Los socialistas hemos logrado esta semana, de la mano y el impulso de la ciudadanía, avanzar de manera significativa en la resolución de un problema histórico: el de las viviendas irregulares. A pesar de que la mayor parte de las noticias relativas a la situación en la que se encuentran miles de viviendas han surgido de los conflictos que se han generado en las comarcas del Almanzora o el Levante almeriense, la realidad es que esta situación no es ni mucho menos exclusiva de nuestra provincia.
De hecho, miremos donde miremos, ese escenario se ha repetido a lo largo y ancho de nuestro país de forma casi mimética. El conocimiento de que lo ocurrido aquí en Almería es muy similar a la situación que se ha producido en, pongamos por ejemplo, Cantabria, no alivia el grado de responsabilidad que todos - partidos políticos, instituciones, promotores o particulares - hemos de asumir por no haber sido capaces de ponerle freno a lo que, evidentemente, suponía un enorme despropósito.
Dicho esto, solo cabían dos soluciones posibles a un conflicto en el que, salvo excepciones, los grandes perjudicados eran los compradores de buena fe que descubrieron que esas viviendas que habían adquirido estaban al margen de la legalidad urbanística. Una de esas soluciones consistía en permanecer indiferentes al problema, seguir permitiendo que se demolieran viviendas como consecuencia de una resolución judicial, o buscar una solución que, al menos, protegiera a los inocentes. A aquellas personas que habían actuado de buena fe y que se veían abocadas a perder su vivienda y la inversión que habían realizado, puesto que no se garantizaba ninguna indemnización por ello.
De ahí que consideremos que tiene una especial relevancia el trabajo que hemos venido realizando con los colectivos afectados, fundamentalmente con AUAN -Abusos Urbanísticos Almanzora-NO- , y las iniciativas que se han puesto en marcha a lo largo de estos meses tras escuchar sus inquietudes y compartir las posibles soluciones.
De esas conversaciones, del resultado de muchas reuniones, surgió la enmienda al Código Penal, en vigor desde hace unos meses, impulsada por el PSOE de Almería para evitar demoliciones de viviendas irregulares en los casos en los que sus propietarios –compradores de buena fe– no fuesen indemnizados. A esa enmienda le ha seguido otra aprobada esta misma semana en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esta enmienda amplía la protección, no sólo a los conflictos de este tipo que se tramiten por la vía penal, sino también a los que discurran por la vía contencioso-administrativa. El resultado de todo esto es que España, a partir de ahora, es un país mucho más seguro jurídicamente.
Hoy nos sentimos enormemente satisfechos por una medida que, según las primeras estimaciones, puede beneficiar en la provincia de Almería a unos mil propietarios de viviendas irregulares que están inmersos en procedimientos judiciales que pueden concluir o han concluido ya con sentencias firmes de demolición. A partir de ahora, los compradores de buena fe tendrán garantizado que su vivienda no podrá ser demolida sin que antes hayan percibido la indemnización que les corresponda. Esta solución es mucho más trascendente si tenemos en cuenta que el PSOE ha sido capaz de impulsar este cambio normativo desde la oposición. Cabe recordar que el PSOE presentó esta enmienda en respuesta a las peticiones de AUAN y logró llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes para cerrar un texto conjunto. El PP de Almería se negó, pero en Madrid sí fueron capaces de entender que era un cambio sensato y necesario.
El valor de las iniciativas que se han aprobado es el resultado de una escucha activa del problema que plantearon los afectados. Se trata de un magnífico ejemplo para la sociedad de cómo los ciudadanos organizados, como es el caso de AUAN, tienen una gran fuerza para trasladarnos a los partidos políticos sus necesidades y, lógicamente, los partidos políticos, si somos útiles, tenemos la obligación de escucharlos y darle una solución a esos problemas.
