Impuesto a la enfermedad

Empiezo el artículo de esta semana con una buena noticia, dentro de tanta mala ofrecida por el PP día sí y día también, si vive en Almería. La Junta de Andalucía se va a negar a ser cómplice del copago en los fármacos hospitalarios impuesto por el Gobierno de Rajoy y ya ha anunciado que no aplicará este repago porque significa, directamente, un ataque a los más vulnerables y a la equidad del sistema sanitario.

Las cosas se ponen más difíciles en el resto del país, sobre todo en aquellas comunidades gobernadas por la derecha de este país que lejos de dar la cara por sus ciudadanos, bailan el agua a sus jefes en el Gobierno. No les importa nada, ni tan siquiera acabar con la salud de la gente. Se puede afirmar clara y rotundamente, a pesar de que personalmente haya llegado a dudar de si realmente se puede ser tan insensible, cuando deciden ponerle un impuesto a la enfermedad –otro más para muchos- que podría tener un efecto disuasorio de cara a tomar sus tratamientos sobre pacientes con patologías graves.

La medida del Gobierno del PP afecta directamente a 90.000 personas en Andalucía, de las que más de 3.000 residen en Almería, y, como todo lo que Rajoy y sus ministros decide, ha sido impuesta para que se aplique a partir del 1 de octubre sin informar previamente a las Comunidades Autónomas ni tener en cuenta su cualificada opinión.

El copago en estos casos –de pacientes que recogen sus medicamentos en la farmacia de hospitales por enfermedades como el cáncer, la hepatitis y otras dolencias graves y crónicas-, para colmo, se traduciría en un ahorro mínimo e injustificable frente al elevado coste social que podría tener tanto en la calidad de vida de los pacientes que dejaran de usar sus fármacos por falta de dinero como en el control de la sanidad pública sobre enfermedades graves y, en algunos casos, infecciosas.

Los socialistas tenemos muchas razones para oponernos, como hemos hecho, a que estos enfermos, que bastante tienen con lo que tienen, tengan que pagar por lo que hasta ahora no pagaban. Pero la principal es bien sencilla de entender y de compartir: Andalucía, con Susana Díaz como su presidenta a la cabeza, tiene la obligación -tanto moral como encomendada por quienes respaldaron el proyecto socialista en las urnas- de defender a los más vulnerables.

Este ataque es, sin duda, atroz pero no el único en materia sanitaria que los andaluces, que los almerienses y que el resto de españoles estamos sufriendo. Basta ir a la farmacia con un pensionista para ver lo que supone el nuevo gasto en medicamentos que le impuso el PP sin tener en cuenta sus escasos recursos que, además, son los que a menudo están sustentando a otros miembros de sus familias parados o basta, también, para tener claro cómo se las gastan, con echar un vistazo al botiquín y repasar la lista de fármacos que decidieron dejar de financiar.

Y mientras tanto, los grandes laboratorios se siguen enriqueciendo. Lejos de colaborar en el reparto de sacrificios, el PP los protege y evita, a toda costa, que ganen menos dinero recurriendo medidas como la subasta de medicamentos que permitiría a Andalucía seguir reduciendo la factura que paga el sistema público de salud –es decir, todos y todas nosotros- por ese concepto. Pero claro, para sus amigos y para hacer negocios, resulta que en el PP sí que tienen sensibilidad.