La mayor parte del dinero con el que se financia Andalucía, al igual que ocurre con el resto de comunidades autónomas, proviene de los Presupuestos que aprueba el Estado. En función de si recibimos lo que nos corresponde, según la población que tenemos, o si se reducen las aportaciones que nos tienen que llegar por distintos conceptos, los Presupuestos andaluces son de una manera o de otra. Es decir, si el Gobierno de Rajoy incumple lo que dice el Estatuto de Autonomía, disminuye el Fondo de Compensación Interterritorial y las entregas a cuenta del sistema de financiación, o nos impone un objetivo de déficit del 1%, que obliga a Andalucía a ajustar en 800 millones de euros la previsión de gasto, la asfixia a la que se somete a nuestra región se convierte en un ahogo difícil de salvar.
En un escenario económico como el dibujado, con una reducción de 1200 millones de euros de dinero proveniente del Estado, un gobierno tiene dos opciones: disminuir las aportaciones que garantizan los servicios públicos a todos los ciudadanos o apostar por su consolidación, realizando un esfuerzo extraordinario y detrayendo dinero de otras materias que, siendo importantes, tienen una repercusión menor en el conjunto de la sociedad y permiten que los servicios sociales, la sanidad o la educación se conviertan en los pilares que sostengan y den tranquilidad a todos los ciudadanos de nuestra región.
El Gobierno que preside Susana Díaz ha apostado por esto último en los Presupuestos andaluces del próximo año, elaborando unas cuentas comprometidas con las familias y centradas especialmente en el empleo y la recuperación económica para salir de la crisis sin dejar a nadie en la estacada.
Para el Gobierno andaluz la prioridad máxima es el empleo y la reactivación económica de Andalucía, y así queda reflejado en estos Presupuestos. Además, ocho de cada diez euros del gasto comprometido se emplean en las políticas sociales que sostienen nuestro Estado del Bienestar: en la sanidad y en la educación, en el sistema universitario y en atención a la dependencia. De esta manera, se garantiza la igualdad de oportunidades y mantenemos una sociedad cohesionada que genera riqueza, que sostiene a los sectores más desfavorecidos y que favorece la justicia social.
Los Presupuestos andaluces luchan, así mismo, contra la pobreza y la exclusión social y hacen posible una sanidad eficiente. Salud gana peso en el conjunto de las políticas del Estado del Bienestar con un 38% del gasto destinado a las distintas Consejerías. Y esto es así porque creemos firmemente en una sanidad pública y universal gratuita y de calidad que no discrimina ni expulsa a los ciudadanos y ciudadanas. No privatizamos servicios; no aplicamos el copago en farmacia hospitalaria y nuestros pensionistas no tienen que adelantar el dinero por el copago de medicamentos.
Como también creemos en la educación como garantía de futuro el 30,5% del presupuesto se destina a nuestro sistema educativo, lo que permite que Andalucía siga siendo la comunidad que más apoya al alumnado y las familias, mantiene la gratuidad de los libros de texto, la oferta de escuelas infantiles y el Plan de apertura de centros.
Nuestra región, de esta manera, está siendo ejemplo para otros territorios españoles y está demostrando que hay salida a la encrucijada a la que nos ha sometido el Gobierno de Rajoy. Hay una conciencia clara de que, a cada ataque, la izquierda está respondiendo en Andalucía preservando un derecho, levantando un muro contra la injusticia social que ha extendido la derecha bajo el signo de la resignación.
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