En pleno siglo XXI, las mujeres siguen teniendo más dificultades que los hombres para acceder a un puesto de trabajo. Según un estudio realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer, el Centro de Estudios Andaluces y la Universidad de Málaga, el 30% de los hombres empresarios prefiere contratar a un hombre.
Por si fuera poco, una vez superado el escollo de encontrar empleo, las mujeres españolas cobran un 23% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, concentran el 72% del empleo parcial y, cuando alguien en la familia reduce su jornada para dedicarse al cuidado de menores, son ellas quienes lo hacen en el 96% de los casos. A la hora de jubilarse, evidentemente, la desigualdad sigue ahí: sus pensiones son un 37% más bajas.
La discriminación que padecen las mujeres en nuestra sociedad tiene muchas caras: desde la laboral hasta la política –donde las mujeres siguen infrarrepresentadas–, pasando por la violencia de género, que no es sino la expresión más radical y vergonzosa del machismo imperante. En lo que va de año llevamos la friolera de 16 mujeres muertas por violencia machista. Cada una de estas mujeres fue asesinada por un hombre se consideró dueño de su vida, una idea repugnante y que debemos erradicar.
Cada uno de nosotros tiene mucho que hacer en su esfera personal para que esta triste realidad cambie de una vez por todas. Pero, además, los representantes públicos tenemos la obligación de poner toda la carne en el asador para que este cambio se produzca lo antes posible.
Esta idea choca, sin embargo, con el proceder de un gobierno, el de Mariano Rajoy, que no sólo no ha hecho nada para avanzar en igualdad de género en los cinco años que lleva gobernando, sino que se ha dedicado a dar pasos atrás.
El Ejecutivo central recortó de manera drástica –en un 27%– los recursos destinados a políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género. Además, a su llegada a La Moncloa también desmanteló organismos como el Instituto de la Mujer.
La reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP hizo un gran daño a la igualdad, al expulsar a muchas mujeres del mercado de trabajo y disparar la brecha salarial. Además, ahora que el PP se empeña en vender una supuesta recuperación del mercado laboral, omite que el empleo femenino que se crea es mayoritariamente temporal y precario.
También ha sido muy dañino el abandono de la Ley de Igualdad, una norma socialista que fue un referente internacional y que, con el Gobierno del PP, ha sufrido una derogación de facto, puesto que en este tiempo no se ha adoptado ni una medida por la igualdad.
Para contrarrestar este panorama, en Andalucía se están haciendo grandes esfuerzos, abanderados por la presidenta andaluza, Susana Díaz, que además tiene en su haber personal el logro de haber conseguido romper un techo de cristal muy importante, como era el acceso a la Presidencia de la Junta.
El Gobierno andaluz reivindica la igualdad de hombres y mujeres en su día a día y lo hace apostando por unas políticas públicas con perspectiva de género, que promueven la educación y la sensibilización social, y potenciando acciones que permiten a la mujer desempeñar puestos de decisión en los ámbitos político, social, económico y financiero.
Frente a una Ley de Igualdad nacional que se encuentra paralizada, en Andalucía se ha anunciado la modificación de la Ley para la promoción de la Igualdad de género, que incorporará un plan especial para la igualdad salarial y que impulsará los centros de atención a la mujer.
Además, la Junta convocará este año una oferta de empleo público en educación, sanidad y administración general, medida que favorecerá la incorporación de mujeres al mundo laboral; y también potenciará la empleabilidad de las mujeres, mediante la prestación de servicios de atención personalizada.
En definitiva, los socialistas vamos a seguir impulsando acciones positivas a favor de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, desde el convencimiento de que la igualdad legal que tenemos en nuestra sociedad no servirá de mucho mientras no dé el salto del papel a la vida real. Para conseguir esto hace falta voluntad política y en Andalucía la tenemos.
Por si fuera poco, una vez superado el escollo de encontrar empleo, las mujeres españolas cobran un 23% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, concentran el 72% del empleo parcial y, cuando alguien en la familia reduce su jornada para dedicarse al cuidado de menores, son ellas quienes lo hacen en el 96% de los casos. A la hora de jubilarse, evidentemente, la desigualdad sigue ahí: sus pensiones son un 37% más bajas.
La discriminación que padecen las mujeres en nuestra sociedad tiene muchas caras: desde la laboral hasta la política –donde las mujeres siguen infrarrepresentadas–, pasando por la violencia de género, que no es sino la expresión más radical y vergonzosa del machismo imperante. En lo que va de año llevamos la friolera de 16 mujeres muertas por violencia machista. Cada una de estas mujeres fue asesinada por un hombre se consideró dueño de su vida, una idea repugnante y que debemos erradicar.
Cada uno de nosotros tiene mucho que hacer en su esfera personal para que esta triste realidad cambie de una vez por todas. Pero, además, los representantes públicos tenemos la obligación de poner toda la carne en el asador para que este cambio se produzca lo antes posible.
Esta idea choca, sin embargo, con el proceder de un gobierno, el de Mariano Rajoy, que no sólo no ha hecho nada para avanzar en igualdad de género en los cinco años que lleva gobernando, sino que se ha dedicado a dar pasos atrás.
El Ejecutivo central recortó de manera drástica –en un 27%– los recursos destinados a políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género. Además, a su llegada a La Moncloa también desmanteló organismos como el Instituto de la Mujer.
La reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP hizo un gran daño a la igualdad, al expulsar a muchas mujeres del mercado de trabajo y disparar la brecha salarial. Además, ahora que el PP se empeña en vender una supuesta recuperación del mercado laboral, omite que el empleo femenino que se crea es mayoritariamente temporal y precario.
También ha sido muy dañino el abandono de la Ley de Igualdad, una norma socialista que fue un referente internacional y que, con el Gobierno del PP, ha sufrido una derogación de facto, puesto que en este tiempo no se ha adoptado ni una medida por la igualdad.
Para contrarrestar este panorama, en Andalucía se están haciendo grandes esfuerzos, abanderados por la presidenta andaluza, Susana Díaz, que además tiene en su haber personal el logro de haber conseguido romper un techo de cristal muy importante, como era el acceso a la Presidencia de la Junta.
El Gobierno andaluz reivindica la igualdad de hombres y mujeres en su día a día y lo hace apostando por unas políticas públicas con perspectiva de género, que promueven la educación y la sensibilización social, y potenciando acciones que permiten a la mujer desempeñar puestos de decisión en los ámbitos político, social, económico y financiero.
Frente a una Ley de Igualdad nacional que se encuentra paralizada, en Andalucía se ha anunciado la modificación de la Ley para la promoción de la Igualdad de género, que incorporará un plan especial para la igualdad salarial y que impulsará los centros de atención a la mujer.
Además, la Junta convocará este año una oferta de empleo público en educación, sanidad y administración general, medida que favorecerá la incorporación de mujeres al mundo laboral; y también potenciará la empleabilidad de las mujeres, mediante la prestación de servicios de atención personalizada.
En definitiva, los socialistas vamos a seguir impulsando acciones positivas a favor de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, desde el convencimiento de que la igualdad legal que tenemos en nuestra sociedad no servirá de mucho mientras no dé el salto del papel a la vida real. Para conseguir esto hace falta voluntad política y en Andalucía la tenemos.
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