Los resultados de las elecciones europeas han provocado que el Partido Popular le haya visto definitivamente las orejas al lobo. Con la boca pequeña insisten en que lo que dijeron las urnas acerca de las preferencias de los ciudadanos sobre sus representantes en el Parlamento europeo no son extrapolables a unas elecciones municipales – algo en lo que, con muchos matices, podemos estar de acuerdo – pero en cuanto el foco mediático se oculta le entran los miedos y los sudores propios de quien anda muy nervioso con lo que pueda ocurrir el próximo año.
Desde este punto de vista, desde la perspectiva de lo que puedan decidir los votantes en los comicios locales de 2015, se entiende la propuesta que ha realizado el PP para la elección directa de los alcaldes o para reducir el número de aforados que, en su mayoría, no podemos olvidarlo, se encuentran en el ámbito judicial.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mezcla dos debates absolutamente distintos y los encuadra en una propuesta de “regeneración democrática” que no se cree ni él mismo, entre otras cosas porque nada hace pensar que vaya a tomar alguna medida para depurar responsabilidades en la presunta financiación ilegal de su partido que investiga la justicia. ¿O es que de eso no va esta historia que propone el PP?
Rajoy, haciendo de Rajoy más que nunca, pretende mezclarlo todo en una batidora a ver qué sale, obviando que soporta a sus espaldas una mochila en la que se encuentra un extesorero que lleva más de un año en la cárcel por acumular una fortuna en Suiza de la que nadie ha aclarado su procedencia; pagos en negro para el arreglo de la sede del PP, tal y como ha determinado el juez Ruz, y una presunta trama de financiación ilegal y de sobresueldos en B que pone los pelos de punta.
De esto es de lo que Rajoy debería de hablar, dar explicaciones y anunciar las oportunas medidas que piensa tomar dentro de su partido para que los ciudadanos puedan empezar a creerse esa regeneración de la que habla. Si no lo hace, lo que quedará será la sensación de que anda contando cuentos y pensando en las trampas que puede poner en el camino para entretener el verano.
Es evidente que los ciudadanos no se pueden levantar todos los días con un sobresalto y con un caso de corrupción en este país porque llevamos así ya demasiado tiempo. Obviamente, como ha apuntado esta semana la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, hay que afrontar el número de aforados, el que los partidos no lleven imputados por corrupción en sus listas… pero ese debate, que preocupa de manera evidente a todos los ciudadanos, que muestran su apatía y desconfianza porque creen que las instituciones deben ser ejemplares y rendir cuentas, no se puede mezclar con un procedimiento electoral.
Una reforma de la ley electoral tiene que ser consensuada por una mayoría del arco parlamentario y no puede ser fruto de la voluntad política de un Gobierno, adoptada en un campamento de verano del PP, con el único objetivo de salvar muchas de las alcaldías que ahora mismo podría perder la derecha si la izquierda llega a acuerdos legítimos para gobernar. En esas anda el Partido Popular, en cambiar las reglas del juego cuando el árbitro está a punto de pitar el final del partido.
Desde este punto de vista, desde la perspectiva de lo que puedan decidir los votantes en los comicios locales de 2015, se entiende la propuesta que ha realizado el PP para la elección directa de los alcaldes o para reducir el número de aforados que, en su mayoría, no podemos olvidarlo, se encuentran en el ámbito judicial.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mezcla dos debates absolutamente distintos y los encuadra en una propuesta de “regeneración democrática” que no se cree ni él mismo, entre otras cosas porque nada hace pensar que vaya a tomar alguna medida para depurar responsabilidades en la presunta financiación ilegal de su partido que investiga la justicia. ¿O es que de eso no va esta historia que propone el PP?
Rajoy, haciendo de Rajoy más que nunca, pretende mezclarlo todo en una batidora a ver qué sale, obviando que soporta a sus espaldas una mochila en la que se encuentra un extesorero que lleva más de un año en la cárcel por acumular una fortuna en Suiza de la que nadie ha aclarado su procedencia; pagos en negro para el arreglo de la sede del PP, tal y como ha determinado el juez Ruz, y una presunta trama de financiación ilegal y de sobresueldos en B que pone los pelos de punta.
De esto es de lo que Rajoy debería de hablar, dar explicaciones y anunciar las oportunas medidas que piensa tomar dentro de su partido para que los ciudadanos puedan empezar a creerse esa regeneración de la que habla. Si no lo hace, lo que quedará será la sensación de que anda contando cuentos y pensando en las trampas que puede poner en el camino para entretener el verano.
Es evidente que los ciudadanos no se pueden levantar todos los días con un sobresalto y con un caso de corrupción en este país porque llevamos así ya demasiado tiempo. Obviamente, como ha apuntado esta semana la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, hay que afrontar el número de aforados, el que los partidos no lleven imputados por corrupción en sus listas… pero ese debate, que preocupa de manera evidente a todos los ciudadanos, que muestran su apatía y desconfianza porque creen que las instituciones deben ser ejemplares y rendir cuentas, no se puede mezclar con un procedimiento electoral.
Una reforma de la ley electoral tiene que ser consensuada por una mayoría del arco parlamentario y no puede ser fruto de la voluntad política de un Gobierno, adoptada en un campamento de verano del PP, con el único objetivo de salvar muchas de las alcaldías que ahora mismo podría perder la derecha si la izquierda llega a acuerdos legítimos para gobernar. En esas anda el Partido Popular, en cambiar las reglas del juego cuando el árbitro está a punto de pitar el final del partido.
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