El Gobierno del Partido Popular se ha marcado en rojo la fecha del 26 de abril. En ese día, Mariano Rajoy ha asegurado que anunciará un nuevo paquete de recortes. Será una jornada para echarse a temblar porque mucho nos tememos que volverá a tocar impuestos, pensiones y que incorporará nuevas medidas más restrictivas de las ya impuestas en la reforma laboral que aprobó el PP hace ahora un año.
Más austeridad, más recesión y menos derechos es la receta que prepara Rajoy antes de que termine el mes en un escenario en el que Bruselas acaba de rebajar las previsiones económicas que el Gobierno manejaba para 2014, al considerar el Ejecutivo comunitario que la recesión persistirá el próximo año en nuestro país. Y eso significa que será imposible crear empleo, que aumentarán las tasas de paro y que más familias de las que ya se encuentran en una situación cercana a la indigencia, se sumarán a la condición de pobres.
Desde el PSOE venimos insistiendo en que es necesario revertir la desquiciada política económica del Gobierno que ha hecho del déficit su única religión y ni en eso ha cumplido. Resulta vergonzoso que el ministro Montoro intentara maquillar las cuentas de 2012 ante Bruselas ocultando que atrasó a 2013 la devolución de hasta 10.000 millones de euros de distintos impuestos, con la absurda trampa de dibujar una realidad distinta a la que tenemos.
La única salida que le queda al Gobierno, en mi opinión, pasa por negociar un aplazamiento del calendario del déficit con la UE y potenciar las inversiones para estimular la economía, porque es imposible que nuestra situación pueda soportar más recortes o ajustes. Resulta intolerable que el Ejecutivo de Rajoy no pida a los bancos rescatados con miles de millones de euros que concedan créditos o que no ponga en marcha un mecanismo de recaudación rápida de las tasas sobre las transacciones financieras.
Ante la negativa del Gobierno a cambiar su política económica, el PSOE mantiene abiertos todos los frentes en su lucha contra la pobreza y la exclusión social para lograr un compromiso nacional que implique a ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central a través de la creación de un Fondo de Emergencia dotado con 1.000 millones de euros y que estaría destinado a la infancia, los mayores y las familias que no tengan recursos.
De esos 1.000 millones, 400 se reservarían a los servicios sociales de los ayuntamientos y estarían destinados a aumentar las ayudas a la alimentación, gastos de vivienda, material escolar o ayuda a domicilio, entre otros servicios. Otros 400 millones los administrarían las comunidades autónomas para aumentar los beneficiarios de rentas mínimas de inserción. Los 200 millones restantes se dedicarían a la convocatoria extraordinaria de subvenciones a las ONGs del Tercer Sector para doblar los fondos anuales que tienen para este año.
Actualmente, según los últimos datos de UNICEF, en España una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de pobreza. De ellas, más de 2 millones son niños. Una realidad a la que se ha llegado por el desempleo generado por la crisis económica y que se ha visto especialmente agravada por las políticas antisociales del PP. Los socialistas calculamos que de este fondo podrían beneficiarse más de 500.000 familias, permitiría crear o mantener 30.000 empleos, y ampliaría en 83.000 las personas perceptoras de las rentas mínimas de inserción.
El Partido Popular ya ha dicho no a esta propuesta. Cabe ahora preguntarse qué podemos esperar de este Gobierno que es incapaz de mirar por sus propios ciudadanos y que se niega aliviar la situación de decenas de miles de familias a través de las medidas que proponemos para frenar la pobreza.
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