¿Sabían que cada año 50.000 mujeres pierden la vida por someterse a un aborto inseguro en los países que poseen leyes restrictivas para la interrupción del embarazo? Pues sepan ahora también que, gracias a la reforma que está impulsando el Gobierno de Rajoy, España pasará pronto a engrosar esa vergonzosa cifra.
Con la reforma de Gallardón –que reduce los supuestos para abortar legalmente a la violación de la madre o un riesgo grave para su vida– sólo estarían cubiertos el 8% de los abortos que se producen actualmente en nuestro país. Quedarían fuera del aborto legal cerca de 100.000 mujeres.
A ellas, a las mujeres que se queden embarazadas en el futuro y no quieran ser madres, se les abrirán dos escenarios, en función de sus ingresos. Habrá mujeres de primera, que serán las que tengan el dinero suficiente para poder viajar a algún país europeo y solucionar el problema. Allí, en un fin de semana ‘de turismo’ podrán abortar libre y legalmente, con todas las garantías sanitarias. Las otras mujeres, las de segunda, tendrán que recurrir, como hace treinta años, a los abortos clandestinos, como si fueran delincuentes y poniendo en grave riesgo su salud y su vida.
Si quieren cumplir con la ley española –y con el papel que el PP les reserva, en su perversa moral– las mujeres tendrán que tener obligatoriamente a ese hijo que no desean: un hijo que quizá tenga malformaciones graves y una pésima calidad de vida o un hijo al que quizá no puedan mantener. ¿Este Gobierno velará por ellas y se ocupará de que no les falte de nada? Está claro que no porque hablamos de un gobierno que ya ha derogado, en la práctica, la ley de dependencia y ha recortado todo lo que ha querido y más a los colectivos más vulnerables.
El ministro Gallardón ha creado un problema donde no lo había. En España, con la ley de plazos actual, con el fomento de la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos, en los últimos años se estaba consiguiendo reducir el número de abortos. Además, el 81% de la población, según una encuesta realizada antes de que conociéramos la letra pequeña de la reforma, ya se mostraba en contra de reformar la actual ley del aborto. No existe, por lo tanto, ninguna razón objetiva para perpetrar este ataque… ninguna razón que no sea el deseo de este Gobierno de interferir en la vida y la libertad de las mujeres. Cásate y sé sumisa: con lo que diga tu marido y con lo que te dicte tu Gobierno.
Con la reforma de Gallardón –que reduce los supuestos para abortar legalmente a la violación de la madre o un riesgo grave para su vida– sólo estarían cubiertos el 8% de los abortos que se producen actualmente en nuestro país. Quedarían fuera del aborto legal cerca de 100.000 mujeres.
A ellas, a las mujeres que se queden embarazadas en el futuro y no quieran ser madres, se les abrirán dos escenarios, en función de sus ingresos. Habrá mujeres de primera, que serán las que tengan el dinero suficiente para poder viajar a algún país europeo y solucionar el problema. Allí, en un fin de semana ‘de turismo’ podrán abortar libre y legalmente, con todas las garantías sanitarias. Las otras mujeres, las de segunda, tendrán que recurrir, como hace treinta años, a los abortos clandestinos, como si fueran delincuentes y poniendo en grave riesgo su salud y su vida.
Si quieren cumplir con la ley española –y con el papel que el PP les reserva, en su perversa moral– las mujeres tendrán que tener obligatoriamente a ese hijo que no desean: un hijo que quizá tenga malformaciones graves y una pésima calidad de vida o un hijo al que quizá no puedan mantener. ¿Este Gobierno velará por ellas y se ocupará de que no les falte de nada? Está claro que no porque hablamos de un gobierno que ya ha derogado, en la práctica, la ley de dependencia y ha recortado todo lo que ha querido y más a los colectivos más vulnerables.
El ministro Gallardón ha creado un problema donde no lo había. En España, con la ley de plazos actual, con el fomento de la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos, en los últimos años se estaba consiguiendo reducir el número de abortos. Además, el 81% de la población, según una encuesta realizada antes de que conociéramos la letra pequeña de la reforma, ya se mostraba en contra de reformar la actual ley del aborto. No existe, por lo tanto, ninguna razón objetiva para perpetrar este ataque… ninguna razón que no sea el deseo de este Gobierno de interferir en la vida y la libertad de las mujeres. Cásate y sé sumisa: con lo que diga tu marido y con lo que te dicte tu Gobierno.
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