Como pueden imaginar, la satisfacción por el trabajo bien hecho es máxima, toda vez que las iniciativas que se han tramitado no solo resuelven un problema de gran calado en nuestra provincia sino que tienen una repercusión inmediata en todo el país. Y de eso también debemos de sentirnos muy orgullosos los almerienses.
De hecho, miremos donde miremos, ese escenario se ha repetido a lo largo y ancho de nuestro país de forma casi mimética. El conocimiento de que lo ocurrido aquí en Almería es muy similar a la situación que se ha producido en, pongamos por ejemplo, Cantabria, no alivia el grado de responsabilidad que todos - partidos políticos, instituciones, promotores o particulares - hemos de asumir por no haber sido capaces de ponerle freno a lo que, evidentemente, suponía un enorme despropósito.
Dicho esto, solo cabían dos soluciones posibles a un conflicto en el que, salvo excepciones, los grandes perjudicados eran los compradores de buena fe que descubrieron que esas viviendas que habían adquirido estaban al margen de la legalidad urbanística. Una de esas soluciones consistía en permanecer indiferentes al problema, seguir permitiendo que se demolieran viviendas como consecuencia de una resolución judicial, o buscar una solución que, al menos, protegiera a los inocentes. A aquellas personas que habían actuado de buena fe y que se veían abocadas a perder su vivienda y la inversión que habían realizado, puesto que no se garantizaba ninguna indemnización por ello.
De ahí que consideremos que tiene una especial relevancia el trabajo que hemos venido realizando con los colectivos afectados, fundamentalmente con AUAN -Abusos Urbanísticos Almanzora-NO- , y las iniciativas que se han puesto en marcha a lo largo de estos meses tras escuchar sus inquietudes y compartir las posibles soluciones.
De esas conversaciones, del resultado de muchas reuniones, surgió la enmienda al Código Penal, en vigor desde hace unos meses, impulsada por el PSOE de Almería para evitar demoliciones de viviendas irregulares en los casos en los que sus propietarios –compradores de buena fe– no fuesen indemnizados. A esa enmienda le ha seguido otra aprobada esta misma semana en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Esta enmienda amplía la protección, no sólo a los conflictos de este tipo que se tramiten por la vía penal, sino también a los que discurran por la vía contencioso-administrativa. El resultado de todo esto es que España, a partir de ahora, es un país mucho más seguro jurídicamente.
Hoy nos sentimos enormemente satisfechos por una medida que, según las primeras estimaciones, puede beneficiar en la provincia de Almería a unos mil propietarios de viviendas irregulares que están inmersos en procedimientos judiciales que pueden concluir o han concluido ya con sentencias firmes de demolición. A partir de ahora, los compradores de buena fe tendrán garantizado que su vivienda no podrá ser demolida sin que antes hayan percibido la indemnización que les corresponda. Esta solución es mucho más trascendente si tenemos en cuenta que el PSOE ha sido capaz de impulsar este cambio normativo desde la oposición. Cabe recordar que el PSOE presentó esta enmienda en respuesta a las peticiones de AUAN y logró llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes para cerrar un texto conjunto. El PP de Almería se negó, pero en Madrid sí fueron capaces de entender que era un cambio sensato y necesario.
El valor de las iniciativas que se han aprobado es el resultado de una escucha activa del problema que plantearon los afectados. Se trata de un magnífico ejemplo para la sociedad de cómo los ciudadanos organizados, como es el caso de AUAN, tienen una gran fuerza para trasladarnos a los partidos políticos sus necesidades y, lógicamente, los partidos políticos, si somos útiles, tenemos la obligación de escucharlos y darle una solución a esos problemas.
Como pueden imaginar, la satisfacción por el trabajo bien hecho es máxima, toda vez que las iniciativas que se han tramitado no solo resuelven un problema de gran calado en nuestra provincia sino que tienen una repercusión inmediata en todo el país. Y de eso también debemos de sentirnos muy orgullosos los almerienses.
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