Que la reforma educativa que pretende imponer el Gobierno del PP no convence a nadie ha quedado esta semana más en evidencia que nunca cuando el propio hermano del ministro que la promueve, a instancias de un presidente de Gobierno que no sabe ni que lo es, ha impartido una de sus clases como profesor en la Universidad de Castilla La Mancha en la calle como medida de protesta contra la norma. La imagen, que ha dado la vuelta al país, es un símbolo claro de la falta de diálogo que los populares mantienen en cada una de las decisiones que adoptan y en las que únicamente priman los criterios mercantilistas e ideológicos.
Los socialistas hemos apoyado la huelga educativa convocada el pasado jueves en todos los niveles formativos. Y el éxito de la misma, lejos de aquellos resignados ciudadanos que expresan que no se puede hacer nada para evitar la caída por el abismo a la que el PP nos empuja una y otra vez, ha provocado que la aprobación hoy en Consejo de Ministros de la mal llamada Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se retrase. Se ha ganado una batalla, atención, pero no la guerra.
Por ello, no cabe duda de que toda la comunidad educativa –padres, alumnos y docentes- debe de permanecer unida en la defensa de sus reivindicaciones, que son muchas y justas. El nuevo modelo educativo al que nos conduce el PP es la antítesis de un sistema que busca la equidad e intenta compensar las desigualdades dando oportunidades a todos.
La Ley Wert viene a consumar los recortes emprendidos por Rajoy en educación desde que llegara al Gobierno, diseñando un sistema más barato que separa y selecciona a los alumnos -adelantando itinerarios y recuperando las reválidas-, en lugar de ofrecer una atención a la diversidad con apoyos y refuerzos, que es más cara. Además, apoya implícitamente la religión católica, que vuelve prácticamente como asignatura obligatoria mientras que también respalda firmemente la enseñanza concertada frente a la pública y sigue financiando a los colegios que separan por sexo.
Sólo la movilización en las aulas y las calles ha hecho al PP replantear el tema –o, al menos, tratar de aprobarlo a escondidas algo más adelante como muchos nos tememos-. Ni siquiera el pronunciamiento del Consejo de Estado desautorizando las partes más importantes del anteproyecto de Ley y considerando un grave error la eliminación de la asignatura Educación para la Ciudadanía había hecho inmutarse a Wert y a Rajoy, gozosos de poder arrollar la voluntad de la gente.
La reforma es la guinda del pastelón que nos están haciendo comer en forma de recortes por importe de más de 6.700 millones de euros en los presupuestos educativos desde 2010, lo que se ha traducido en una importante pérdida de plantillas –pese a que comunidades como la Junta de Andalucía han tratado de minimizar al máximo su impacto-, la desaparición de todo tipo de apoyos y refuerzos para los alumnos con dificultades y condiciones de acceso a becas mucho más duras. De hecho, en Almería se calcula que unos 800 alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos se han quedado sin beca estatal mientras que la Junta redobla sus esfuerzos con fondos y programas de apoyo propios con los que intenta paliar estas incomprensibles decisiones.
También en el ámbito universitario se han endurecido los requisitos académicos para conseguir y mantener las becas –además de acabar con algunas de movilidad dentro del país y reducir radicalmente las Erasmus para aprender idiomas y formarse en centros europeos-. Los populares, para colmo, han aumentado de manera importante el precio de las matrículas, sobre todo, para los repetidores y en los másteres –la Junta también en este caso ha evitado una subida desorbitada poniendo más financiación propia- empezando a convertir la Universidad en la educación a la que sólo podrán aspirar los hijos de sus militantes ricos y no los del conjunto de la sociedad azotada por el desempleo y la reducción de sueldos.
Sobran los motivos, de hecho podría seguir apuntando muchos más en este artículo, para exigir al PP que retire esta Ley y que aporte más recursos en lugar de quitarlos. La educación española no necesita más reválidas ni más catecismos sino más becas, más recursos y más consenso que es lo que sí, por mucho que le duela a la derecha de este país, ha aportado el PSOE durante sus gobiernos tanto en España como en comunidades como Andalucía. Hagamos que el PP vuelva a clase a estudiar entre todos porque está claro que en educación no tienen bien aprendida la lección.
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