Una presidenta comprometida

El Gobierno andaluz ultima un nuevo decreto para facilitar a los ayuntamientos reducir los plazos de tramitación de los planeamientos urbanísticos. Se trata de una normativa que pretende agilizar y hacer más dinámica la gestión de los procedimientos. Así lo ha anunciado la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, ante la necesidad de que se simplifiquen, integren y armonicen los informes preceptivos que se tienen que emitir por parte de la Junta.

Este impulso que quiere liderar también Andalucía en esta materia, nace del convencimiento de que, en un momento como el que vivimos, tenemos que revisar nuestras normas y hacerlas compatibles con el desarrollo económico de Andalucía y con el respeto a nuestro patrimonio natural. Tal y como apuntaba la presidenta de la Junta, entre todos debemos de hacer de la Comunidad andaluza un territorio equilibrado y vertebrado, donde todos gocemos de las mismas oportunidades.

Susana Díaz también ha mostrado su compromiso con la reactivación de la construcción, recordando que hay 600.000 andaluces que han perdido sus empleos desde el inicio de la crisis y que viven de esta actividad. En ese contexto, la realidad con la que nos encontramos es que muchas empresas están necesitadas de que se impulse un sector que resulta estratégico para el crecimiento de Andalucía como motor de generación de empleo.

El crecimiento, desde este punto de vista, hay que compatibilizarlo con una férrea protección de los ciudadanos al derecho a la vivienda, con la defensa del patrimonio natural y aprendiendo de aquello que no funcionó; poniendo pie en pared a la especulación como elemento clave de lo que terminó demonizando la construcción y las consecuencias que se derivaron de ello.

En este aspecto, tal y como ha señalado Susana Díaz, necesitamos que también Europa sea competitiva y más próspera protegiendo su medio ambiente y haciendo bandera del desarrollo sostenible. Los ciudadanos aspiran a que las señas de identidad de la forma europea de ver el progreso se conjuguen con estrategias globales de sostenibilidad, con acciones concretas que nos permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para problemas tan concretos como estos, los ciudadanos demandan soluciones concretas, valientes, pero también exigentes con el respeto a nuestro patrimonio natural, y diligentes. De ahí, que el Gobierno andaluz pretenda que la nueva normativa pueda dar ya sus primeros pasos este mismo mes de febrero.