En el día del Gordo de Navidad, cuando todos los no agraciados con el premio apelen a la salud y al trabajo para 2013, nos encontraremos con que Rajoy nos está dejando sin uno ni otro consuelo. Las cifras de parados van en aumento y la salud merece capítulo aparte. En el desmantelamiento de la sanidad pública, universal y gratuita impulsado por los conservadores de este país nos encontramos, por un lado, con privatizaciones que están llevando a la calle a los médicos de Madrid –entre otros-, y por otro lado, con la imposición de un copago que dificulta el acceso a medicamentos y tratamientos a pacientes para los que resulta vital. La fiebre por el repago y por la privatización de la sanidad que padecen los populares no conoce límites.
Una media de 200 euros más por mes tendrán que pagar los almerienses como consecuencia de estas medidas aprobadas por la ministra Mato por indicación del presidente del Gobierno. La lista de repagos es larga: El farmacéutico, el de los tratamientos por diagnóstico hospitalario que se recogen en la propia farmacia de los centros sanitarios, en las prótesis, por las ambulancias, y en los alimentos dietéticos. Esta avalancha de copagos en los servicios sanitarios recae, una y otra vez, sobre los mismos: mayores, enfermos crónicos y pacientes con enfermedades raras.
Pero al PP eso le da exactamente igual. Como en otra fiebre, la del oro, están cegados por encontrar el objetivo preciado: El cumplimiento del déficit que les impone Merkel. ¿Le habrán dicho a Rajoy que en este país hay más de 8,5 millones de pensionistas de los que la mitad cobran 641 euros que no pueden sacrificarse más para garantizar la buena salud de los mercados?
Lo peor de todo esto es que hay alternativas para evitar el abuso constante al que someten a la ciudadanía y que no quieren escucharlas. El PSOE las está defendiendo en Madrid y aplicándolas allí donde gobierna, demostrando desde Andalucía que otra salida de la crisis es posible. Para empezar, los andaluces vamos a ahorrar más de 200 millones al año con una subasta de medicamentos que fue recurrida por el Gobierno de España y que, en estos días, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional –pese al enfado de Mato y sus advertencias de recurrir la decisión-. La historia es muy sencilla de entender: Consiguiendo que una parte de los medicamentos que se entregan a los enfermos en las farmacias sean seleccionados por convocatoria pública como va a hacer la Junta, se consiguen precios más competitivos. Si el PP extendiera esta práctica al resto del país, se ahorrarían 1.500 millones de euros sin meter la mano en el bolsillo de los más vulnerables. Pero, claro, para eso hay que estar de lado de la gente y dejar de ser rehén de las grandes multinacionales y laboratorios.
La derecha también podría valorar el ahorro que supondría que las compras de medicamentos y otras herramientas sanitarias fueran centralizadas para mejorar los precios que ahora mismo pagan cada una de las comunidades e impulsar una correcta gestión del cobro de accidentes que se atienden en la sanidad pública ya que podrían suponer nuevos ingresos de superiores a los 700 millones.
No estaría de más que los populares andaluces, en alguna de las visitas del presidente Rajoy, le explicaran que esta comunidad es un referente en el uso racional del medicamento y que, entre todos, hemos conseguido reducir en 1.000 millones esa factura prescribiendo principios activos en el 94 por ciento de los casos. No hizo falta que llegara la crisis para que los socialistas andaluces entendiéramos que teníamos que ahorrar en fármacos y que hacerlo implicaba garantizar la gratuidad de los mismos entre los pensionistas y la dedicación de recursos a la mejora del sistema público de salud. Ahí les dejamos nuestras recetas para que, si realmente quieren, apliquen la misma medicina.
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