Llama la atención que el Gobierno de Rajoy y las grandes empresas de suministro eléctrico o de agua se hayan lanzado rápidamente a poner en duda la medida que estudia la Junta de Andalucía para garantizar que estos servicios no puedan ser suspendidos a familias en riesgo de exclusión social. Igual hemos perdido por el camino de esta espantosa crisis los valores de solidaridad que son inherentes al ser humano.
La iniciativa, aprobada en la reciente Conferencia Política del PSOE en la que decidimos plasmar por escrito que impediremos por ley que se le corte el agua o la luz a las personas en situación de pobreza, está siendo valorada por el Gobierno andaluz para estudiar caso por caso las situaciones personales de todo aquel que esté en una situación de vulnerabilidad social.
En Alemania, con unos niveles de pobreza infinitamente menores a los de España, el gobierno paga la calefacción y el alquiler a los parados de larga duración sin que nadie se haya rasgado las vestiduras. Y esto es así porque la principal preocupación que debe de tener un gobierno, cualquier gobierno, es la de atender a sus ciudadanos. En esa línea van los pasos que está dando el Gobierno andaluz a través del paquete de medidas sociales que se aprobaron el pasado mes de mayo para asegurar, por ejemplo, el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
También siguen esta senda las medidas urgentes contra la Exclusión Social que tienen por objeto garantizar tres comidas diarias a menores cuyas familias tienen graves problemas económicos; la contratación a través de los ayuntamientos de personas en riesgo de exclusión social o el aumento de la partida destinada al salario social. Y de ahí no nos bajará nadie, porque todo lo que no sea invertir en estas cuestiones fundamentales, por encima de otros oscuros intereses, será ir contra las personas, poner el mundo del revés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario