El mes de noviembre nos ha dejado en Almería cifras positivas en el número de desempleados registrados en las oficinas públicas de empleo durante el pasado octubre. Más de 4.700 almerienses encontraron un trabajo y la cifra total de parados ha bajado, de esta manera, de los 80.000, de ese trágico horizonte en el que nos hemos movido a lo largo de estos cuatro años de gobierno del Partido Popular. Sin embargo, esta reducción en el número de parados, que se debe fundamentalmente al comienzo de la campaña agrícola, la hemos observado históricamente en nuestra provincia, por lo que estas cifras no dicen mucho más que eso: que la agricultura vuelve a tirar de nuestra economía y del empleo con la entrada del otoño.
La foto fija del desempleo en la provincia poco o nada se ha movido desde la llegada de Rajoy a La Moncloa. Durante una treintena de meses hemos alcanzado, superado o rondado esa cifra de 80.000 parados a la que antes me refería. Es decir, Almería ha aguantado toda la legislatura con una tasa de desempleo insufrible que ha ocasionado dos efectos inmediatos: el empobrecimiento de miles de familias y el acusado incremento de la economía sumergida, tal y como reveló la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que la sitúa por encima del 30% en nuestra provincia.
La situación económica y social de la provincia dista mucho, por lo tanto, de ser poco menos que idílica, si atendemos a cómo la pintan los dirigentes provinciales del Partido Popular. Una gran parte de las familias almerienses llegan a duras penas a final de mes, muchas no lo consiguen y otras, pese a contar con algunos ingresos, han entrado por la puerta trasera de lo que se conoce como umbral de la pobreza.
El modelo de relaciones laborales impuesto por el PP ha sido, en este sentido, devastador y ha llevado a más paro, precariedad y desprotección de los desempleados. Hoy España tiene menos empleo, menos empleo indefinido y más temporal, menos empleo a tiempo completo y más a tiempo parcial, y una caída histórica de 500.000 personas en la población activa –más de 32.000 en la provincia de Almería–. La congelación del Salario Mínimo Interprofesional, la devaluación salarial, la caída de la cobertura por desempleo y el fin de los convenios colectivos han hecho el resto.
España necesita de manera imperiosa dar un giro de 180 grados a esta situación si no queremos vernos abocados de manera indefinida a una situación difícil de recomponer. En ese sentido, el compromiso del PSOE, si gobierna, será derogar totalmente la reforma laboral y poner en marcha un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere muchos de los derechos laborales perdidos y que ponga freno a la precariedad.
En una primera fase, aprobaremos un decreto ley donde recuperaremos la negociación colectiva, abriremos una senda de subida del SMI para llegar en 8 años al 60% del salario medio y pondremos freno a la precariedad. Además, plantearemos únicamente tres tipos de contrato: el indefinido, el temporal (con unos límites) y el de formación. Descartamos, por lo tanto, la propuesta de contrato único que hace Ciudadanos, que es muy próxima al planteamiento que siempre ha tenido Aznar en la fundación FAES y que presumiblemente recogerá el PP en su programa electoral. En esto, parece que también ambos partidos, Ciudadanos y PP, van de la mano.
En un país donde la creación de empleo es la única salida posible al escenario de crisis en el que aún estamos inmersos, necesitamos un presidente que dé la cara, que no se esconda, que responda ante los ciudadanos y ciudadanas. Que ofrezca soluciones al principal problema de millones de españoles. Y en ese escenario, Rajoy no puede ser la solución, ya que ha demostrado en estos cuatro años que sus prioridades son otras. Cómo se entiende, si no, que haya reducido en 1.600 millones de euros las políticas activas de empleo en Andalucía y que se haya negado sistemáticamente a aprobar un plan de empleo para nuestra comunidad. Ni se entiende ni, posiblemente, pueda explicarlo.
La foto fija del desempleo en la provincia poco o nada se ha movido desde la llegada de Rajoy a La Moncloa. Durante una treintena de meses hemos alcanzado, superado o rondado esa cifra de 80.000 parados a la que antes me refería. Es decir, Almería ha aguantado toda la legislatura con una tasa de desempleo insufrible que ha ocasionado dos efectos inmediatos: el empobrecimiento de miles de familias y el acusado incremento de la economía sumergida, tal y como reveló la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que la sitúa por encima del 30% en nuestra provincia.
La situación económica y social de la provincia dista mucho, por lo tanto, de ser poco menos que idílica, si atendemos a cómo la pintan los dirigentes provinciales del Partido Popular. Una gran parte de las familias almerienses llegan a duras penas a final de mes, muchas no lo consiguen y otras, pese a contar con algunos ingresos, han entrado por la puerta trasera de lo que se conoce como umbral de la pobreza.
El modelo de relaciones laborales impuesto por el PP ha sido, en este sentido, devastador y ha llevado a más paro, precariedad y desprotección de los desempleados. Hoy España tiene menos empleo, menos empleo indefinido y más temporal, menos empleo a tiempo completo y más a tiempo parcial, y una caída histórica de 500.000 personas en la población activa –más de 32.000 en la provincia de Almería–. La congelación del Salario Mínimo Interprofesional, la devaluación salarial, la caída de la cobertura por desempleo y el fin de los convenios colectivos han hecho el resto.
España necesita de manera imperiosa dar un giro de 180 grados a esta situación si no queremos vernos abocados de manera indefinida a una situación difícil de recomponer. En ese sentido, el compromiso del PSOE, si gobierna, será derogar totalmente la reforma laboral y poner en marcha un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere muchos de los derechos laborales perdidos y que ponga freno a la precariedad.
En una primera fase, aprobaremos un decreto ley donde recuperaremos la negociación colectiva, abriremos una senda de subida del SMI para llegar en 8 años al 60% del salario medio y pondremos freno a la precariedad. Además, plantearemos únicamente tres tipos de contrato: el indefinido, el temporal (con unos límites) y el de formación. Descartamos, por lo tanto, la propuesta de contrato único que hace Ciudadanos, que es muy próxima al planteamiento que siempre ha tenido Aznar en la fundación FAES y que presumiblemente recogerá el PP en su programa electoral. En esto, parece que también ambos partidos, Ciudadanos y PP, van de la mano.
En un país donde la creación de empleo es la única salida posible al escenario de crisis en el que aún estamos inmersos, necesitamos un presidente que dé la cara, que no se esconda, que responda ante los ciudadanos y ciudadanas. Que ofrezca soluciones al principal problema de millones de españoles. Y en ese escenario, Rajoy no puede ser la solución, ya que ha demostrado en estos cuatro años que sus prioridades son otras. Cómo se entiende, si no, que haya reducido en 1.600 millones de euros las políticas activas de empleo en Andalucía y que se haya negado sistemáticamente a aprobar un plan de empleo para nuestra comunidad. Ni se entiende ni, posiblemente, pueda explicarlo.
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