Nos hemos metido de lleno en el mes de julio y nuestro sector económico más potente, la agricultura, sigue sin noticias del Gobierno de Rajoy, que continúa haciendo oídos sordos a las legítimas reivindicaciones de los agricultores para que se modifiquen las nuevas tarifas eléctricas que se han aplicado al regadío. Es ahora, durante los meses de verano fundamentalmente, cuando el sector tendrá que hacer encaje de bolillos para salir adelante debido a la falta de sensibilidad y a la vergonzosa actitud del Gobierno con nuestra agricultura.
El Ejecutivo del PP está haciendo pagar a agricultores y ganaderos una factura eléctrica que les perjudica gravemente al haberles aplicado una subida escandalosa en el coste de este suministro necesario que, como poco, duplica el precio de la electricidad que venían pagando, comprometiendo muy seriamente la rentabilidad de sus cultivos.
Tenemos la factura eléctrica más cara de nuestra historia, en nuestras casas y en nuestros campos, de cuyas subidas no se ha librado nadie en España. En el caso de los regantes, además, la situación es sangrante ya que pagan recibos elevadísimos por la electricidad en temporadas en las que no riegan ni consumen energía. Además de percibir precios bajos por sus productos, los agricultores están obligados a pagar un precio carísimo por la potencia contratada durante todo el año, incluidos los meses en los que no hacen uso de la energía eléctrica.
El Gobierno del Partido Popular pone de manifiesto con la normativa aprobada en agosto del año pasado que, una vez más, trabaja para las grandes compañías eléctricas ya que les ha garantizado, mediante la indecente normativa aplicada, unos cuantiosos ingresos a costa de los regantes, que son unos de los grandes paganos de este nuevo abuso del Gobierno.
Lo ocurrido es desproporcionado. Atenta contra la lógica más elemental que se pague muchísimo más por la potencia contratada que por el consumo real, algo que está ocurriendo en el regadío pero también en otros muchos ámbitos, como es el caso de las comunidades de propietarios.
El Parlamento andaluz ya se pronunció sobre este asunto a través de una Proposición No de Ley que defendimos desde el Grupo Socialista. Hemos instado al Gobierno a que se modulen las tarifas sobre el regadío para evitar los elevados incrementos en las tarifas eléctricas que se aplican al sector agrario desde agosto de 2013 y que afectan de manera notable a la agricultura de Almería.
En todo caso, y a pesar de las protestas que ha protagonizado el sector y de las iniciativas que hemos desarrollado los socialistas en todos los ámbitos: Cortes Generales, Parlamento andaluz, ayuntamientos y diputaciones, el Gobierno de Rajoy sigue sin atender ninguna de las reivindicaciones que se han realizado en este sentido.
Almería es una de las provincias más punteras en materia de regadíos y ha dado pruebas más que suficientes de su apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación en este campo. Sin embargo, las zancadillas que le está poniendo Rajoy al sector con medidas como estas - también con la Política Agraria Común, donde Andalucía perderá más de 500 millones de euros - mientras se ha negado a aprobar la rebaja fiscal que reclama nuestro campo o ayudas para paliar la sequía extrema que sufrimos, pueden hacer que muchos agricultores terminen abandonando sus explotaciones debido a las insoportables cargas a las que tienen que hacer frente. Se fue Arias Cañete, dejando una herencia envenenada para la agricultura y no parece que su sucesora, ni tampoco el ministro de Industria, tengan la intención de apostar decididamente por nuestra agricultura, que tiene en el Gobierno de Rajoy, más que un aliado, un cruel enemigo.
El Ejecutivo del PP está haciendo pagar a agricultores y ganaderos una factura eléctrica que les perjudica gravemente al haberles aplicado una subida escandalosa en el coste de este suministro necesario que, como poco, duplica el precio de la electricidad que venían pagando, comprometiendo muy seriamente la rentabilidad de sus cultivos.
Tenemos la factura eléctrica más cara de nuestra historia, en nuestras casas y en nuestros campos, de cuyas subidas no se ha librado nadie en España. En el caso de los regantes, además, la situación es sangrante ya que pagan recibos elevadísimos por la electricidad en temporadas en las que no riegan ni consumen energía. Además de percibir precios bajos por sus productos, los agricultores están obligados a pagar un precio carísimo por la potencia contratada durante todo el año, incluidos los meses en los que no hacen uso de la energía eléctrica.
El Gobierno del Partido Popular pone de manifiesto con la normativa aprobada en agosto del año pasado que, una vez más, trabaja para las grandes compañías eléctricas ya que les ha garantizado, mediante la indecente normativa aplicada, unos cuantiosos ingresos a costa de los regantes, que son unos de los grandes paganos de este nuevo abuso del Gobierno.
Lo ocurrido es desproporcionado. Atenta contra la lógica más elemental que se pague muchísimo más por la potencia contratada que por el consumo real, algo que está ocurriendo en el regadío pero también en otros muchos ámbitos, como es el caso de las comunidades de propietarios.
El Parlamento andaluz ya se pronunció sobre este asunto a través de una Proposición No de Ley que defendimos desde el Grupo Socialista. Hemos instado al Gobierno a que se modulen las tarifas sobre el regadío para evitar los elevados incrementos en las tarifas eléctricas que se aplican al sector agrario desde agosto de 2013 y que afectan de manera notable a la agricultura de Almería.
En todo caso, y a pesar de las protestas que ha protagonizado el sector y de las iniciativas que hemos desarrollado los socialistas en todos los ámbitos: Cortes Generales, Parlamento andaluz, ayuntamientos y diputaciones, el Gobierno de Rajoy sigue sin atender ninguna de las reivindicaciones que se han realizado en este sentido.
Almería es una de las provincias más punteras en materia de regadíos y ha dado pruebas más que suficientes de su apuesta por las nuevas tecnologías y la innovación en este campo. Sin embargo, las zancadillas que le está poniendo Rajoy al sector con medidas como estas - también con la Política Agraria Común, donde Andalucía perderá más de 500 millones de euros - mientras se ha negado a aprobar la rebaja fiscal que reclama nuestro campo o ayudas para paliar la sequía extrema que sufrimos, pueden hacer que muchos agricultores terminen abandonando sus explotaciones debido a las insoportables cargas a las que tienen que hacer frente. Se fue Arias Cañete, dejando una herencia envenenada para la agricultura y no parece que su sucesora, ni tampoco el ministro de Industria, tengan la intención de apostar decididamente por nuestra agricultura, que tiene en el Gobierno de Rajoy, más que un aliado, un cruel enemigo.
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