Con frecuencia, cuando los responsables públicos y políticos queremos trasladar a la ciudadanía la envergadura de un proyecto o de una iniciativa pública nos empecinamos en ofrecer las grandes cifras invertidas, el montante de kilómetros que ocupa, el plazo de ejecución previsto, u otros datos que aunque puedan resultar apabullantes, suelen dejar fríos a quienes los escuchan. Y es que la dimensión social de una decisión política pasa en gran medida desapercibida, por ejemplo, el empleo directo e indirecto que va a generar una obra pública, el tiempo que se mantendrá este empleo, el grado de formación que demanda o la repercusión que puede tener una infraestructura de comunicación para la economía del territorio al que presta servicio.