Desde su llegada a La Moncloa, el Gobierno de Mariano Rajoy ha venido aplicando drásticos recortes que han supuesto la asfixia económica a la Ley de Dependencia. Este tijeretazo está afectando especialmente a nuestra Comunidad, ya que suma casi una cuarta parte del total de las prestaciones del conjunto del país. Andalucía, en ese contexto de castigo a los dependientes, ha dejado de recibir en solo dos años 314 millones de euros al reducir su aportación el Ejecutivo central del 50% al 28%. Esta despiadada política contra los más vulnerables ha ocasionado también un perverso efecto indirecto sobre miles de personas que se han visto afectadas en Andalucía por la eliminación de la cotización a la seguridad social de las cuidadoras y cuidadores en el entorno familiar.
A pesar de los duros recortes aplicados por el Gobierno de Rajoy y las constantes zancadillas que en esta materia está poniendo también el Partido Popular en nuestra provincia, con constantes salidas de tono y mintiendo de forma descarada en un asunto tan sensible, el Gobierno andaluz sigue dando pasos firmes para atender a los dependientes. De ahí, que esta misma semana la Junta haya anunciado que reforzará la atención a la dependencia con una aportación extra de más de 850 mil euros, que se distribuirán entre la Diputación Provincial de Almería y los seis municipios con más de 20.000 habitantes.
El compromiso del Gobierno andaluz se traduce en un nuevo esfuerzo durante este año para garantizar la tasa de reposición y el incremento paulatino del número de beneficiarios de la Ley de la Dependencia. De esta manera, el objetivo que se persigue es llegar a la cobertura de años anteriores en un contexto, insisto, de brutales recortes en la financiación proveniente del Gobierno central.
Las cifras, no dejan lugar a dudas sobre las prioridades del Gobierno andaluz con las personas que necesitan ser atendidas en un momento de sus vidas en las que cualquier ayuda es poca. Durante el pasado año 2013 la Junta de Andalucía ha destinado en la provincia más de 100 millones de euros para el mantenimiento de servicios como la ayuda a domicilio o los centros residenciales y unidades de estancia diurna para la atención de personas mayores y con discapacidad.
Por el contrario, lo que está haciendo la derecha es promocionar directamente los servicios privados frente a los cuidados familiares, además de perjudicar el desarrollo de una red pública de calidad. Las nuevas medidas introducidas por el Gobierno de Rajoy a finales de diciembre - en Navidad y de tapadillo- suponen castigar de nuevo a las personas dependientes y a sus familias, a sus cuidadoras y los profesionales y entidades que trabajan en los servicios de atención de dependencia.
El Gobierno ha derogado mediante decreto ley la revalorización de las prestaciones económicas de la atención a la dependencia, ha introducido farragosos trámites burocráticos, ha reducido la intensidad de los servicios y ha eliminado la compatibilidad entre los mismos. Es decir, si ya había dejado la Ley de Dependencia moribunda con sus anteriores decisiones, ahora lo que hace es desconectar todas y cada una de las medidas que aún quedaban para su soporte vital.
Andalucía no se va a rendir ante este nuevo y cruel ataque contra las personas. La estrategia de futuro del Gobierno andaluz en materia de dependencia tiene dos prioridades: apostar por servicios de calidad y generar empleo. El compromiso de Andalucía pasa por mantener una interlocución continua con los agentes y entidades sociales en un marco de colaboración y transparencia. En esa línea, vamos a seguir apoyando a las personas dependientes y a sus familias como garantía de defensa del Estado del Bienestar.
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