La Junta de Andalucía ha dado cumplimiento al compromiso que tenía adquirido con el mundo agrario para impulsar, durante esta Legislatura, una ley integral para la protección de los agricultores y de la agricultura de nuestra comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno de la Junta, como digo, ha dado respuesta a este compromiso y lo ha hecho con la aprobación, el pasado martes, del proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que ahora será remitido al Parlamento para su tramitación definitiva.
Entre los principales objetivos de esta ley, que va a ser especialmente beneficiosa para nuestra provincia, se encuentran promover el empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio en la cadena agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas rurales.
El texto incorpora medidas pioneras en España en aspectos que resultan esenciales para el sector, como son el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones. En este último aspecto, por ejemplo, la ley reconocerá a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas.
En cuanto al mantenimiento del suelo agrario –algo que resulta esencial en unos momentos, como los actuales, en los que la presión urbanística está volviendo a crecer–, el proyecto prevé la declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a preservar aquellos espacios en los que la actividad agrícola tenga una gran relevancia ambiental o social.
Otro de los grandes caballos de batalla de la producción agrícola, al que también da respuesta esta ley, es el de conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada. Para ello, el proyecto de ley prevé realizar controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, la responsabilidad recaerá solidariamente no sólo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos sospechosos. Se trata de que la cadena productiva proteja al eslabón más sensible, que es el agricultor, y que se articulen los mecanismos para que, en ninguna fase de esa cadena, se termine penalizando la producción de alimentos.
Otro aspecto que también se mejorará con la nueva ley será la declaración de zonas afectadas por catástrofes. En este punto, se prevé un procedimiento para la declaración y el restablecimiento del potencial productivo, así como sistemas de alerta para la prevención de riesgos meteorológicos y epidemiológicos.
Además de estos avances en derechos, el proyecto de ley también contempla deberes como gestionar adecuadamente los residuos y llevar a cabo buenas prácticas en todas las explotaciones o hacer un uso racional, sostenible y eficiente de los medios y recursos de producción, en particular de los no renovables.
Confío en que la futura Ley de Agricultura cuente con el respaldo y el apoyo de la mayoría de la Cámara andaluza, dado que estamos ante un buen proyecto de ley que, además, se podrá mejorar durante el trámite parlamentario, con las aportaciones de los agentes implicados, que ya han sido convocados por el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía.
Entre los principales objetivos de esta ley, que va a ser especialmente beneficiosa para nuestra provincia, se encuentran promover el empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio en la cadena agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas rurales.
El texto incorpora medidas pioneras en España en aspectos que resultan esenciales para el sector, como son el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones. En este último aspecto, por ejemplo, la ley reconocerá a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas.
En cuanto al mantenimiento del suelo agrario –algo que resulta esencial en unos momentos, como los actuales, en los que la presión urbanística está volviendo a crecer–, el proyecto prevé la declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a preservar aquellos espacios en los que la actividad agrícola tenga una gran relevancia ambiental o social.
Otro de los grandes caballos de batalla de la producción agrícola, al que también da respuesta esta ley, es el de conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada. Para ello, el proyecto de ley prevé realizar controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, la responsabilidad recaerá solidariamente no sólo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos sospechosos. Se trata de que la cadena productiva proteja al eslabón más sensible, que es el agricultor, y que se articulen los mecanismos para que, en ninguna fase de esa cadena, se termine penalizando la producción de alimentos.
Otro aspecto que también se mejorará con la nueva ley será la declaración de zonas afectadas por catástrofes. En este punto, se prevé un procedimiento para la declaración y el restablecimiento del potencial productivo, así como sistemas de alerta para la prevención de riesgos meteorológicos y epidemiológicos.
Además de estos avances en derechos, el proyecto de ley también contempla deberes como gestionar adecuadamente los residuos y llevar a cabo buenas prácticas en todas las explotaciones o hacer un uso racional, sostenible y eficiente de los medios y recursos de producción, en particular de los no renovables.
Confío en que la futura Ley de Agricultura cuente con el respaldo y el apoyo de la mayoría de la Cámara andaluza, dado que estamos ante un buen proyecto de ley que, además, se podrá mejorar durante el trámite parlamentario, con las aportaciones de los agentes implicados, que ya han sido convocados por el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía.
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