Una decisión irresponsable

‘Una decisión irresponsable’ es el título de la columna que hoy comparto con todos los lectores porque considero que no hay nada más imprudente que la decisión del Gobierno de Moreno Bonilla de despedir a 8.000 profesionales sanitarios el próximo 31 de octubre.

No se puede calificar de otra manera una medida que conlleva prescindir de un personal muy valioso, que no solo ha reforzado la atención de las necesidades derivadas de la pandemia de coronavirus, sino que ha realizado múltiples tareas y ha contribuido con su trabajo y esfuerzo a sostener los pilares del sistema sanitario público andaluz.

Estos profesionales, a los que Moreno Bonilla agradece su trabajo poniéndolos de patitas en la calle, podrán ahora marcharse a otras comunidades donde les ofrezcan las oportunidades que el Gobierno andaluz no les da y prestar una asistencia sanitaria que ya no darán aquí.

Partido Popular y Ciudadanos obvian, sin embargo, dos cuestiones que son sumamente importantes: que la pandemia aún no ha terminado –puesto que hay que seguir suministrando cuidados, vacunas y estar en alerta– y que la sanidad pública se encuentra al límite de sus posibilidades, incluso contando con los profesionales a los que se va a despedir. Basta con intentar sacar cita en un centro de salud para darse cuenta de las dificultades que existen para conseguirla o comprobar las largas listas de espera que presentan distintas especialidades.

Por eso se hace más incomprensible que el presidente del Gobierno andaluz tome este tipo de decisiones, que van a perpetuar la sobrecarga de trabajo que ha tenido durante muchos meses el personal sanitario y que, además, implica seguir restando eficiencia y calidad a la sanidad pública andaluza.

Tropezar dos veces con la misma piedra se puede entender, pero lo que no es razonable ni entendible es encariñarse con la piedra. Sin embargo, vemos cómo la derecha –no solo la de Andalucía sino también la de otras comunidades con un largo bagaje en estos asuntos, como es el caso de la de Madrid, Ayuso mediante–, sigue obcecada con poner la piedra en la puerta de la sanidad pública para que la ciudadanía termine tocando en la de la privada. Quien pueda, claro está. Por lo tanto, desincentivar de esta manera el uso de los servicios públicos es una auténtica marrullería, que exige una rectificación inmediata.

El Gobierno andaluz debería saber a estas alturas que no puede estirar más el chicle de la paciencia de profesionales y usuarios. Ya es hora de devolver la dignidad a un sistema sanitario que ha tenido y tiene indudables posibilidades de mejora, pero que nunca ha tenido tan pocos recursos y tan pésima gestión como ahora.