Las últimas noticias que hemos conocido sobre la Línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia no han hecho sino confirmar una idea que nos rondaba a los almerienses en la cabeza: el Gobierno del Partido Popular no ha tenido en este tiempo ninguna intención de reiniciar las obras que el propio Rajoy paralizó nada más llegar a La Moncloa. La última bofetada que acabamos de recibir lo confirma y, a su vez, nos sitúa en el peor de los escenarios posibles: la empresa que debía construir el tramo del AVE entre Pulpí y Cuevas del Almanzora ha solicitado rescindir el contrato antes, incluso, de comenzar unas obras que fueron adjudicadas hace un año y medio. Con este despropósito, comienza la bautizada como ‘legislatura del AVE’. Así ha sido denominada por el propio Partido Popular para mayor gloria de aquellos que pasarán a la historia justamente por lo contrario.
Los 40 millones de euros en los que fue adjudicado el tramo en cuestión a la empresa Sacyr -lo que supuso algo menos de la mitad del importe total de licitación, que se ofertó en 86,2 millones de euros- fue, ahora lo sabemos, el principio del fin para un proyecto de poco más de 12 kilómetros comprometido por la exministra de Fomento, Ana Pastor, con tan poco convencimiento como resultados se han obtenido. Además, esos 40 millones de euros que iba a costar este tramo – el único licitado en cinco años de gobierno del PP- procedían de una partida de 110 millones comprometida en los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Ya ven, dos engaños por el precio de uno.
Llegados a este punto, por mucho que se empeñe el Partido Popular en repetir todas las mentiras y responsabilidades que ha repartido durante meses para no asumir su culpa, la sociedad almeriense señala unánimemente al Gobierno de Rajoy como único culpable de lo sucedido. Es intolerable que, a sabiendas de lo que podría ocurrir, el Ministerio de Fomento aceptara lo que a todas luces parecía, y así lo denunciamos en su momento, una oferta de baja temeraria, que fue con la que concursó la empresa que resultó la adjudicataria de estas obras. Por lo tanto, si finalmente el Gobierno de Rajoy tuviese que licitar de nuevo la obra, tal y como parece ser que ocurrirá, estaríamos ante una de las mayores trampas cometidas por el PP contra nuestra provincia.
Por eso y porque realmente no le queda otra salida, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene que ofrecer urgentemente explicaciones públicas sobre lo ocurrido. Si a comienzos de semana, los socialistas considerábamos necesario que lo hiciera, tras registrar en el Congreso la solicitud de su comparecencia, hoy entendemos que no la puede demorar ni un solo minuto más.
Pero verán, el ministro de Fomento no solo tiene que explicar qué va a ocurrir con este tramo, sino con todo lo relacionado con el proyecto de la Línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia, que acumula, a día de hoy, 1.554 días sin obras y 417 millones de euros presupuestados desde 2013 que no se han gastado. De ahí que nadie podrá entender que en los próximos Presupuestos no se destine como mínimo una cantidad similar que permita recuperar el tiempo y el dinero perdido.
Un dato más que nos avala en esta y otras exigencias: Mientras que en Almería se han dejado de invertir 417 millones de euros en el AVE, el Ministerio de Fomento gastó en Galicia en el mismo periodo 8.300 millones de euros, según llegó a reconocer Ana Pastor durante la pasada primavera en un encuentro con empresarios gallegos. Esto confirma, tal y como sospechábamos, que el PP decidió al llegar al Gobierno a qué españoles les afectaría la crisis y a cuáles no. El resultado de esa decisión, a la vista de los resultados y de las inversiones en uno y otro territorio, no ha podido ser más duro para los intereses de los andaluces y de los almerienses en particular.
Los 40 millones de euros en los que fue adjudicado el tramo en cuestión a la empresa Sacyr -lo que supuso algo menos de la mitad del importe total de licitación, que se ofertó en 86,2 millones de euros- fue, ahora lo sabemos, el principio del fin para un proyecto de poco más de 12 kilómetros comprometido por la exministra de Fomento, Ana Pastor, con tan poco convencimiento como resultados se han obtenido. Además, esos 40 millones de euros que iba a costar este tramo – el único licitado en cinco años de gobierno del PP- procedían de una partida de 110 millones comprometida en los Presupuestos Generales del Estado de 2016. Ya ven, dos engaños por el precio de uno.
Llegados a este punto, por mucho que se empeñe el Partido Popular en repetir todas las mentiras y responsabilidades que ha repartido durante meses para no asumir su culpa, la sociedad almeriense señala unánimemente al Gobierno de Rajoy como único culpable de lo sucedido. Es intolerable que, a sabiendas de lo que podría ocurrir, el Ministerio de Fomento aceptara lo que a todas luces parecía, y así lo denunciamos en su momento, una oferta de baja temeraria, que fue con la que concursó la empresa que resultó la adjudicataria de estas obras. Por lo tanto, si finalmente el Gobierno de Rajoy tuviese que licitar de nuevo la obra, tal y como parece ser que ocurrirá, estaríamos ante una de las mayores trampas cometidas por el PP contra nuestra provincia.
Por eso y porque realmente no le queda otra salida, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene que ofrecer urgentemente explicaciones públicas sobre lo ocurrido. Si a comienzos de semana, los socialistas considerábamos necesario que lo hiciera, tras registrar en el Congreso la solicitud de su comparecencia, hoy entendemos que no la puede demorar ni un solo minuto más.
Pero verán, el ministro de Fomento no solo tiene que explicar qué va a ocurrir con este tramo, sino con todo lo relacionado con el proyecto de la Línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia, que acumula, a día de hoy, 1.554 días sin obras y 417 millones de euros presupuestados desde 2013 que no se han gastado. De ahí que nadie podrá entender que en los próximos Presupuestos no se destine como mínimo una cantidad similar que permita recuperar el tiempo y el dinero perdido.
Un dato más que nos avala en esta y otras exigencias: Mientras que en Almería se han dejado de invertir 417 millones de euros en el AVE, el Ministerio de Fomento gastó en Galicia en el mismo periodo 8.300 millones de euros, según llegó a reconocer Ana Pastor durante la pasada primavera en un encuentro con empresarios gallegos. Esto confirma, tal y como sospechábamos, que el PP decidió al llegar al Gobierno a qué españoles les afectaría la crisis y a cuáles no. El resultado de esa decisión, a la vista de los resultados y de las inversiones en uno y otro territorio, no ha podido ser más duro para los intereses de los andaluces y de los almerienses en particular.
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