El presidente del Gobierno y líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, se traslada hoy a Almería – al menos así estaba anunciado- en medio de una tormenta perfecta que afecta a su partido y que convierte el asunto de las denuncias de los sobresueldos en negro que publican los medios de comunicación en una mala noticia para la política. En una gran losa para todos aquellos que, sea cual sea el partido en el que militen, desde la honestidad y el trabajo serio y riguroso intentan cambiar a mejor la vida de todas y cada una de las personas a las que representan. Porque de eso trata la Política, de situar en el centro de las decisiones al ciudadano, al que nos debemos única y exclusivamente. A los hombres y mujeres, que ante este tipo de noticias se revelan, con toda la razón, y rechazan esos comportamientos.
Estoy convencido de que su anunciado paso por Almería ha tratado de ser organizado por sus compañeros de filas en la provincia como una visita cómoda, alejada del pudor e incomodidad que le supondría enfrentarse al ciudadano de a pie, encerrado entre las paredes de un espacio de reuniones como el de El Toyo que hace apenas unos meses representó todo lo contrario a lo que es el PP: El progreso, el futuro y las medidas de protección a los ciudadanos reflejadas en la celebración del último Congreso Regional del PSOE.
Imagino que no podrá entrar cualquiera de los pensionistas almerienses a estas instalaciones de la capital, por cierto infrautilizadas, para preguntarle directamente a él y a los dirigentes provinciales del PP que le acompañan qué han hecho mal a lo largo de sus vidas para merecerse tener menos ingresos y pagar más impuestos que nunca en sus largos años de vida y por qué se han encontrado con un copago en los medicamentos que les está ahogando. Tampoco podrán expresarles su indignación por eliminarles servicios esenciales como la Ley de Dependencia, el servicio de teleasistencia o los viajes que disfrutaban con el Imserso.
No serán los únicos. Los cerca de 80.000 parados almerienses desbordarían el entorno en el que se mueve el líder del PP en nuestra tierra si acudieran a que les explicara la razón por la que 30.000 ya no cobran prestación y mientras tanto el Gobierno se niega a poner en marcha un Plan de Empleo Extraordinario en Andalucía que, por el contrario, sí se ha aprobado para Canarias y Extremadura. Tampoco podrán conocer las causas del silencio de Mariano ante la inminente finalización de la ayuda de 400 euros que sirve para poner un plato de comida sobre la mesa en muchas casas de desempleados.
Quizás algunos de ellos podrían ir acompañados de sus hijos y encontrarse allí con sus profesores, quienes le explicarían cómo no hace falta estudiar mucho para ver que bajo la excusa de la crisis estamos retrocediendo hacia un sistema educativo en blanco y negro en el que se prima la formación privada frente a la pública. Pero a Rajoy y compañía no les interesa ese tema, ni que la sanidad pública sea un derecho universal y gratuito, ya que ellos pueden permitirse ir a hospitales privados y matricular a sus hijos en centros privados en los que les ayuden a inculcarles que la lucha por la justicia social y los derechos laborales de los trabajadores es cosa de cuatro románticos trasnochados que se niegan a ver que la economía es la verdadera gobernante de la sociedad actual y a la que se tiene que rendir pleitesía si se quiere triunfar en la vida.
Tan claro lo tienen, que de lo que va supuestamente a hablarse en el entorno de Cabo de Gata es de una reforma de la administración local con la que, precisamente, quieren alejar a los ciudadanos de la toma de decisiones y darle más espacio a Madrid y a Berlín en el desarrollo de un territorio, el local, que poco o nada conocen. Eliminar concejales y reforzar el papel de las Diputaciones es, no se dejen engañar, la manera de avanzar hacia ciudadanos de primera o de segunda según se viva en una ciudad o un pueblo. A los primeros, sí les permitirán una proximidad y unas competencias propias –eso sí, instando a que los servicios públicos solamente se ofrezcan si son rentables- que en el caso de los segundos se irán eliminando a favor de las Diputaciones –entidades de representación indirecta en la que ningún diputado ha sido votado-. Volvemos, también en esto, a épocas pasadas en las que alcaldes y alcaldesas pedían en las puertas de la institución supramunicipal al Amat de turno que, por favor, se atendiera a sus vecinos.
Pero, claro, en su cómoda visita, Rajoy tampoco contará esta decisión a los afectados. Sería mucho pedir a este presidente, que tiene que dar también muchas explicaciones sobre las cuentas de su partido y que tiene que poner – ayer ya es tarde- en manos de la Fiscalía General del Estado toda la información necesaria para aclarar todo lo ocurrido.
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