La nefasta gestión del Partido Popular al frente del Gobierno de la nación está teniendo unas consecuencias catastróficas sobre la población ya que ataca, directamente, a las personas. Si hace unos días nos referíamos al drama que vivían las 1.600 familias almerienses afectadas por la inversión en energía fotovoltaica, ahora tenemos que reflejar, por desgracia, la tragedia de las 600 familias que viven del sector de las autoescuelas. Se trata de pequeñas y medianas empresas, con varios trabajadores y trabajadoras que, en muchos casos, han tenido que prescindir de parte de la plantilla ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos, porque su situación roza la ruina. Calculan que han sufrido pérdidas aproximadas al millón de euros por la actividad que han dejado de realizar desde finales de primavera.
El culpable, el Partido Popular y su incapacidad manifiesta para resolver un problema que se demora ya durante seis meses. En junio, examinadores y examinadoras de Tráfico iniciaron una huelga para reivindicar mejoras laborales ejerciendo un derecho legítimo de toda persona en este país. Los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Interior solicitan un incremento en la plantilla y un complemento específico basado en la singularidad de su trabajo y en el riesgo que asumen a diario. No lo pidieron de la noche a la mañana y hartos de largas y de esperas se pusieron en huelga. Desde que entró el PP en el Gobierno de España, la plantilla de examinadores en Andalucía se ha reducido un 20 por ciento y esa escasez de funcionarios supone un grave perjuicio al colectivo y a la ciudadanía porque, además, de dejar que el problema se prolongue y suponga un reacción en cadena que afecta a examinadores, autoescuelas y alumnado el Gobierno del PP está dejando de percibir 15 millones de euros en tasas de examen desde el mes de junio.
Hay cosas que pueden esperar un tiempo hasta buscar una solución consensuada si no está en juego algo tan importante como es el futuro de tres sectores de la población. Examinadores y profesores de autoescuela, hemos dicho, están en una encrucijada, pero también lo está el alumnado. En Almería se han dejado de realizar 2.500 pruebas por la huelga y eso supone que, en muchos casos, se ha dejado de optar a un trabajo para el que era indispensable, como es común, disponer del título para conducir un vehículo.
Los socialistas nos hemos reunido con el sector, hemos visitado a los representantes de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería, Asoproal, que están en huelga de hambre desde el martes a las puertas de la jefatura provincial de Tráfico, y les hemos anunciado que llevaremos a cabo iniciativas en todas las instituciones en las que tenemos representación. Y ya lo estamos haciendo. Este mes, propondremos en la Diputación y en ayuntamientos mociones en las que instamos al PP a que resuelva el conflicto laboral de los examinadores, a que ponga en marcha medidas extraordinarias para poner al día los exámenes que se han dejado de hacer en seis meses, a que aumente la plantilla de examinadores y a que cumpla el compromiso que adquirió con estos funcionarios en 2015, además de abrir una mesa de diálogo que acuerde medidas fiscales para analizar las pérdidas que ha sufrido el sector desde junio.
Se trata de medidas que están al alcance de su mano y tan sólo hay que detenerse a pensar en el bien de la ciudadanía a la que se representa. De momento, los implicados sólo han recibido el menosprecio de su Gobierno de España que se ha colgado su ‘L’, pero de ‘Lío monumental’.
El culpable, el Partido Popular y su incapacidad manifiesta para resolver un problema que se demora ya durante seis meses. En junio, examinadores y examinadoras de Tráfico iniciaron una huelga para reivindicar mejoras laborales ejerciendo un derecho legítimo de toda persona en este país. Los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Interior solicitan un incremento en la plantilla y un complemento específico basado en la singularidad de su trabajo y en el riesgo que asumen a diario. No lo pidieron de la noche a la mañana y hartos de largas y de esperas se pusieron en huelga. Desde que entró el PP en el Gobierno de España, la plantilla de examinadores en Andalucía se ha reducido un 20 por ciento y esa escasez de funcionarios supone un grave perjuicio al colectivo y a la ciudadanía porque, además, de dejar que el problema se prolongue y suponga un reacción en cadena que afecta a examinadores, autoescuelas y alumnado el Gobierno del PP está dejando de percibir 15 millones de euros en tasas de examen desde el mes de junio.
Hay cosas que pueden esperar un tiempo hasta buscar una solución consensuada si no está en juego algo tan importante como es el futuro de tres sectores de la población. Examinadores y profesores de autoescuela, hemos dicho, están en una encrucijada, pero también lo está el alumnado. En Almería se han dejado de realizar 2.500 pruebas por la huelga y eso supone que, en muchos casos, se ha dejado de optar a un trabajo para el que era indispensable, como es común, disponer del título para conducir un vehículo.
Los socialistas nos hemos reunido con el sector, hemos visitado a los representantes de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería, Asoproal, que están en huelga de hambre desde el martes a las puertas de la jefatura provincial de Tráfico, y les hemos anunciado que llevaremos a cabo iniciativas en todas las instituciones en las que tenemos representación. Y ya lo estamos haciendo. Este mes, propondremos en la Diputación y en ayuntamientos mociones en las que instamos al PP a que resuelva el conflicto laboral de los examinadores, a que ponga en marcha medidas extraordinarias para poner al día los exámenes que se han dejado de hacer en seis meses, a que aumente la plantilla de examinadores y a que cumpla el compromiso que adquirió con estos funcionarios en 2015, además de abrir una mesa de diálogo que acuerde medidas fiscales para analizar las pérdidas que ha sufrido el sector desde junio.
Se trata de medidas que están al alcance de su mano y tan sólo hay que detenerse a pensar en el bien de la ciudadanía a la que se representa. De momento, los implicados sólo han recibido el menosprecio de su Gobierno de España que se ha colgado su ‘L’, pero de ‘Lío monumental’.
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