sábado, 18 de julio de 2015

La perversa estrategia del PP con Almería

Les invito a que se hagan las siguientes preguntas: ¿En qué ha mejorado nuestra provincia durante los cuatro años de gobierno de Rajoy? ¿De qué nos hemos beneficiado los almerienses durante este tiempo? ¿Hay más empleo o tenemos más parados? ¿Han ganado o han perdido derechos los ciudadanos? ¿Tienen mayor o menor poder adquisitivo nuestros pensionistas? ¿Han avanzado las obras de las infraestructuras pendientes? ¿Se ha construido algún nuevo tramo de AVE? ¿Hemos recortado los tiempos de viaje en tren con Sevilla o Madrid? ¿Resulta caro o carísimo viajar en Avión? ¿Han encontrado nuestros agricultores el apoyo que necesitan en el Ejecutivo del PP?
 

En fin, podríamos incluir muchas más preguntas sobre infinidad de cuestiones que nos afectan a todos los españoles en general, y particularmente a los almerienses, que dependen fundamentalmente de los Presupuestos Generales del Estado, pero la respuesta en todos los casos sería la misma: estamos peor -incluso mucho peor en algunas cosas- que hace cuatro años.
 
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, anunciaba hace unas semanas que agotaría la actual Legislatura y que incluso estaba dispuesto a elaborar y presentar los Presupuestos de 2016. Durante estos últimos días, ese deseo ha tomado cuerpo y, finalmente, el Gobierno del Partido Popular ha dado todos los pasos para que en la primera semana de agosto se puedan hacer públicas las cuentas del Estado para el próximo ejercicio. Una mala noticia, sin duda, para millones de españoles que confiaban en no tener que sufrir por más tiempo unas políticas de una austeridad mal entendida y que han ocasionado una enorme brecha de desigualdad en nuestro país.
 
¿Qué podemos esperar, entonces, de los Presupuestos Generales del Estado para 2016? Mucho me temo que nada bueno, puesto que no hay un reconocimiento tácito de los errores que se han cometido: destrucción del estado de bienestar, subida de impuestos ahora disimulados con una rebaja del IRPF que supondrá poco más de 70 euros anuales a la mayoría de los almerienses- una brutal reforma laboral, los cambios que se pretenden introducir en la interrupción voluntaria del embarazo o el recorte de las libertades a través de la ley mordaza.
 
En nuestra provincia, además de soportar todas estas nefastas políticas, hemos padecido un gobierno insensible con las necesidades de esta tierra. Almería ha sido agraviada y engañada por el Partido Popular como ningún otro territorio, al incumplirse, de forma reiterada, cada uno de los Presupuestos que ha aprobado el Gobierno de Rajoy durante estos años. Las pérdidas ocasionadas, solo en materia de Alta Velocidad, podrían superar los 400 millones de euros en este tiempo, ya que las obras del Ave continúan paralizadas y seguimos sin noticias sobre la adjudicación del tramo Cuevas-Pulpí que se vendió como el milagro del pan y los peces en 2014.
 
Además, proyectos como el soterramiento del ferrocarril y su conexión con el Puerto han pasado a mejor vida, e infraestructuras hídricas como la Balsa del Sapo, en El Ejido, la desaladora de Palomares- afectada por las riadas de 2012-, con dotación económica en los Presupuestos de este año, ni la estación de tratamiento de agua potable del Almanzora- a la que se habían destinado más de 11 millones de euros, han visto alguna obra. La inversión, a estas alturas de año, es de cero euros.
 
Miremos donde miremos, la ejecución presupuestaria en este ejercicio y en los tres anteriores ha sido mínima o inexistente, haciendo buena la idea de que Almería ha sido víctima de una perversa estrategia por parte del PP, puesto que dichos y hechos, en ninguna ocasión, han seguido el mismo camino. Revertir esa realidad solo puede pasar porque los PGE de 2016 para nuestra provincia recuperen las inversiones y el tiempo perdido. En todo caso, no bastará con poner esta o aquella cifra sino que será necesario que el PP explique por qué debemos de creer ahora lo que han sido incapaces de cumplir durante estos cuatro años. Almería no solo necesita, como hasta ahora, un documento público de compromisos, necesita hechos incontestables.

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