La política, esa palabra que tanto valor ha perdido últimamente como consecuencia de los comportamientos nada ejemplares que han tenido algunos individuos, sigue siendo un instrumento poderoso y muy noble para transformar la sociedad. Estoy convencido de ello y no voy a dedicar las siguientes líneas a hacer una disertación intelectual sobre la validez de la política. Voy a poner un ejemplo muy claro que ha sucedido esta misma semana y que demuestra que, bien utilizada, la política es un instrumento útil para acabar con las injusticias.
Con el derribo de la casa de los Prior en Vera, en el año 2008, empezó a hacerse visible un problema que afectaba y sigue afectando de lleno a la provincia de Almería, aunque también a muchas otras zonas del resto del territorio nacional: el de la existencia de miles de viviendas levantadas en suelo irregular que fueron compradas de buena fe, en la mayoría de los casos, por ciudadanos extranjeros que desconocían que la casa en la que estaban poniendo los ahorros de toda su vida no era todo lo legal que debía ser. Ante esta irregularidad, muchos promotores fueron denunciados y la justicia, en aplicación de la ley, fue ordenando que se derribaran las viviendas y se indemnizara a los propietarios. El problema es que, como muchísimos de esos promotores se declaraban insolventes, los propietarios de las viviendas se terminaron quedando sin casa y sin indemnización.
En teoría las leyes deben de ser justas, pero a veces sucede que su aplicación genera una injusticia. Cuando los afectados por las viviendas irregulares se dirigieron al PSOE para exponernos la situación, pronto comprendimos que teníamos en nuestra mano hacer algo y que no era complicado: no hacían falta miles de millones de euros para acabar con este problema, hacía falta introducir un cambio en el Código Penal. Así que, aprovechando la reforma del Código que se estaba realizando en las Cortes, presentamos una enmienda en la que se pedía algo que es de sentido común: que si el comprador de buena fe de una vivienda irregular no cobraba la indemnización, su casa no pudiera ser derribada.
El camino ha sido largo y hemos tenido que pelear hasta el último minuto. La senadora del PSOE de Almería Fuensanta Coves fue la encargada de presentar la propuesta de enmienda al Código Penal, que se ha votado en dos ocasiones en el Senado. La primera vez, dentro de la Comisión de Justicia, donde los representantes del PP, inexplicablemente, votaron en contra. Después de ese varapalo, iniciamos una ofensiva en los ayuntamientos de Almería y la Diputación Provincial, donde pedimos que se instara al Senado a que, en la votación final, aprobaran la enmienda. El PP de Almería volvió a votar en contra, tanto en los ayuntamientos como en la Diputación, dejando meridianamente claro que el interés que tienen por resolver los problemas de la provincia es nulo. Afortunadamente, los socialistas no nos rendimos y esta misma semana logramos convencer a los senadores del PP para que actuaran. Al final, se ha aprobado una modificación del Código Penal que permite que los jueces dicten la solución que nosotros proponíamos.
Éste ha sido un motivo de alegría para los afectados por el problema de las viviendas irregulares, pero también lo ha sido personalmente para mí, por una doble razón. La primera es evidente: ha sido una victoria y se va a poner fin a una situación injusta, con el alivio de miles de familias que no van a perderlo todo. Pero es que, además, esta victoria ha sido de la política con mayúsculas, de la buena política, de la que yo y muchos como yo nos comprometimos a hacer cuando decidimos que la sociedad podía ser mejor y teníamos que luchar por ello.
Con el derribo de la casa de los Prior en Vera, en el año 2008, empezó a hacerse visible un problema que afectaba y sigue afectando de lleno a la provincia de Almería, aunque también a muchas otras zonas del resto del territorio nacional: el de la existencia de miles de viviendas levantadas en suelo irregular que fueron compradas de buena fe, en la mayoría de los casos, por ciudadanos extranjeros que desconocían que la casa en la que estaban poniendo los ahorros de toda su vida no era todo lo legal que debía ser. Ante esta irregularidad, muchos promotores fueron denunciados y la justicia, en aplicación de la ley, fue ordenando que se derribaran las viviendas y se indemnizara a los propietarios. El problema es que, como muchísimos de esos promotores se declaraban insolventes, los propietarios de las viviendas se terminaron quedando sin casa y sin indemnización.
En teoría las leyes deben de ser justas, pero a veces sucede que su aplicación genera una injusticia. Cuando los afectados por las viviendas irregulares se dirigieron al PSOE para exponernos la situación, pronto comprendimos que teníamos en nuestra mano hacer algo y que no era complicado: no hacían falta miles de millones de euros para acabar con este problema, hacía falta introducir un cambio en el Código Penal. Así que, aprovechando la reforma del Código que se estaba realizando en las Cortes, presentamos una enmienda en la que se pedía algo que es de sentido común: que si el comprador de buena fe de una vivienda irregular no cobraba la indemnización, su casa no pudiera ser derribada.
El camino ha sido largo y hemos tenido que pelear hasta el último minuto. La senadora del PSOE de Almería Fuensanta Coves fue la encargada de presentar la propuesta de enmienda al Código Penal, que se ha votado en dos ocasiones en el Senado. La primera vez, dentro de la Comisión de Justicia, donde los representantes del PP, inexplicablemente, votaron en contra. Después de ese varapalo, iniciamos una ofensiva en los ayuntamientos de Almería y la Diputación Provincial, donde pedimos que se instara al Senado a que, en la votación final, aprobaran la enmienda. El PP de Almería volvió a votar en contra, tanto en los ayuntamientos como en la Diputación, dejando meridianamente claro que el interés que tienen por resolver los problemas de la provincia es nulo. Afortunadamente, los socialistas no nos rendimos y esta misma semana logramos convencer a los senadores del PP para que actuaran. Al final, se ha aprobado una modificación del Código Penal que permite que los jueces dicten la solución que nosotros proponíamos.
Éste ha sido un motivo de alegría para los afectados por el problema de las viviendas irregulares, pero también lo ha sido personalmente para mí, por una doble razón. La primera es evidente: ha sido una victoria y se va a poner fin a una situación injusta, con el alivio de miles de familias que no van a perderlo todo. Pero es que, además, esta victoria ha sido de la política con mayúsculas, de la buena política, de la que yo y muchos como yo nos comprometimos a hacer cuando decidimos que la sociedad podía ser mejor y teníamos que luchar por ello.
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