El título de estas líneas refleja lo que, no sólo a mi juicio, ha sido la gestión de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España en la denominada crisis del pepino, desatada en mayo por unas precipitadas conclusiones del Instituto de Higiene de Hamburgo. Es el resultado de un trabajo bien hecho por el sector y sus representantes políticos. Apenas tres meses después de aquellos fatídicos días, la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, ha estado en Almería entregando las primeras resoluciones de pago de indemnizaciones a los agricultores almerienses injustamente perjudicados.
Las medidas compensatorias que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa para indemnizar las pérdidas van a llegar ya a las cuentas de los agricultores almerienses, 871 productores almerienses afectados que van a recibir casi 47,5 millones en concepto de compensaciones del fondo destinado a Andalucía por parte de la Comisión Europea (CE), lo que supone el 85 por ciento del montante destinado a nuestra Comunidad. Esta cantidad se calculó en función de los daños producidos tanto por la cosecha en verde como por la retirada y destrucción de los cinco productos recogidos en la resolución europea sobre indemnizaciones: pepino, calabacín, lechuga, tomate y pimiento.
En estos tres difíciles meses, los gobiernos de España y Andalucía han demostrado firmeza y eficacia. Primero, defendiendo la inocencia de nuestros productos y su desvinculación de la alerta sanitaria. Luego, exigiendo indemnizaciones apropiadas, no las que inicialmente se proponían desde Europa. Mientras tanto, la Junta de Andalucía recababa toda la información a los perjudicados para presentarla ante las autoridades comunitarias. Y esta misma semana, el dinero va a comenzar a llegar a sus destinatarios, todo un ejemplo de eficacia al que no estamos acostumbrados.
He de señalar en este punto que la celeridad en la respuesta de los productores almerienses a la hora de certificar los daños y entregar las solicitudes de ayudas ha permitido a la Administración conocer la situación de forma rápida y poner en marcha los mecanismos necesarios para afrontar la crisis y exigir las compensaciones.
El perjuicio sufrido por nuestra economía ha sido tan serio que requiere de más medidas públicas y privadas. Me refiero a la imagen de los productos de nuestra agricultura. Se perdieron empleos en el campo, en las empresas y en el transporte, se deterioró injustamente el sólido prestigio del sector, ganado durante décadas. Por ello desde nuestros gobiernos y desde el sector se ha emprendido un plan de trabajo que durará cuanto sea necesario para salvaguardar la imagen de nuestros productos. Si me siento orgulloso del trabajo realizado, también debo expresar mi preocupación, que es la del sector productivo. Esta situación no puede volver a repetirse. El comercio alimentario internacional es especialmente competitivo y otros productores aprovechan la mínima ocasión para introducirse, posicionarse y ganar terreno a la competencia.
La amarga experiencia vivida nos ha enseñado que hay cosas que funcionan y otras que deben cambiarse. Entre las primeras, el trabajo conjunto entre la administración andaluza y el sector hortofrutícola. Esto es algo que no hemos descubierto ahora ni se ha producido casualmente sino que es el resultado del dialogo permanente y del trabajo diario, codo con codo, que llevamos practicando desde hace muchos años en nuestra tierra, productores y administración. Entre lo que hay que cambiar, y ahí están las pruebas, es el mecanismo comunitario aplicable a situaciones de alerta sanitaria, en la sociedad en que vivimos no pueden pasar estas cosas.
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