La reforma fiscal por la que ha optado Mariano Rajoy no es la que necesita este país sino la que le conviene al Partido Popular. La derecha ha demostrado, de esta forma, que sus prioridades siguen estando donde han estado siempre, junto a los poderosos y las clases más pudientes. A pesar de lo anunciado por el Gobierno central, la realidad es que esta reforma tendrá unos efectos muy reducidos y limitados sobre el crecimiento o el empleo y perjudicará a las familias y a los trabajadores, puesto que son las clases medias las que terminarán pagando la gran rebaja que se aplica a las rentas altas.
Una de las grandes “trampas” del texto que se ha dado a conocer tiene que ver con lo que no dice, con lo que oculta, ya que no aborda de manera decidida el fraude fiscal, cuyo impacto estimado en nuestro país es de 90.000 millones de euros. Frente a este grave problema, el PP sistemáticamente mira hacia otro lado y cuando, con la boca pequeña, ha decidido abordarlo, lo ha hecho por la puerta de atrás para aprobar una vergonzosa amnistía fiscal que ha beneficiado a los grandes defraudadores. Por eso, esta mal llamada reforma fiscal no va a inquietar a este colectivo ‘vip’ lo más mínimo ya que las medidas aprobadas en ese sentido – una simple lista de morosos- ni les rozan.
El Gobierno de Mariano Rajoy garantiza, además, que los que más tienen paguen menos y que los que menos tienen no tengan asegurado ni el estado del bienestar ni los derechos sociales fundamentales. Si Rajoy, con estas medidas a la carta de las grandes fortunas, pretende decir que ha cumplido su promesa electoral de bajar impuestos – con la mirada puesta sobre todo en las citas electorales del próximo año- estará engañando doblemente a los ciudadanos porque ha subido más de 50 durante su mandato, con incrementos brutales en el IVA en un momento crítico para la sociedad española, y ha introducido copagos y nuevas tasas.
Además, el Gobierno del Partido Popular, que tiene una especial fijación con los parados, a los que no deja de castigar, ahora pretende obligarles a tributar por las indemnizaciones que reciban al ser despedidos de sus empleos, añadiendo al dolor moral un buen pellizco económico. Tampoco parece que en esta reforma haya querido tener en cuenta a miles de familias, muchas de ellas jóvenes, que viven de alquiler y a las que ha decido eliminar las deducciones que hasta ahora podían aplicarse.
Los socialistas venimos insistiendo en la necesidad de abordar una reforma fiscal muy distinta a la acometida por la derecha, con medidas de un gran calado social. Partimos de la idea de que hay que integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento, para que se pague impuestos por lo que se gana y por lo que se posee. Se trata de que paguen quienes nunca lo han hecho y también quienes han pagado muy poco en relación con la riqueza que realmente tienen. De esta manera conseguiremos más ingresos, obtenidos de una manera más justa, para sostener unos buenos servicios públicos.
Otro de los aspectos a abordar de manera ineludible es dedicar más recursos a la gestión de la administración fiscal y reformar la Agencia Tributaria para hacerla más independiente del Gobierno y con más funciones. Desde el PSOE también hemos propuesto incrementar la progresividad en el impuesto de sociedades, eliminando privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones que solo benefician a las grandes corporaciones.
Por ahí debería de caminar una reforma fiscal que pretenda abundar en la igualdad y en la justicia social. Esto es lo que realmente necesita una sociedad como la española que está frita a impuestos, desconcertada y atemorizada ante tanto recorte y ávida de que se le eche una mano a quien peor lo está pasando para salir adelante.
Una de las grandes “trampas” del texto que se ha dado a conocer tiene que ver con lo que no dice, con lo que oculta, ya que no aborda de manera decidida el fraude fiscal, cuyo impacto estimado en nuestro país es de 90.000 millones de euros. Frente a este grave problema, el PP sistemáticamente mira hacia otro lado y cuando, con la boca pequeña, ha decidido abordarlo, lo ha hecho por la puerta de atrás para aprobar una vergonzosa amnistía fiscal que ha beneficiado a los grandes defraudadores. Por eso, esta mal llamada reforma fiscal no va a inquietar a este colectivo ‘vip’ lo más mínimo ya que las medidas aprobadas en ese sentido – una simple lista de morosos- ni les rozan.
El Gobierno de Mariano Rajoy garantiza, además, que los que más tienen paguen menos y que los que menos tienen no tengan asegurado ni el estado del bienestar ni los derechos sociales fundamentales. Si Rajoy, con estas medidas a la carta de las grandes fortunas, pretende decir que ha cumplido su promesa electoral de bajar impuestos – con la mirada puesta sobre todo en las citas electorales del próximo año- estará engañando doblemente a los ciudadanos porque ha subido más de 50 durante su mandato, con incrementos brutales en el IVA en un momento crítico para la sociedad española, y ha introducido copagos y nuevas tasas.
Además, el Gobierno del Partido Popular, que tiene una especial fijación con los parados, a los que no deja de castigar, ahora pretende obligarles a tributar por las indemnizaciones que reciban al ser despedidos de sus empleos, añadiendo al dolor moral un buen pellizco económico. Tampoco parece que en esta reforma haya querido tener en cuenta a miles de familias, muchas de ellas jóvenes, que viven de alquiler y a las que ha decido eliminar las deducciones que hasta ahora podían aplicarse.
Los socialistas venimos insistiendo en la necesidad de abordar una reforma fiscal muy distinta a la acometida por la derecha, con medidas de un gran calado social. Partimos de la idea de que hay que integrar en el IRPF la tributación de la rentabilidad de toda la riqueza patrimonial de las personas a partir de un mínimo exento, para que se pague impuestos por lo que se gana y por lo que se posee. Se trata de que paguen quienes nunca lo han hecho y también quienes han pagado muy poco en relación con la riqueza que realmente tienen. De esta manera conseguiremos más ingresos, obtenidos de una manera más justa, para sostener unos buenos servicios públicos.
Otro de los aspectos a abordar de manera ineludible es dedicar más recursos a la gestión de la administración fiscal y reformar la Agencia Tributaria para hacerla más independiente del Gobierno y con más funciones. Desde el PSOE también hemos propuesto incrementar la progresividad en el impuesto de sociedades, eliminando privilegios fiscales y la mayoría de las deducciones que solo benefician a las grandes corporaciones.
Por ahí debería de caminar una reforma fiscal que pretenda abundar en la igualdad y en la justicia social. Esto es lo que realmente necesita una sociedad como la española que está frita a impuestos, desconcertada y atemorizada ante tanto recorte y ávida de que se le eche una mano a quien peor lo está pasando para salir adelante.
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