sábado, 7 de septiembre de 2019

Ya están aquí


El brote de listeriosis, que sigue acaparando informativos y portadas, dejando hasta el momento tres fallecidos, siete abortos y más de 200 enfermos, demuestra hasta dónde pueden llegar las consecuencias de una gestión política irresponsable. Cuando las instituciones están dirigidas por personas incapaces y cuyo único interés es el de hacer negocio, terminan ocurriendo cosas como ésta, para desgracia de todos.


El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, debería haber dimitido ya, no sólo por la nefasta gestión que está realizando del brote de listeriosis (recordemos que, al llegar al cargo, una de sus primeras decisiones fue desmontar la Secretaría de Salud Pública), sino básicamente por haber puesto patas arribas el sistema sanitario andaluz. Basta con echar un vistazo, por ejemplo, a lo que está ocurriendo con las listas de espera, las cuales, lejos de reducirse por los cuestionados ‘planes de choque’, están creciendo de manera preocupante.

Los datos que voy a utilizar son oficiales. En la provincia de Almería, a 31 de julio de este año, había 6.057 personas a la espera de ser operadas en Torrecárdenas. Un año atrás, la cifra era de 4.815, lo que revela que las listas de espera de nuestro hospital de referencia han aumentado, en un año, en más de 1.200 personas.

También han aumentado los almerienses que están esperando a ser operados fuera de plazo (1.800) y los que están esperando a pesar de que padecen una patología grave (1.000). De hecho, estos últimos están siendo postergados, ya que la nueva directriz es que se les dé prioridad a las operaciones más sencillas, para hacer más en menos tiempo. Como lo oyen: en Andalucía se está dando prioridad a operaciones leves, frente a operaciones severas en las que se requieren más horas de quirófano.

Otro dato preocupante es que, en los últimos meses, en nuestra provincia ha aumentado en 1.000 el número de pacientes que han salido de las listas de espera sin ser operados, lo que indica que o bien han fallecido o bien han acudido a la sanidad privada, a la vista de los plazos que se están manejando. Y ahí tenemos la prueba de que lo que veníamos advirtiendo desde el PSOE era cierto: estamos ante el desmantelamiento programado de la sanidad pública andaluza para engrosar las cuentas de la privada, de la que tan amigo es el consejero.

A las esperas para operarse se suman otros retrasos también sonoros, como el que está afectando al Hospital Materno-Infantil de Almería. Este nuevo hospital, que el anterior gobierno del PSOE dejó prácticamente listo, sigue cerrado al público. Según hemos podido leer, la Junta ya ha admitido que, al menos, hasta 2020 no piensa abrirlo, entre otras cosas porque no van a realizar la recepción de las obras hasta diciembre de este año. A este retraso habrá que sumar el derivado de la contratación de personal, de la instalación del mobiliario y de los equipos médicos, con lo cual su apertura a pleno rendimiento se puede aplazar hasta 2021.

De la misma manera, nada se sabe ya del segundo hospital del Poniente previsto en Roquetas de Mar ni de la puesta en marcha de un nuevo servicio de Urgencias en la zona de las Salinas en este mismo municipio. Tampoco hay noticias del nuevo centro de salud programado en Huércal Overa o de la ampliación del Hospital de Poniente en El Ejido, en cuyas obras de mejora el anterior gobierno socialista iba a invertir 18 millones de euros.

No faltan muestras, como ven, de lo que venimos avisando: el nuevo gobierno andaluz está decidido a cargarse la sanidad pública andaluza, erosionándola desde todos los frentes posibles. Y esto no eran temores infundados, las evidencias ya están aquí.

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