Desde el pasado 6 de marzo, se encuentra en vigor un texto fundamental para la economía de nuestra provincia: la Ley de medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía, aprobada por las Cortes Generales y con la que al Partido Popular se le han acabado definitivamente las excusas.
El Gobierno de Rajoy ha pasado años desoyendo la petición que le hemos hecho una y otra vez desde el PSOE para que arbitrara algún mecanismo que permitiera bonificar el agua desalada en la provincia de Almería, tal como sí estaba haciendo en provincias cercanas, como Murcia y Alicante. Pese a que la petición era más que razonable, cada vez que lo hemos pedido, el Partido Popular se ha dedicado a echar balones fuera.
Con la aprobación de la Ley de medidas urgentes ante la sequía, que contempla un precio máximo de 0,30 euros para el metro cúbico de agua desalada de riego en el Mediterráneo, decía que al PP se le han acabado las excusas para no bonificar el agua desalada en Almería y, sin embargo, los ‘populares’ siguen sin actuar. Por duro que sea hablar en estos términos, el Gobierno de Rajoy está incumpliendo una ley emanada de las Cortes.
Esta ley, la 1/2018, dice textualmente que el Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros el metro cúbico. Sin embargo, esta medida no se está cumpliendo.
La misma ley dice también que el Gobierno aprobará, con carácter urgente, un plan de choque para priorizar el uso del agua procedente de la desalación, mediante la ejecución de las obras y actuaciones pendientes. En Almería tenemos pendientes, entre otras obras, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora y la ampliación de las desaladoras de Carboneras y del Campo de Dalías, además de la construcción de las conducciones necesarias para llevar agua desalada al Campo de Tabernas y, pese a ello, el Gobierno se ha olvidado de todos estos proyectos a la hora de redactar los Presupuestos Generales del Estado que pretende aprobar para este 2018.
Leyendo la Ley 1/2018 uno encuentra también que el Gobierno impulsará la reutilización de aguas depuradas para riego. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy tampoco ha previsto acometer este año la necesaria ampliación de depuradoras como las de Adra, El Ejido y Roquetas, que, juntas, podrían aportar una considerable cantidad de recursos hídricos a la agricultura del Poniente.
Podríamos seguir durante mucho tiempo analizando el articulado de la Ley de medidas urgentes ante la sequía, pero sólo apuntaré un incumplimiento más. Según esta ley, el Gobierno está obligado a incrementar la inversión en seguros agrarios y, como adivinarán, esto tampoco se ha producido.
El campo almeriense no merece más agravios. Cuando hablamos de agua, a los almerienses se nos discrimina frente a los agricultores murcianos, que están compitiendo con nosotros en unas condiciones ventajosas, en la medida en que el agua les sale más barata que la que pagamos aquí. Y, cuando hablamos de fiscalidad, se nos perjudica frente a Granada, al aplicárseles a los productores de pimiento granadinos una rebaja fiscal de la que no podemos beneficiarnos en Almería.
La agricultura almeriense está cansada de discriminaciones. Los almerienses estamos cansados de ser los que menos dinero recibimos, pese a que somos siempre los primeros para pagar. De modo que no le pedimos al Gobierno ninguna medida de gracia, no pedimos que se moje con Almería ni queremos ningún trato de favor: queremos lo que nos corresponde por justicia y, sobre todo, lo que nos corresponde por ley.
El Gobierno de Rajoy ha pasado años desoyendo la petición que le hemos hecho una y otra vez desde el PSOE para que arbitrara algún mecanismo que permitiera bonificar el agua desalada en la provincia de Almería, tal como sí estaba haciendo en provincias cercanas, como Murcia y Alicante. Pese a que la petición era más que razonable, cada vez que lo hemos pedido, el Partido Popular se ha dedicado a echar balones fuera.
Con la aprobación de la Ley de medidas urgentes ante la sequía, que contempla un precio máximo de 0,30 euros para el metro cúbico de agua desalada de riego en el Mediterráneo, decía que al PP se le han acabado las excusas para no bonificar el agua desalada en Almería y, sin embargo, los ‘populares’ siguen sin actuar. Por duro que sea hablar en estos términos, el Gobierno de Rajoy está incumpliendo una ley emanada de las Cortes.
Esta ley, la 1/2018, dice textualmente que el Gobierno habilitará los mecanismos de subvención necesarios a fin de que el precio del agua desalada para riego no exceda los 0,3 euros el metro cúbico. Sin embargo, esta medida no se está cumpliendo.
La misma ley dice también que el Gobierno aprobará, con carácter urgente, un plan de choque para priorizar el uso del agua procedente de la desalación, mediante la ejecución de las obras y actuaciones pendientes. En Almería tenemos pendientes, entre otras obras, la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora y la ampliación de las desaladoras de Carboneras y del Campo de Dalías, además de la construcción de las conducciones necesarias para llevar agua desalada al Campo de Tabernas y, pese a ello, el Gobierno se ha olvidado de todos estos proyectos a la hora de redactar los Presupuestos Generales del Estado que pretende aprobar para este 2018.
Leyendo la Ley 1/2018 uno encuentra también que el Gobierno impulsará la reutilización de aguas depuradas para riego. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy tampoco ha previsto acometer este año la necesaria ampliación de depuradoras como las de Adra, El Ejido y Roquetas, que, juntas, podrían aportar una considerable cantidad de recursos hídricos a la agricultura del Poniente.
Podríamos seguir durante mucho tiempo analizando el articulado de la Ley de medidas urgentes ante la sequía, pero sólo apuntaré un incumplimiento más. Según esta ley, el Gobierno está obligado a incrementar la inversión en seguros agrarios y, como adivinarán, esto tampoco se ha producido.
El campo almeriense no merece más agravios. Cuando hablamos de agua, a los almerienses se nos discrimina frente a los agricultores murcianos, que están compitiendo con nosotros en unas condiciones ventajosas, en la medida en que el agua les sale más barata que la que pagamos aquí. Y, cuando hablamos de fiscalidad, se nos perjudica frente a Granada, al aplicárseles a los productores de pimiento granadinos una rebaja fiscal de la que no podemos beneficiarnos en Almería.
La agricultura almeriense está cansada de discriminaciones. Los almerienses estamos cansados de ser los que menos dinero recibimos, pese a que somos siempre los primeros para pagar. De modo que no le pedimos al Gobierno ninguna medida de gracia, no pedimos que se moje con Almería ni queremos ningún trato de favor: queremos lo que nos corresponde por justicia y, sobre todo, lo que nos corresponde por ley.
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