Los recortes que ha ido aprobando, desde finales de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy habrían provocado, a día de hoy, una auténtica fractura social en nuestra tierra, si el Gobierno andaluz no hubiese actuado como muro de contención de las políticas antisociales de la derecha. En los tres años que lleva el PP instalado en La Moncloa, el Gobierno de Susana Díaz ha respondido a cada decreto de recorte del Gobierno central con medidas para intentar paliar los daños, haciendo un esfuerzo ingente que, muchas veces, sólo se valora en su justa medida cuando se habla con quienes viven en comunidades autónomas gobernadas por la derecha. En estas comunidades, los efectos de la crisis se han vivido con una dureza que no hemos visto en Andalucía, ya que aquí, afortunadamente, los ciudadanos seguimos teniendo un colchón de seguridad en cuestiones tan básicas como la sanidad, la educación o la protección contra la exclusión social.
En un intento desesperado de tapar sus propias vergüenzas, el PP lleva tiempo intentando hacer tabla rasa y negando el trabajo de protección de las personas que se está haciendo en Andalucía. Sin embargo, los datos demuestran cuál es la verdad.
La realidad que la derecha no puede negar, por más que se empeñe, es que, pese a los recortes del Gobierno central, en Andalucía mantenemos una educación pública de calidad. Mantenemos la gratuidad de los libros de texto, los comedores escolares, el transporte escolar y el plan de apertura de centros, y tenemos más becas que en ninguna otra comunidad. Además, para 2014 el presupuesto destinado a educación ha subido 2,5 puntos, desde el convencimiento de que sólo con educación podremos darles un futuro a nuestros jóvenes.
En Andalucía apostamos también por una sanidad pública y universal de calidad. Mientras que en las comunidades gobernadas por el PP, la administración ha expulsado a 800.000 ciudadanos del sistema, en Andalucía mantenemos la cobertura universal de la sanidad pública. También mantenemos toda la cartera de servicios, hemos lanzado varias subastas para pagar un precio más bajo por los medicamentos que compra la sanidad pública, aquí no se han privatizado hospitales y no hemos aplicado medidas ruines a las que abrió la puerta el Gobierno central, como el copago hospitalario.
En materia de salud no se puede andar con juegos. Los ciudadanos merecen que el sistema esté a la altura de sus necesidades cuando llega el momento y, por ejemplo, en el caso de la Hepatitis C, los pacientes andaluces ya están recibiendo las nuevas terapias disponibles. El Gobierno de Susana Díaz se ha comprometido, además, a que en Andalucía ningún paciente se quede sin el tratamiento que necesite por motivos económicos.
El mismo celo en la defensa de las personas lo está poniendo el Gobierno andaluz en materia de derechos sociales. El intento descarado del Ejecutivo de Rajoy de desmantelar la Ley de Dependencia, retrasando ‘sine die’ la incorporación de nuevos beneficiarios y recortando la financiación hasta niveles obscenos, ha encontrado la oposición activa del Gobierno de Susana Díaz, que lleva manteniendo la dependencia a pulmón durante los últimos años. Gracias a este esfuerzo, en Andalucía tenemos a día de hoy 163.000 beneficiarios, que suponen el 22% del total nacional. Además, la Junta de Andalucía, que sólo estaba obligada a aportar el 50% de la financiación, ha ido aumentando su aportación año tras año para contrarrestar los recortes del Gobierno central, hasta el punto de que actualmente aporta al mantenimiento de la dependencia en Andalucía una cantidad similar a la que destina el Gobierno central para toda España.
En Andalucía, el Gobierno autonómico está apoyando, además, a 160.000 personas a través del decreto de inclusión social y sigue dando soporte a las familias que peor lo están pasando, a través del Ingreso Mínimo de Solidaridad, al que sólo en este mes de febrero se han incorporado más de 20.000 nuevas familias.
Mientras tanto, en lugar de sentir vergüenza, el PP se afana en atacar a Andalucía. Mariano Rajoy, que debía estar ejerciendo de presidente de todos los españoles, incluidos los andaluces, ha preferido envolverse en la bandera de su partido para apoyar al candidato del PP en Andalucía. Cualquier cosa les vale cuando se acercan las elecciones, incluido el recurso a la mentira.
En un intento desesperado de tapar sus propias vergüenzas, el PP lleva tiempo intentando hacer tabla rasa y negando el trabajo de protección de las personas que se está haciendo en Andalucía. Sin embargo, los datos demuestran cuál es la verdad.
La realidad que la derecha no puede negar, por más que se empeñe, es que, pese a los recortes del Gobierno central, en Andalucía mantenemos una educación pública de calidad. Mantenemos la gratuidad de los libros de texto, los comedores escolares, el transporte escolar y el plan de apertura de centros, y tenemos más becas que en ninguna otra comunidad. Además, para 2014 el presupuesto destinado a educación ha subido 2,5 puntos, desde el convencimiento de que sólo con educación podremos darles un futuro a nuestros jóvenes.
En Andalucía apostamos también por una sanidad pública y universal de calidad. Mientras que en las comunidades gobernadas por el PP, la administración ha expulsado a 800.000 ciudadanos del sistema, en Andalucía mantenemos la cobertura universal de la sanidad pública. También mantenemos toda la cartera de servicios, hemos lanzado varias subastas para pagar un precio más bajo por los medicamentos que compra la sanidad pública, aquí no se han privatizado hospitales y no hemos aplicado medidas ruines a las que abrió la puerta el Gobierno central, como el copago hospitalario.
En materia de salud no se puede andar con juegos. Los ciudadanos merecen que el sistema esté a la altura de sus necesidades cuando llega el momento y, por ejemplo, en el caso de la Hepatitis C, los pacientes andaluces ya están recibiendo las nuevas terapias disponibles. El Gobierno de Susana Díaz se ha comprometido, además, a que en Andalucía ningún paciente se quede sin el tratamiento que necesite por motivos económicos.
El mismo celo en la defensa de las personas lo está poniendo el Gobierno andaluz en materia de derechos sociales. El intento descarado del Ejecutivo de Rajoy de desmantelar la Ley de Dependencia, retrasando ‘sine die’ la incorporación de nuevos beneficiarios y recortando la financiación hasta niveles obscenos, ha encontrado la oposición activa del Gobierno de Susana Díaz, que lleva manteniendo la dependencia a pulmón durante los últimos años. Gracias a este esfuerzo, en Andalucía tenemos a día de hoy 163.000 beneficiarios, que suponen el 22% del total nacional. Además, la Junta de Andalucía, que sólo estaba obligada a aportar el 50% de la financiación, ha ido aumentando su aportación año tras año para contrarrestar los recortes del Gobierno central, hasta el punto de que actualmente aporta al mantenimiento de la dependencia en Andalucía una cantidad similar a la que destina el Gobierno central para toda España.
En Andalucía, el Gobierno autonómico está apoyando, además, a 160.000 personas a través del decreto de inclusión social y sigue dando soporte a las familias que peor lo están pasando, a través del Ingreso Mínimo de Solidaridad, al que sólo en este mes de febrero se han incorporado más de 20.000 nuevas familias.
Mientras tanto, en lugar de sentir vergüenza, el PP se afana en atacar a Andalucía. Mariano Rajoy, que debía estar ejerciendo de presidente de todos los españoles, incluidos los andaluces, ha preferido envolverse en la bandera de su partido para apoyar al candidato del PP en Andalucía. Cualquier cosa les vale cuando se acercan las elecciones, incluido el recurso a la mentira.
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