El rodillo parlamentario del Partido Popular ha vuelto a pasar por encima de las aspiraciones y derechos de los ciudadanos, con la excusa nuevamente de la crisis. En este caso el ataque es sobre algo fundamental, sobre la acción pública de "hacer respetar las leyes", ya que tiene que ver con el acceso de los ciudadanos a la administración de Justicia en nuestro país: la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad.
Me decía un profesor de derecho en la facultad que todos somos libres cada noche a la hora de elegir donde podemos dormir; el problema es que unos pueden elegir entre un hotel de cuatro o cinco estrellas y hay quienes solo pueden elegir entre un portal, un banco de un parque o el puente de una carretera. Pues eso es lo que va a ocurrir aquí con esta reforma del acceso a la justicia.
Todos tenemos derecho a ir a los juzgados y tribunales para defender nuestros derechos cuando creemos que no se han respetado. Eso nos hace a todos iguales ante la Ley y eso es lo que nos hacer ser y sentirnos ciudadanos. Algo tan lógico para todos y a la vez tan importante en una sociedad también quiere cambiarlo el Partido Popular, haciendo que quien quiera acudir a la justicia se vea condicionado por lo que le pueda costar defender sus derechos. Esa obsesión de Rajoy por reducir el déficit público, a base de exprimir como un limón el bolsillo de los ciudadanos, le ha llevado en esta ocasión a hacer una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales. Si creo que tengo razón en la defensa de mis derechos, para que me la puedan dar, primero tengo que valorar si tengo o me puedo gastar una determinada cantidad de dinero.
Los socialistas presentamos un veto en el Senado, para parar este nuevo ataque a los ciudadanos, que fue rechazado nuevamente por la mayoría que tiene la derecha en esta cámara. El colmo ha sido que con la cantidad de pleitos que está generando la reforma laboral, en lugar de poner más jueces para que puedan resolver antes, lo que han hecho es extender a la jurisdicción social el copago judicial, en los recursos en segunda instancia de súplica o casación.
Los ciudadanos quieren que la justicia se continúe financiando con cargo a los Presupuestos Generales, que es la garantía de un acceso universal a la misma. Además, también es lo que piensan abogados, procuradores, las asociaciones profesionales del Derecho y la judicatura, entidades ciudadanas y colectivos de todo tipo. La sociedad española le está diciendo a Rajoy que así no puede hacer las cosas.
Si hasta ahora hemos sido usuarios de los servicios que nos prestan los poderes públicos, de aquí a nada seremos ni más ni menos que clientes en un nuevo alarde del gobierno de Rajoy de socavar nuestros derechos constitucionales. Con el PP, hay que pagar más por ejercerlos. Los ejemplos de lo que digo se pueden encontrar en cualquier faceta de nuestra vida diaria. Desde recurrir un despido improcedente a reclamar el pago de una factura, desde apelar una sentencia desfavorable a pleitear por un derecho no reconocido; todo el espectro jurídico en el que nos movemos será más caro y, por tanto, disuasorio para quienes no tienen recursos suficientes. Como muestra, un botón: con la reforma que prepara el gobierno, recurrir una multa de tráfico de 300 euros puede costarnos otros 150.
Así las cosas, es de suponer que será el mismo Tribunal Constitucional el que al final de pronuncie sobre la constitucionalidad de estas nuevas medidas recaudatorias del Partido Popular, que con sus acciones están demostrando a toda la sociedad que el problema que vivimos en este momento no es la herencia, como quieren trasladar, sino cómo están gestionando los herederos las cosas de todos.
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