La mala fe del PP

El Partido Popular de Almería ha demostrado en las primeras semanas de 2014 que está dispuesto a empezar el año como lo terminó. Es decir, con deslealtad y frivolidad en todos los asuntos que afectan a los almerienses directamente y que utilizan como arma política arrojadiza contra el Gobierno andaluz. Así lo hemos comprobado con su decisión de dejar sin servicio a los usuarios de los centros Guadalinfo –las instalaciones de acceso público a internet– que ha cerrado en muchos de los ayuntamientos donde gobierna con la única intención de utilizar este asunto contra la Junta de Andalucía y, de paso, realizar una limpieza política de los dinamizadores, que habían sido contratados anteriormente, para colocar a personas que pudieran ser afines a sus intereses.
La intención del PP ha sido también, como decía, la de enfrentar a los ciudadanos con la Junta de Andalucía, como lo demuestra que en localidades como Viator su alcaldesa y diputada provincial haya colocado un cartel comunicando el cese de la actividad en las instalaciones atribuyéndolo a la falta de financiación del Gobierno andaluz, cuando esto es rotundamente falso.
La realidad de todo esto es que ya el año pasado se cerró el acuerdo entre la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones provinciales de la comunidad –que forman parte del Consorcio Fernando de los Ríos, encargado de la gestión de esta red de telecentros– por el que se garantizaba la continuidad del servicio entre 2014 y 2016, y que esta misma semana se ha publicado por parte del Gobierno andaluz la orden que regula la concesión de subvenciones para la dinamización de estos espacios.
Así las cosas, ha sido la confrontación política y el interés por contratar a los suyos como encargados de los Guadalinfo lo que ha llevado a los municipios gobernados por el PP a perjudicar a los ciudadanos con el cierre de los centros, sin pensar en el daño que estaban ocasionando a los usuarios y a las personas que vienen realizando su trabajo en esas instalaciones.
La Diputación Provincial de Almería se ha convertido en la sala de máquinas desde la que se han dado las instrucciones para que se actuara así, al tiempo que, a diferencia de la manera de proceder del Ejecutivo autonómico, “no ha hecho aún nada” para poner la parte de dinero que le corresponde para la financiación de la red pública de acceso a Internet. Esos ayuntamientos, además, han realizado un gasto innecesario, al pagar indemnizaciones, con dinero de todos los almerienses, a los empleados que han sido puestos en la calle, cuando, por otra parte, se les llena la boca al hablar de austeridad.
Los municipios de la provincia tenían constancia, a través de dos cartas remitidas en octubre y diciembre por parte del Consorcio Fernando de los Ríos, de que se garantizaba la continuidad de estos espacios, y esos escritos ponían de relieve la voluntad firme de la Junta de Andalucía de apostar por la Sociedad del Conocimiento. Pero lo que no ha estado ni estará, a la vista de lo ocurrido, es la voluntad de la Diputación de Almería por hacer la vida más fácil a los ciudadanos.
Lo que le exigimos al PP es que abra inmediatamente los centros Guadalinfo –que dan acceso público a Internet en los municipios de menos de 20.000 habitantes– y que readmita a los trabajadores despedidos, ya que se trata de una decisión que solamente responde a la confrontación política, puesto que tanto la Junta de Andalucía como las Diputaciones Provinciales –entre ellas la de Almería– garantizaron el pasado mes de octubre el marco de financiación necesario para el mantenimiento de esta red hasta 2016. Qué curioso que Almería haya sido la única provincia andaluza en la que se ha llevado a cabo el cierre de algunos de estos espacios. ¿Mala fe? Va a ser que sí.