Isabel tiene 85 años y está viuda. Esta vecina de Los Gallardos tiene la misma rutina que miles de ancianos de esta provincia: por el día va al médico, hace la compra, cocina, visita a sus hijos… pero al caer la noche regresa a su casa, donde duerme sola. A pesar de su edad, Isabel no tiene miedo: sabe que si lo necesita, con sólo pulsar el botón que lleva colgado del cuello, alguien vendrá en su ayuda. De vez en cuando, desde el otro lado del teléfono la llaman parar saber cómo está. Ningún año se les ha olvidado felicitarla por su cumpleaños. Isabel está tremenda agradecida por recibir el servicio de teleasistencia. Cuando cuenta esta historia, coge su ‘medalla’ y sentencia: “Son mis ángeles de la guarda”.
Hace varios días, a Isabel, como a los restantes 1.500 usuarios del servicio de teleasistencia de la Diputación Provincial, le llegó una carta preocupante. En ella, el mismísimo presidente de la institución, don Gabriel Amat, le anunciaba que a partir del 1 de enero dejarían de prestar ese servicio y la invitaba a pedir su “trasvase” al servicio de teleasistencia que presta la Junta de Andalucía. Así se las gasta el PP.
El equipo de Gobierno de la Diputación no ha tenido ningún inconveniente en dejar tirados a nuestros mayores. En pocas palabras, el problema ha vuelto a ser el de siempre: dinero. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido quitarle a la Diputación el dinero que recibía para prestar la teleasistencia y la Diputación ha respondido queriendo entregarle todos los usuarios a la Junta, de la noche a la mañana.
Nada más tener conocimiento de este problema, los socialistas denunciamos lo que estaba pasando. Advertimos de que ese ‘trasvase’ de usuarios de una administración a otra era imposible que estuviera listo en cuestión de semanas y alertamos de lo que iba a pasar: muchos de nuestros mayores se iban a quedar sin servicio a partir del 1 de enero, por las prisas y las chapucerías del PP.
Cuando el Gobierno de la Diputación se vio con las vergüenzas al aire, terminó rectificando: el vicepresidente García escondió la guadaña y prometió que garantizarían la teleasistencia hasta que el último de sus usuarios hubiera completado su ‘trasvase’.
Ante lo sucedido, me pregunto: ¿tan difícil era? ¿Por qué la Diputación no actuó, desde el principio, con lealtad institucional? ¿Por qué pretendían dejar a los ancianos a su suerte? ¿Por qué no lo hicieron bien desde el principio, en lugar de rectificar? ¿Esperaban que nadie se enterara del problema?
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