La crueldad del PP

El número de desahucios aumentó el pasado año de forma estremecedora. Esta realidad, de la que algunos pretenden que no se hable o que quede fuera del debate social y político, se ha hecho visible a través de los datos facilitados por el Banco de España esta misma semana. Así, hemos conocido que solo durante la primera mitad de 2013 las ejecuciones lanzadas desde las entidades bancarias alcanzaron en nuestro país a más de 35.000 familias. Las frías cifras de la estadística también señalan que cuatro de cada cinco casas que pasaron a manos de la banca durante ese periodo correspondían a la vivienda principal.

Esta dramática realidad se ha visto, además, amplificada por la cruel decisión – no se puede emplear otro calificativo que defina lo que ha hecho el PP – del Gobierno central de recurrir ante los tribunales, hasta paralizarla, la Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobada por la Junta de Andalucía. Una norma que impedía que las personas con escasos recursos pudieran ser echadas de su vivienda y fueran víctimas de un drama que en muchos casos resulta inasumible. Permitir que alguien llegue a esos límites, como consecuencia de una crisis económica de la que es responsable, es simplemente una barbarie inhumana e intolerable.

La Ley aprobada por la Junta evita la vulneración del derecho constitucional a una vivienda digna; lucha contra la exclusión social; defiende también a los avalistas de esas viviendas, y a los autónomos, a los pequeños empresarios, que han solicitado créditos para sus empresas avalándolos con su vivienda. Esta Ley, en los tres meses que ha estado en vigor, ha permitido expropiar 39 viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, tres de ellas en la provincia de Almería.

¿Qué le molesta entonces de todo esto al Gobierno de Rajoy? Es difícil de imaginar, salvo que consideremos que en su estrategia de acoso y derribo de Andalucía, de un gobierno progresista como el que preside Susana Díaz, el PP piense que con sus decisiones hace daño a la Junta cuando la realidad es que a quién machaca literalmente es a los ciudadanos, a todos aquellos a los que la Ley andaluza les había devuelto la esperanza de poder continuar en su vivienda.

Es vergonzoso que el PP utilice la justicia para interponer recursos contra los ciudadanos, contra las personas que menos tienen, que tienen a su cargo hijos que van a sufrir una situación que les marcará de por vida, que no entenderán que tengan que abandonar su casa, la habitación donde dormían, por una manta en la calle. Eso es lo que ha conseguido el PP y lo que los andaluces nunca le podrán perdonar.