La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha barruntado un escenario económico apocalíptico para España durante los dos próximos años con cifras de paro en máximos históricos, con más de seis millones de personas a finales de este año o principios del próximo, y que seguirá en valores similares hasta final de 2014. Ante ese desolador panorama, la OCDE ha realizado unas impagables sugerencias al Gobierno de Rajoy y le ha esbozado un nuevo catálogo de medidas y de nuevos recortes que incluyen viejos clásicos como abaratar aún más el despido y volver a subir el IVA. Ya veremos lo que finalmente hace el gobierno del Partido Popular con estas recomendaciones. Pero cuidado, la experiencia nos ha demostrado que a Rajoy no hace falta empujarle mucho para que se ponga manos a la obra y aplique más jarabe de palo a los maltrechos bolsillos de la mayoría de ciudadanos de este país.
Las recetas que nos prescriben los especialistas económicos –los ultraconservadores especialistas económicos– y que Rajoy aplica a pies juntillas también han comenzado a aplicarse esta semana en la banca. Las cuatro entidades nacionalizadas, Bankia, Catalunyacaixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia, tendrán que reducir su dimensión en un 60%, lo que implicará despedir de aquí a 2017 a diez mil personas. Estas son las condiciones que la Comisión Europea les impone a estas entidades a cambio de inyectarles los 37.000 millones que necesitan, que se dice pronto. En todo este fenomenal enredo consentido de apaños económicos y financieros, las personas, los intereses de los ciudadanos, curiosamente brillan por su ausencia, de ahí que se hable de miles de despidos con esa pasmosa naturalidad. Como una consecuencia inevitable, tal y como justifica Rajoy este tipo de circunstancias.
No es necesario ser ninguna lumbrera para comprender que estamos ante el peor escenario posible y que es necesariamente urgente atender el gravísimo problema del paro. El Gobierno de Rajoy, sin embargo, parece no entenderlo y demuestra tal insensibilidad hacia esta cuestión que invita a pensar que anda atendiendo otro tipo de intereses con muchos ceros en la cuenta corriente. La indolencia, el silencio cómplice de los dirigentes provinciales del Partido Popular a la hora de exigir un plan de empleo para Andalucía y rechazar, así mismo, un plan especial para crear puestos de trabajo en los municipios almerienses afectados por las lluvias, retrata de manera certera cuales son las prioridades que maneja la derecha de este país.
El rechazo a estas iniciativas ha tenido en Andalucía una contestación más o menos calibrada en las diputaciones de Jaén, Sevilla y Cádiz, que han puesto en marcha planes de empleo provinciales. No ha pasado igual en la Diputación de Almería. Su presidente, Gabriel Amat, no parece dispuesto a atender esta necesidad y la propuesta que en este sentido le ha hecho el Grupo Socialista; una medida que iría dirigida, fundamentalmente, a dar empleo a través de los ayuntamientos a aquellas personas que se encuentran en una situación de abrumadora necesidad; a desempleados con cargas familiares que hayan agotado prestaciones y ayudas.
Esta iniciativa se sumaría a los compromisos en políticas de empleo que ha materializado la Junta de Andalucía en los Presupuestos de 2013. El Gobierno andaluz sí está demostrando cuáles son sus prioridades, destinando más de 370 millones de euros a empleo, de los que 60 millones se incluyen en un Plan de Acción Social que irá destinado a los ayuntamientos para ayudar a las personas que han perdido todo tipo de ayuda social y que se encuentran en una situación de extrema necesidad. Esto es lo importante y también lo urgente. ¿Habrá forma de que esto lo entienda el Partido Popular?
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