Una decidida apuesta por los jóvenes

El Parlamento andaluz ha acogido el debate de totalidad del proyecto de Ley de Juventud de Andalucía, una norma impulsada por el Gobierno de Susana Díaz que permitirá blindar los derechos una gran parte de la población andaluza: concretamente, del 23%, que son los que tienen entre 15 y 34 años de edad.

El noble servicio de la política

Hace justo un año, les mostraba mi satisfacción por los avances que los socialistas, de la mano de distintos colectivos sociales, habíamos conseguido para evitar demoliciones de viviendas irregulares en los casos en los que sus propietarios –compradores de buena fe– no fuesen indemnizados. A esa iniciativa, como se recordará, le siguió otra para modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que amplió la protección a los propietarios de esas viviendas.

Una gran victoria de la ciudadanía y la política

Los socialistas hemos logrado esta semana, de la mano y el impulso de la ciudadanía, avanzar de manera significativa en la resolución de un problema histórico: el de las viviendas irregulares. A pesar de que la mayor parte de las noticias relativas a la situación en la que se encuentran miles de viviendas han surgido de los conflictos que se han generado en las comarcas del Almanzora o el Levante almeriense, la realidad es que esta situación no es ni mucho menos exclusiva de nuestra provincia.

La política como instrumento para el cambio

 

La política, esa palabra que tanto valor ha perdido últimamente como consecuencia de los comportamientos nada ejemplares que han tenido algunos individuos, sigue siendo un instrumento poderoso y muy noble para transformar la sociedad. Estoy convencido de ello y no voy a dedicar las siguientes líneas a hacer una disertación intelectual sobre la validez de la política. Voy a poner un ejemplo muy claro que ha sucedido esta misma semana y que demuestra que, bien utilizada, la política es un instrumento útil para acabar con las injusticias.

Castigad a los culpables pero no a las víctimas

Con esta sencilla y contundente expresión, que no es mía, sino de las víctimas: “castigad a los culpables pero no a las víctimas” los terceros de buena fe que compraron una vivienda en nuestra provincia ignorando que era ilegal reclaman a la sociedad y, en especial nos exigen a los políticos, que hagamos lo que tengamos que hacer para que, en ningún caso, quienes son en realidad víctimas, terminen siendo castigadas como si fuesen culpables.

La crueldad del PP

El número de desahucios aumentó el pasado año de forma estremecedora. Esta realidad, de la que algunos pretenden que no se hable o que quede fuera del debate social y político, se ha hecho visible a través de los datos facilitados por el Banco de España esta misma semana. Así, hemos conocido que solo durante la primera mitad de 2013 las ejecuciones lanzadas desde las entidades bancarias alcanzaron en nuestro país a más de 35.000 familias. Las frías cifras de la estadística también señalan que cuatro de cada cinco casas que pasaron a manos de la banca durante ese periodo correspondían a la vivienda principal.

Una presidenta comprometida

El Gobierno andaluz ultima un nuevo decreto para facilitar a los ayuntamientos reducir los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos. Se trata de una normativa que pretende agilizar y hacer más dinámica la gestión de los procedimientos. Así lo ha anunciado la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ante la necesidad de que se simplifiquen, integren y armonicen los informes preceptivos que se tienen que emitir por parte de la Junta.

Las dos caras del espejo

El recurso contra el Decreto Ley de la Función Social de la Vivienda que ha presentado el Gobierno del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional es un nuevo ataque al autogobierno de Andalucía y una vergonzosa demostración de que la derecha vuelve a ponerse del lado de los que más tienen. Ante esta intolerable actitud, el PP tiene que explicar qué pactó con la banca cuando le inyectó 41.000 millones de euros para que ahora quiera dejar a su suerte a las familias andaluzas que peor lo están pasando y no molestar a los poderosos.

Del lado de los ciudadanos

Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su memoria de 2012, durante el año pasado se realizaron 1700 desahucios en la provincia, un 43% más que en 2011. Además, en los juzgados almerienses hay en la actualidad más de un centenar pendientes de ejecución y la cifra se multiplica por tres en el caso de los embargos. La situación, como todo el mundo puede entender, no aguanta ya ni un solo calificativo más puesto que este horroroso drama atenta directamente contra el modelo de sociedad que hemos construido. No es tolerable ni asumible que permitamos que más personas pasen por ese sufrimiento y de esa idea, de ese profundo convencimiento, surgió la iniciativa en la que los socialistas venimos trabajando desde hace meses.

Ninguna persona sin vivienda

A los que dudan, que son pocos pero ruidosos y miran a Venezuela – ya les vale- como su mejor salvavidas para oponerse a que los ciudadanos puedan vivir en condiciones dignas, les recuerdo que la Constitución establece en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. También lo hace el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que es firmante España, en el que se reconoce que toda persona tiene derecho a una vivienda.

Ni gente sin casa, ni casas sin gente

La semana que termina será recordada por muchos ciudadanos como la semana de la esperanza. El Gobierno de izquierdas de Andalucía, con Pepe Griñán a la cabeza, ha dado respuesta a una justa demanda: Evitar que la gente sea desahuciada sin más por bancos y cajas de ahorro, dejándolos en la exclusión social.

Paremos los desahucios

El PSOE ha pedido a bancos y cajas de ahorros que hasta que se modifique la ley paralicen los desahucios ante la catástrofe social que están suponiendo los numerosos casos de desalojo que cada día se están produciendo en nuestro país. La brutal realidad de los acontecimientos hace necesario que ahora mismo lo urgente sea que primero pensemos en las personas y que después establezcamos todas las consideraciones que sean necesarias. Las iniciativas que en este sentido hemos estado poniendo sobre la mesa los socialistas han hecho reflexionar por fin al gobierno de Rajoy, que ha decidido sentarse a estudiar la forma de ayudar a quienes el desahucio de su vivienda les ha llevado a la exclusión, a la angustia y, desgraciadamente en algunos casos, a la muerte. Las cifras no dejan lugar a dudas. Los desahucios han puesto ya en la calle a cerca de un millar de familias en la provincia de Almería en el primer semestre del año y es el momento de parar, de acabar con esta lacra y situar la solución a este gravísimo problema en la máxima prioridad de la agenda política.

Stop al stock

Una de las grandes contradicciones en España que nos ha dejado la crisis económica global es la que afecta a la vivienda. Aunque la construcción en nuestro país antes de la crisis creció de forma descontrolada y desbordada por que existía demanda y la Ley del Suelo del Partido Popular permitía este tipo de crecimiento, buena parte de las familias que querían acceder a una vivienda no podían adquirirla por su elevado precio. Esto nos ha llevado a la situación actual: hay un volumen muy importante de viviendas que no encuentran comprador, sigue existiendo una importante demanda de este bien de primera necesidad y las empresas vinculadas al sector de la construcción están teniendo serios problemas, muchas de ellas han tenido que cerrar, y buena parte de los trabajadores del sector han perdido su empleo.