Castigad a los culpables pero no a las víctimas

Con esta sencilla y contundente expresión, que no es mía, sino de las víctimas: “castigad a los culpables pero no a las víctimas” los terceros de buena fe que compraron una vivienda en nuestra provincia ignorando que era ilegal reclaman a la sociedad y, en especial nos exigen a los políticos, que hagamos lo que tengamos que hacer para que, en ningún caso, quienes son en realidad víctimas, terminen siendo castigadas como si fuesen culpables.

¿Y cómo puede ser que se termine castigando a quien es una víctima? Pues muy sencillo, esto ocurre cuando en un proceso judicial el juez, que con las leyes actuales no puede hacer otra cosa, acuerda la demolición de una vivienda, comprada por quien no sabía que era una vivienda ilegal, y el culpable de ello no indemniza al comprador de buena fe por las razones que sean: insolvencia o similares. El culpable en estos casos cobró, se llevó el dinero y ‘voló’. La víctima, sin embargo, se queda sin casa, porque se ha acordado su demolición, y también sin indemnización. Eso está pasando en nuestro país, pero tiene remedio.

El asunto de las viviendas ilegales es un grave problema en España, que debemos resolver y que estamos resolviendo. Los afectados no se oponen a que se tire lo mal hecho, se oponen a que se tire y se queden sin indemnización los compradores de buena fe. Está claro que hay casos que no tienen solución, pero sí la tienen la inmensa mayoría.

Tras escuchar y trabajar muchas horas con los afectados hemos avanzado bastante. En Andalucía se está haciendo lo que se puede hacer, modificar la LOUA para dar respuesta a muchos de esos problemas. Ante el Gobierno de Rajoy también estamos trabajando desde la oposición para que se haga lo que se puede hacer, si se quiere.

Esta semana, hemos acordado los socialistas de toda España plantear al Partido Popular y al resto de grupos políticos en las Cortes Generales que en la reforma del Código Penal, que actualmente se está tramitando, se garantice a estos terceros de buena fe que no se llevará a cabo la demolición de la vivienda que compraron hasta que se les haya asegurado la indemnización.

También vamos a pedir que puedan ser parte en esos procedimientos, para que no se enteren de la demolición por la prensa o cuando lleguen las maquinas a su puerta. Por último, también vamos a tramitar una modificación de la ley estatal del suelo en esta misma dirección para asegurarles siempre la indemnización. En todo caso, el culpable siempre debe ser castigado.

Estos cambios son algo sencillo, de sentido común, justos, que podemos hacer, que no cuestan dinero. La solución a este problema no requiere de millones de euros, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad política, de querer o no querer solucionarle los problemas a la gente. Y nosotros sí queremos.

Hasta ahora, el Partido Popular no ha querido. Conocen este problema, desde Arenas, que cuando se hacía llamar Javier se entrevistó con los afectados en la campaña electoral de 2012, hasta otros muchos compañeros de su partido, sin que hasta la fecha los afectados hayan tenido noticia alguna suya.

Pero es que cuando llegaron las elecciones europeas también se interesó por este asunto el ya eurodiputado ‘popular’ González Pons y ocurrió lo mismo que con Javier, que no han vuelto a tener noticias de él ni de sus gestiones.

El PP tiene ahora una magnífica oportunidad de arrimar el hombro, de poner su grano de arena, y de demostrar voluntad política. Hasta ahora, solo se ha interesado por el tema para preocuparse por la suerte del promotor que resulta ser el pillo o el pícaro de turno, que vendió una vivienda a sabiendas de su ilegalidad, les cobró a los afectados y ahora tiene que devolver lo cobrado; y claro, quieren que se escape de rositas. ¿Cómo? dejando sin demoler la vivienda que se hizo ilegalmente para así no tener que indemnizar. Es lo que pasa cuando solo te preocupas de los pillos y no de la gente. Ya está bien.