La justicia tiene precio desde el 22 de noviembre. Rajoy ha estado haciendo cuentas y ya sabe lo que tiene que costarle a cada español utilizar los servicios de justicia del país. Le pese a quien le pese, frente al rechazo social y de los colectivos judiciales, prima la recaudación sobre las personas, el dinero que esta medida pueda recoger, sobre la igualdad de oportunidades que tenemos todos los hombres y mujeres de este país.
No queda lugar para la duda. Con la sempiterna excusa del abuso de los servicios públicos por parte de todos los ciudadanos –que más parecemos unos incontrolados derrochadores, a ojos de Rajoy, que personas dispuestas a salir de la difícil situación por la que atravesamos–, el PP ha condenado a muerte el derecho de tutela judicial efectiva que teníamos en este país y la igualdad de todos los ciudadanos proclamada por la Constitución.
Una vez más, Rajoy utiliza la crisis como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología, esta vez dentro de la Justicia. La medida, como no podía ser de otra manera, se ha encontrado con la oposición del PSOE, que ha anunciado que recurrirá las nuevas tasas ante el Tribunal Constitucional si constata la vulneración de derechos básicos recogidos en la Carta Magna. Por algo, recordará más de uno en el Gabinete del Presidente, fue un Gobierno socialista de Felipe González, el que derogó una ley de 1959 en la que se recogían las tasas judiciales, el ‘repago’ del pago con los impuestos de los ciudadanos. Y por algo, sabrán otros, fue el memorable Aznar el que reintrodujo el repago allá por 2003, eso sí, solamente para empresas con un considerable volumen de facturación anual.
Y esta vez, además, los socialistas no estamos solos en la batalla. Por mucho que le pese a Mariano Rajoy para quien ‘la mayoría silenciosa’ del país sigue respaldado decisiones tan regresivas como esta. Claro está que, además, ni a jueces, ni a fiscales, ni a secretarios judiciales ni abogados o graduados sociales se les tiene que tener en cuenta en asuntos como estos ya que ellos en este entierro no tienen vela por ser juez y parte. Eso es lo que en el fondo piensa el Gobierno de Rajoy.
Pues precisamente han sido ellos los que en las últimas semanas han protagonizado actos de protesta y han anunciado acciones concretas para oponerse a unas tarifas, que todos tendremos que pagar, que consideran excesivas y el origen de una división entre españoles ricos –que podrán seguir acudiendo a los tribunales– y españoles pobres –para quienes el acceso a la justicia se encarece de forma notable–. Alto y claro lo ha expresado al defender públicamente que la Ley de Tasas Judiciales no es acorde y que ha llegado el turno de que los empleados de justicia protesten, no por ellos sino por quienes necesitan acudir a ellos en un momento de sus vidas.
El colmo del despropósito en esta historia pasa por unas prisas sospechosas a la hora de poner en marcha la iniciativa. Tenían tantas ganas de empezar a cobrar que los populares no dudaron en publicar la Orden para que entrara en vigor cuando desde Hacienda todavía no se habían diseñado tan siquiera los formularios que servirían para el cobro de las tasas. Así que ahora, y muchos lo estarán aprovechando viendo lo que viene, no pueden cobrar a nadie hasta que arreglen el desaguisado en unas semanas.
Para el Partido Popular era tan necesario ir tan rápido en este asunto que, encima, no se pasaron a pensar que las mujeres víctimas de maltrato o en situaciones de riesgo, sobre todo aquellas que dependen económicamente de su agresor, podrían verse disuadidas de divorciarse –precio fijo de 350 euros más otra variable en función de los bienes que se reclamen– o de exigir una pensión como consecuencia de las tasas. Quizás sí pensaron en ellas, y eso sería más grave si cabe, pero no les importó. El trabajo de los socialistas en el Congreso para reivindicar que estos casos quedaran fuera ha sido arduo y, finalmente, se ha conseguido. Como conseguiremos, si todos hacemos causa común, acabar con las desigualdades de un Gobierno que no toma ni una sola decisión de justicia.
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