El futuro de la agricultura almeriense se juega en Europa. La pertenencia de nuestro país a la comunidad europea marca las claves del sector para los próximos años y, por lo tanto, las del desarrollo de nuestra provincia como líder en la exportación de frutas y hortalizas alrededor del planeta.
La Política Agrícola Común (PAC) ha destacado desde el ingreso de España en la Unión Europea en 1986 como un instrumento fundamental en la gestión del sector primario y de su industria auxiliar que, en el caso almeriense, tan buenos resultados ofrece. En estos 27 años, Andalucía ha recibido alrededor de 40.000 millones de euros de los que el 90% han sido ayudas directas a productores y para mecanismos de gestión de mercado y el resto para desarrollo rural.
Las dimensiones de esa apuesta por el campo almeriense desde Europa se reflejan en el apoyo a más de 20.000 explotaciones agrícolas y ganaderas, empresas agroalimentarias y organizaciones de productores durante 2012 con unos 60 millones y en que, en concreto, unos 10.000 agricultores se beneficiaran de unos pagos directos por valor de 23 millones de euros que vienen a complementar sus rentas.
Conscientes de la importancia de las cantidades de las que estamos hablando y de la repercusión de las mismas en el tejido productivo de la provincia, desde el PSOE estamos trabajando intensamente en Europa para que la reforma del marco presupuestario de la PAC, que se debate en estos momentos, responda de verdad a los problemas del sector.
Las ayudas europeas se tienen que dirigir realmente a aquellos hombres y mujeres que trabajan en el campo y garantizan el mantenimiento del medio rural y la actividad económica de nuestros pueblos y, bajo estas premisas, tanto por parte de los eurodiputados socialistas como por parte de la propia Junta de Andalucía estamos incidiendo en la necesidad de mantener la actual aportación que reciben nuestros agricultores.
La cuestión es vital si se tiene en cuenta que los designios de la Unión Europea están en estos momentos en manos de una amplia mayoría conservadora. Esa hegemonía de la derecha también ha llevado a que, lejos de incentivar las economías nacionales con la finalidad de crear empleo y poder salir de la crisis teniendo en cuenta a la ciudadanía, los presidentes de los Gobiernos europeos hayan acordado un radical recorte en el presupuesto global para los próximos años 2014-2020 que, para empezar, se traduce en menos dinero para la Política Agrícola Común.
Votar a la derecha o a la izquierda en Europa también tiene sus consecuencias en nuestro día a día, como volvemos a comprobar una vez más en una cuestión de calado como la agricultura. Por eso, desde el PSOE advertimos en su momento de que el nuevo presupuesto europeo era claramente insuficiente y hemos alertado de que las ayudas directas que los agricultores van a dejar de percibir como consecuencia de esa injusta decisión se reducirán en un 12 por ciento a lo que se sumará otro tajo del 10% en las relacionadas con el desarrollo rural.
Ante esa cruda realidad, y a través de un trabajo realizado junto a las organizaciones agrarias a nivel andaluz, desde el PSOE y la Junta de Andalucía estamos exigiendo al Gobierno de Rajoy que sea contundente en la defensa de nuestro campo para que la negociación actual responda a nuestros intereses. Tenemos que obligar a Rajoy a que demande tanto a sus colegas europeos como dentro de su propio Gobierno que la PAC suponga una apuesta decisiva por el desarrollo rural que garantice la igualdad de oportunidades y la fijación de la población en todo el territorio de la comunidad andaluza.
La incertidumbre actual en el sector ante la falta de un marco presupuestario que aún no está claro –las deliberaciones europeas se cerrarán en junio y España tendrá después que desarrollar su propia normativa interna al respecto-, debe de ser clarificada por un PP que bien podría, por una vez, alinearse con la firme posición andaluza. Si necesitan de ideas para cumplir con el sector, les animo a que las tomen prestadas del PSOE. Todo sea para que dejen de comprometer el futuro de más de 200.000 explotaciones andaluzas y los cerca de 300.000 empleos generados por el sector.
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