El Gobierno del PP quiere poner coto a la libertad de protestar y expresarse sin violencia, con una Ley mordaza a la que eufemísticamente llama Ley de Seguridad Ciudadana. Esta demoledora iniciativa, que no surge de una necesidad real, nace de la intención de la derecha de impedir los escraches o las protestas ciudadanas no violentas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, a base de multas y acciones policiales para alejar aún más a los ciudadanos de los lugares donde la política decide su futuro.
Limitar derechos como el de la libre expresión y la protesta pacífica, sancionando con multas administrativas conductas que los jueces no consideran delito, nos sitúa ante una ley de represión ciudadana que devuelve a nuestro país a la España de los tiempos pre-democráticos. Nos encontramos, por lo tanto, ante una auténtica deriva autoritaria del Gobierno del PP puesto que ya no estamos hablando de medidas contra la crisis sino de ideología.
Un autoritarismo del ordeno y mando que se traduce en las leyes que aprueba el Gobierno o que tiene en proceso de aprobar como la reforma del Código penal, la Ley del Aborto, la de los Servicios Mínimos o el control de la inmigración con cuchillas. Todas estas leyes llevan el ADN ideológico del PP, que tiene miedo a la calle y las manifestaciones, y que nos conduce a un descenso alarmante de la calidad democrática de España.
Los socialistas defendemos que en democracia hay que convivir con las manifestaciones de los ciudadanos, nos gusten más o nos gusten menos, pero lo que no se puede hacer es sembrar el miedo para abocar a la sociedad a la parálisis y la inacción. Estamos convencidos de que no hace falta una nueva ley para reprimir los actos vandálicos, si es de eso de lo que se trata, puesto que estas actitudes ya están recogidas en el Código Penal y sancionadas en la vigente Ley de Seguridad Ciudadana, que data de 1992, y con la que hasta ahora se han abordado todas las contingencias de este tipo.
Si esto ya es grave, la última del Gobierno de Rajoy va un paso más allá al decidir privatizar también la seguridad pública al aprobar un cambio en la Ley de Seguridad Privada para que los vigilantes puedan hacer de policías sin serlo: cacheando y deteniendo a ciudadanos en plena calle. Es decir, más negocio para la seguridad privada mientras el Gobierno sigue sin reponer las plazas de los policías y guardias civiles que se jubilan, a costa de la pérdida de garantías de los derechos de los ciudadanos.
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