En defensa de Andalucía

El Partido Popular nunca ha creído en Andalucía, en una tierra arrinconada por la dictadura en su desarrollo económico y social y que se ha hecho grande y fuerte gracias a los gobiernos socialistas. Nunca ha creído en el potencial de sus hombres y mujeres, en el empuje de sus sectores estratégicos o en la igualdad de oportunidades que han ido creciendo en torno a la educación, la sanidad o los servicios sociales. Históricamente la derecha ha demostrado su desapego por esta tierra, de la que sólo ha buscado el negocio y el enriquecimiento rápido a golpe de pelotazo y especulación, porque nunca ha tenido fe en sus investigadores o en el desarrollo y la innovación que, en cambio, sí han conseguido el reconocimiento internacional que la derecha y su coro mediático de forma sistemática nos niega.

No se puede entender de otra forma tanto ataque, tanta discriminación, tanta zancadilla traicionera de un partido que se descamisa para pedir el voto y cuando entra en su cortijo, que es como el PP entiende el gobierno, se pone el traje de cacique, el de señorito que nos trata de ignorantes, en el convencimiento de que cuanto peor nos vaya a los andaluces y andaluzas mejor les irá a ellos.

Desde hace un año y medio, toda la sociedad andaluza está comprobando día tras día como el Ejecutivo de Rajoy se ríe en nuestra cara diseñando una estrategia de acoso y derribo como nunca antes se había visto. A cada medida que toma el Gobierno andaluz a favor de los ciudadanos, el Partido Popular responde con un recurso judicial, tal y como ha ocurrido recientemente con la subasta de medicamentos o con el decreto anti desahucios.

El gobierno del Partido Popular, no contento con el tremendo daño que nos está infringiendo al recurrir estas iniciativas en defensa de los más desfavorecidos, ha rechazado también que Andalucía reciba las inversiones estatales contempladas en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía que establece que si Andalucía tiene el 17,9 por ciento de la población, tiene que recibir el mismo porcentaje de las inversiones. Así de sencillo, así de claro y así de justo.

Este rechazo por motivos políticos al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto supone en la práctica que Andalucía deje de recibir 2000 millones de euros, de los que más de 1500 millones están certificados por la Intervención General del Estado. La decisión del PP solo tiene por objetivo, no se me ocurre otro, el impedir con una vergonzosa premeditación que no podamos recorrer nuestro propio camino con recursos financieros suficientes para la reactivación económica y la creación de empleo.