Hace justo un año, les mostraba mi satisfacción por los avances que los socialistas, de la mano de distintos colectivos sociales, habíamos conseguido para evitar demoliciones de viviendas irregulares en los casos en los que sus propietarios –compradores de buena fe– no fuesen indemnizados. A esa iniciativa, como se recordará, le siguió otra para modificar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que amplió la protección a los propietarios de esas viviendas.
Estos logros fueron, si cabe, más trascendentes de lo que cualquiera podría pensar si tenemos en cuenta que el PSOE fue capaz de impulsarlos desde la oposición. Es necesario recordar, además, que lo hicimos en respuesta a las peticiones de colectivos como Abusos Urbanísticos Almanzora-NO (AUAN), tras escuchar sus inquietudes y compartir las posibles soluciones, y que logramos llegar a acuerdos con distintos grupos parlamentarios en las Cortes para cerrar un texto conjunto, a pesar del rechazo inicial del Partido Popular a arrimar el hombro para solucionar este problema.
En julio del año pasado, celebrábamos, por lo tanto, lo que entendíamos como una victoria, ya que esos avances suponían dar tranquilidad a muchas personas que vivían la situación de su vivienda con una enorme incertidumbre. Sin embargo, aún nos quedaba un último paso por dar para que la resolución de este conflicto de las viviendas irregulares- de una gran parte de ellas- pudiera tocar a su fin. Efectivamente, tras el camino andado para modificar el Código Penal y Ley Orgánica del Poder Judicial, nos quedaban por hacer los cambios necesarios en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Pues bien, esta misma semana, el Parlamento andaluz ha aprobado con un amplio consenso incorporar a esa Ley medidas urgentes para las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Esta modificación, en todo caso, no supone ningún proceso de amnistía ni de reducción de la defensa de la normativa urbanística y ambiental, sino un proceso de regularización, en unas condiciones muy específicas, tanto desde el punto de vista de la situación jurídica y administrativa, como en el acceso a los servicios públicos de luz, agua, saneamiento o basura. En definitiva, llevar la normalidad a donde no la había, ampliando la seguridad jurídica de los afectados.
Como pueden imaginar, la satisfacción por el trabajo bien hecho es máxima, toda vez que las iniciativas que se han tramitado, desde que comenzamos a trabajar en buscar una solución a estas viviendas, no solo resuelven un problema de gran calado en nuestra provincia y en Andalucía, sino que también solucionan miles de entuertos similares en el resto del país. Además, tras lo aprobado en la Cámara andaluza, se abre la puerta a que otras comunidades autónomas sigan el mismo camino desde el punto de vista de la legislación urbanística.
También creo que es de justicia destacar el trabajo realizado entre todos los grupos políticos representados en la Cámara andaluza y los agentes sociales para abordar esta modificación, lo que ha permitido explorar todas las alternativas y propuestas para alcanzar una solución consensuada. Con todo, la mayor alegría es que hayamos llevado la tranquilidad y la seguridad a muchas familias que estaban inmersas en una maraña administrativa y judicial que no conducía a ningún sitio. El resultado, por lo tanto, no ha podido ser más beneficioso para la ciudadanía, que ha puesto a la política, como siempre debería de ser, a su servicio.
Estos logros fueron, si cabe, más trascendentes de lo que cualquiera podría pensar si tenemos en cuenta que el PSOE fue capaz de impulsarlos desde la oposición. Es necesario recordar, además, que lo hicimos en respuesta a las peticiones de colectivos como Abusos Urbanísticos Almanzora-NO (AUAN), tras escuchar sus inquietudes y compartir las posibles soluciones, y que logramos llegar a acuerdos con distintos grupos parlamentarios en las Cortes para cerrar un texto conjunto, a pesar del rechazo inicial del Partido Popular a arrimar el hombro para solucionar este problema.
En julio del año pasado, celebrábamos, por lo tanto, lo que entendíamos como una victoria, ya que esos avances suponían dar tranquilidad a muchas personas que vivían la situación de su vivienda con una enorme incertidumbre. Sin embargo, aún nos quedaba un último paso por dar para que la resolución de este conflicto de las viviendas irregulares- de una gran parte de ellas- pudiera tocar a su fin. Efectivamente, tras el camino andado para modificar el Código Penal y Ley Orgánica del Poder Judicial, nos quedaban por hacer los cambios necesarios en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Pues bien, esta misma semana, el Parlamento andaluz ha aprobado con un amplio consenso incorporar a esa Ley medidas urgentes para las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Esta modificación, en todo caso, no supone ningún proceso de amnistía ni de reducción de la defensa de la normativa urbanística y ambiental, sino un proceso de regularización, en unas condiciones muy específicas, tanto desde el punto de vista de la situación jurídica y administrativa, como en el acceso a los servicios públicos de luz, agua, saneamiento o basura. En definitiva, llevar la normalidad a donde no la había, ampliando la seguridad jurídica de los afectados.
Como pueden imaginar, la satisfacción por el trabajo bien hecho es máxima, toda vez que las iniciativas que se han tramitado, desde que comenzamos a trabajar en buscar una solución a estas viviendas, no solo resuelven un problema de gran calado en nuestra provincia y en Andalucía, sino que también solucionan miles de entuertos similares en el resto del país. Además, tras lo aprobado en la Cámara andaluza, se abre la puerta a que otras comunidades autónomas sigan el mismo camino desde el punto de vista de la legislación urbanística.
También creo que es de justicia destacar el trabajo realizado entre todos los grupos políticos representados en la Cámara andaluza y los agentes sociales para abordar esta modificación, lo que ha permitido explorar todas las alternativas y propuestas para alcanzar una solución consensuada. Con todo, la mayor alegría es que hayamos llevado la tranquilidad y la seguridad a muchas familias que estaban inmersas en una maraña administrativa y judicial que no conducía a ningún sitio. El resultado, por lo tanto, no ha podido ser más beneficioso para la ciudadanía, que ha puesto a la política, como siempre debería de ser, a su servicio.
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