Miedo y amenaza, estos son los dos conceptos emocionales que está manejando el Partido Popular con una extraordinaria vileza para sembrar la incertidumbre entre los beneficiarios de los servicios sociales que se prestan desde las instituciones que gobiernan. Esta estrategia, que nace como una deshumanizada arma política, enfrenta a los más débiles, a las personas dependientes, a una situación de desamparo que añade más sufrimiento a quienes ya soportan una situación personal o familiar complicada.
La derecha de esta provincia no tiene en cuenta, sin embargo, que las dudas que genera entre la población que la Diputación provincial de Almería o los ayuntamientos gobernados por el PP dejen de prestar la atención social que ahora tienen encomendada, no hace daño al PSOE sino que, muy al contrario, perjudica gravemente a las muchísimas personas que se sienten amenazadas por esa incomprensible declaración de intenciones.
Si ya es indecente que el PP esté utilizando esta argucia para atacar al Gobierno andaluz, resulta aún más deshonesto que cuando la Junta le ofrece a la Diputación los mecanismos que se han arbitrado para ir haciendo frente a las transferencias que se destinan a pagar los servicios de dependencia, los dirigentes del PP se nieguen a acogerse a estas medidas con el único objetivo de seguir sacando tajada política.
En esas aguas nada la Diputación, en las de la deslealtad y la desconsideración, puesto que no parece importarle lo más mínimo lo que puedan sentir las personas que reciben esos servicios en un momento de sus vidas en el que todas las Administraciones, por encima de cualquier eventualidad, deben de garantizarles tranquilidad y seguridad en lugar de generarles una innecesaria angustia.
El Estado, que hasta ahora pagaba el 50 por ciento de la inversión en Dependencia, ha pasado a destinar tan solo el 28 por ciento de lo que le corresponde, lo que ha obligado a la Junta a hacerse cargo del 72 por ciento restante. Es decir, el PP en lugar de exigirle al Ejecutivo de Rajoy que cumpla con su parte, amenaza a la Junta y les mete el miedo en el cuerpo a los dependientes.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha decidido, a pesar de que el Gobierno del PP se desentiende de todo y de todos, seguir dando pasos para atender a las personas más vulnerables ampliando la cobertura del Servicio Andaluz de Teleasistencia a 550 personas en Almería a las que abandonó a su suerte el Gobierno de Rajoy al no renovar los convenios con los ayuntamientos para llevar a cabo este servicio. Esto es lo que se pone ahora en evidencia, que lo que para la derecha es un gasto para la izquierda es una inversión.
La derecha de esta provincia no tiene en cuenta, sin embargo, que las dudas que genera entre la población que la Diputación provincial de Almería o los ayuntamientos gobernados por el PP dejen de prestar la atención social que ahora tienen encomendada, no hace daño al PSOE sino que, muy al contrario, perjudica gravemente a las muchísimas personas que se sienten amenazadas por esa incomprensible declaración de intenciones.
Si ya es indecente que el PP esté utilizando esta argucia para atacar al Gobierno andaluz, resulta aún más deshonesto que cuando la Junta le ofrece a la Diputación los mecanismos que se han arbitrado para ir haciendo frente a las transferencias que se destinan a pagar los servicios de dependencia, los dirigentes del PP se nieguen a acogerse a estas medidas con el único objetivo de seguir sacando tajada política.
En esas aguas nada la Diputación, en las de la deslealtad y la desconsideración, puesto que no parece importarle lo más mínimo lo que puedan sentir las personas que reciben esos servicios en un momento de sus vidas en el que todas las Administraciones, por encima de cualquier eventualidad, deben de garantizarles tranquilidad y seguridad en lugar de generarles una innecesaria angustia.
El Estado, que hasta ahora pagaba el 50 por ciento de la inversión en Dependencia, ha pasado a destinar tan solo el 28 por ciento de lo que le corresponde, lo que ha obligado a la Junta a hacerse cargo del 72 por ciento restante. Es decir, el PP en lugar de exigirle al Ejecutivo de Rajoy que cumpla con su parte, amenaza a la Junta y les mete el miedo en el cuerpo a los dependientes.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha decidido, a pesar de que el Gobierno del PP se desentiende de todo y de todos, seguir dando pasos para atender a las personas más vulnerables ampliando la cobertura del Servicio Andaluz de Teleasistencia a 550 personas en Almería a las que abandonó a su suerte el Gobierno de Rajoy al no renovar los convenios con los ayuntamientos para llevar a cabo este servicio. Esto es lo que se pone ahora en evidencia, que lo que para la derecha es un gasto para la izquierda es una inversión.
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