escalón más en esa escalera que lleva a muchos ciudadanos a un callejón sin salida. Tampoco nadie se ve reflejado en una España donde las corporaciones locales van a perder capacidad de decisión a la hora de atender a sus vecinos en una materia tan sensible y necesaria como los servicios sociales.
Con la reforma local, que aprobará también en el Senado, la mayoría absoluta del Partido Popular, el Ejecutivo de Rajoy vaciará de competencias a los ayuntamientos para que se fortalezcan las diputaciones provinciales, lo que conllevará la privatización de servicios públicos que se prestan a la ciudadanía desde el ámbito municipal. En eso anda el PP, en sus negocios. Nadie quiere esta reforma, incluso algunos líderes de su partido han rechazado abiertamente el proyecto de Ley, pero al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no parece importarle mucho lo que piense o deje de pensar la ciudadanía o cómo esa reforma, ese tremendo golpe a la democracia local, afectará al mundo rural. Lo importante es el negocio.
En esta España en la que el rascacielos de los derechos se han transformado en un solar en venta, el Gobierno del PP nos quiere también devolver aún más al pasado con la Ley de Seguridad que pretende aprobar, como en tantas otras cuestiones, sin consenso alguno. La propuesta del PP se asemeja más a una ley de represión ciudadana, en la que se recortan derechos fundamentales, que a otra cosa.
Si hasta ahora la derecha había encajado mal las protestas de la calle, ahora lo que pretende es prohibirlas directamente y que los ciudadanos se conviertan en esa mayoría silenciosa que tanto gusta a esta derecha tan rancia y tan retrógrada que nos gobierna. Desde que el PP ganó las elecciones su hoja de ruta en estos dos años ha sido quitar derechos sociales y ahora, en los dos años que quedan, pretende también reducir los civiles. Es decir, el fin último será acabar con todo.
Entre medias, y casi de tapadillo, el PP también ha ofrecido a los suyos en bandeja otro buen negocio. Finiquitado el ladrillo, la derecha, con la excusa de la crisis, está intentando sacar tajada de la sanidad o las pensiones y como su voracidad en este terreno es insaciable, ahora presenta un proyecto de Ley de Seguridad Privada con el fin de que este país renuncie directamente a seguir concibiendo la seguridad como un derecho para convertirla en un negocio. En otro gran negocio que se repartirán unos pocos.
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