Una de las grandes contradicciones en España que nos ha dejado la crisis económica global es la que afecta a la vivienda. Aunque la construcción en nuestro país antes de la crisis creció de forma descontrolada y desbordada por que existía demanda y la Ley del Suelo del Partido Popular permitía este tipo de crecimiento, buena parte de las familias que querían acceder a una vivienda no podían adquirirla por su elevado precio. Esto nos ha llevado a la situación actual: hay un volumen muy importante de viviendas que no encuentran comprador, sigue existiendo una importante demanda de este bien de primera necesidad y las empresas vinculadas al sector de la construcción están teniendo serios problemas, muchas de ellas han tenido que cerrar, y buena parte de los trabajadores del sector han perdido su empleo.
El stock de vivienda es un problema de primer orden en España y en Andalucía, y lo es, especialmente, en Almería donde en 2010 el stock era de 23.625 viviendas sin vender. El Gobierno andaluz ha detectado este problema económico y social y ha respondido poniendo en funcionamiento un plan para tratar de dar salida a estas viviendas. El plan cuenta con medidas que suponen, en primer lugar, una ayuda a que las personas que no pueden acceder a una vivienda en las condiciones actuales del mercado. Estas personas con el plan de la Junta de Andalucía podrán tener accesos a una vivienda en condiciones más ventajosas, en cuanto a su precio y, en el caso de la compra, también con mejores condiciones en su préstamo hipotecario. Además con estas medidas se ayuda a los promotores y, en general, a todo el sector porque se reactiva el mercado inmobiliario.
En nuestra provincia son los municipios de más población y, como el de Roquetas de Mar, Almería y El Ejido, los que mayor número de viviendas sin vender acumulan, y todos ellos coinciden en haber tenido en la última década Gobiernos municipales de la derecha.
La Junta de Andalucía trabaja pensando en los ciudadanos y ciudadanas por encima del signo político y de quiénes hayan generado el problema.
La función de las administraciones públicas es dar soluciones no generar problemas a la ciudadanía, ni dejar que esta tengan que asumir en solitario la consecuencias de políticas irresponsables, o de que ciertas personas hayan aprovechado unas determinadas circunstancias para abusar de su posición y enriquecerse.
En nuestro sistema capitalista el mercado se regula por sí mismo pero las administraciones públicas tienen la obligación de atender las demandas y necesidades sociales de los ciudadanos y ciudadanas de los bienes básicos, como la vivienda.
No todas las Comunidades Autónomas han respondido de la misma forma, asumiendo como propia la preocupación de muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren emanciparse o disfrutar de una vivienda en propiedad, sin que hasta ahora hayan podido hacerlo.
En este sentido la Junta de Andalucía está jugando un papel político importante, animando la actividad económica y dando soluciones a un problema concreto que afecta a una parte importante de la sociedad.
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