Año uno de Rajoy

Esta semana nos hemos encontrado con que ya hace un año desde que Mariano Rajoy ganó las elecciones generales y se convirtió en el Presidente del Gobierno de España. El testigo que le pasó el Gobierno del PSOE era el de un país con serias dificultades, tras haber soportado más de tres años de la peor crisis financiera y económica de los últimos 50 años. Es verdad, estábamos mal pero bastante mejor que un año después, tal y como reflejan todos los indicadores.

El peor año de la democracia

El presidente del Gobierno ha resumido su primer año en La Moncloa con una frase que quedará para la posteridad. “Las medidas que estamos tomando hacen daño a la gente”, reconoció ante la prensa, en una comparecencia a principios de semana. Una frase difícil de escuchar por boca de un presidente del Gobierno y que ni siquiera la oposición habría podido formular mejor.

El año de Mariano sin Rajoy

Rajoy celebraba esta semana su primer año en La Moncloa, pero en el palacio dónde vive el presidente no ha habido fiesta de cumpleaños: Sin ánimos para celebrarlo, ni tartas ni velas que soplar en un país cada vez más empobrecido como consecuencia de sus propias decisiones. Así es, el 20-N no ha sido un motivo de celebración, en eso estamos de acuerdo todos fuera y dentro de este país, como también estamos de acuerdo en que la derecha ha demostrado fehacientemente que no gestiona mejor la economía y que el PP es un partido que no defiende los intereses de los ciudadanos.

Ciudadanos, no clientes

El rodillo parlamentario del Partido Popular ha vuelto a pasar por encima de las aspiraciones y derechos de los ciudadanos, con la excusa nuevamente de la crisis. En este caso el ataque es sobre algo fundamental, sobre la acción pública de "hacer respetar las leyes", ya que tiene que ver con el acceso de los ciudadanos a la administración de Justicia en nuestro país: la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad.

Qué podemos hacer

En la manifestación del 14N en Almería junto a Juan Pallarés (CCOO) y José Ginel (UGT)

La presencia masiva de decenas de miles de ciudadanos en las calles el pasado miércoles, pidiendo al gobierno de Rajoy que rectifique, que cambie sus políticas erróneas que nos están llevando - después de un año - a estar mucho peor de lo que estábamos, han permitido desterrar de la memoria colectiva la idea de que la protesta, la presión social, la sana expresión del descontento, es inútil. La presión social, después de que uno vota en unas elecciones, es la única arma que tienen los ciudadanos para hacer oír su voz y para intentar cambiar la actitud y las decisiones de un gobierno, cuando entienden que ese gobierno está gobernando en su contra. 

El precio de la salud

Hace casi un año, el tiempo que el Partido Popular lleva gobernando el país, que la salud sí tiene precio. Bueno, en realidad, empezaba a ser un bien mercantil desde antes en las comunidades en los que los populares ya habían aterrizado en sus gobiernos, lo que pasa es que ahora la relación dinero-sanidad se ha hecho más evidente que nunca. El último despropósito en esta materia se está viviendo en Madrid donde el delfín de Esperanza Aguirre en esa comunidad ya ha anunciado que seguirá los pasos de los catalanes y que a partir de enero cobrarán un euro por receta cuando los ciudadanos vayan a adquirir sus medicamentos.

Paremos los desahucios

El PSOE ha pedido a bancos y cajas de ahorros que hasta que se modifique la ley paralicen los desahucios ante la catástrofe social que están suponiendo los numerosos casos de desalojo que cada día se están produciendo en nuestro país. La brutal realidad de los acontecimientos hace necesario que ahora mismo lo urgente sea que primero pensemos en las personas y que después establezcamos todas las consideraciones que sean necesarias. Las iniciativas que en este sentido hemos estado poniendo sobre la mesa los socialistas han hecho reflexionar por fin al gobierno de Rajoy, que ha decidido sentarse a estudiar la forma de ayudar a quienes el desahucio de su vivienda les ha llevado a la exclusión, a la angustia y, desgraciadamente en algunos casos, a la muerte. Las cifras no dejan lugar a dudas. Los desahucios han puesto ya en la calle a cerca de un millar de familias en la provincia de Almería en el primer semestre del año y es el momento de parar, de acabar con esta lacra y situar la solución a este gravísimo problema en la máxima prioridad de la agenda política.