El Colegio de Abogados de Almería ha celebrado esta semana su fiesta de Santa Teresa. En el acto de incorporación de nuevos colegiados y de reconocimiento a quienes suman 25 años en la profesión o en el colegio, alguien comentaba que llevar casi un año sin un gobierno ha supuesto la no aprobación de muchas normas y por tanto un tiempo de tranquilidad para los profesionales que no han tenido que reciclarse mucho y estudiar los cambios normativos.
A renglón seguido, se afirmaba que esa situación ha supuesto que la sociedad no esté teniendo los cambios normativos que la propia sociedad demanda y de lo cual - esto lo añado yo- los resultados electorales son un fiel reflejo. ¿Cuántas normas se podrían haber aprobado o cambiado desde diciembre de 2015? En estas últimas semanas, aunque de forma testimonial, hemos tenido varios ejemplos de los cambios que precisamente la falta de mayoría permiten realizar a los grupos políticos.
El Congreso de los Diputados, a pesar del escaso interés que ha mostrado su presidenta, Ana Pastor, por su funcionamiento, ha sido el escenario de varios debates que pueden haber pasado desapercibidos para la opinión pública pero que han estado a la altura de las demandas de la ciudadanía. En uno de ellos, el pleno del Congreso aprobaba por 175 votos a favor, 133 en contra y 34 abstenciones la paralización inmediata del calendario de implantación de la reforma educativa y la derogación tanto del Real Decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato como de la LOMCE.
Esta misma semana, la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso también aprobaba con 18 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones, una Proposición No de Ley del Grupo Socialista en la que se exige al Gobierno en funciones que elimine o reduzca las peonadas requeridas para el subsidio agrario. Con esta iniciativa, los socialistas buscamos que el Gobierno ayude al sector agrario andaluz, ya que la actividad agraria es la principal fuente de empleo en más de la mitad de los municipios andaluces y extremeños, por lo que esa reducción del número de peonadas contribuye al sustento de muchísimas familias.
Otro de los ejemplos de lo ocurrido en el Congreso, donde la oposición se posiciona frente a un PP que no tiene ya mayoría, fue la aprobación de la creación de una comisión para investigar el supuesto uso partidista de los medios del Ministerio del Interior por parte de su titular, Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de actuar judicialmente contra determinados partidos a través de una "policía política". La iniciativa fue respaldada con 206 votos de los grupos solicitantes, entre los que se encontraba el PSOE, y el rechazo de los ‘populares’.
La actividad parlamentaria ha sumado esta semana, además, una nueva iniciativa que pretende obtener también el apoyo mayoritario de la Cámara para revalorizar las pensiones en 2017 y deshacer otra de las clamorosas injusticias protagonizadas por el Partido Popular durante la legislatura de la mayoría absoluta de Rajoy.
Además de legislar para que los pensionistas no vuelvan a perder poder adquisitivo un año más, la proposición de Ley que los socialistas hemos registrado junto a otros grupos políticos, contempla medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social, ante el roto que el Gobierno de Rajoy le ha hecho a la hucha de las pensiones.
La conclusión que podemos extraer de todo esto es que a pesar de que el gobierno está en funciones, la vida parlamentaria existe, aunque no funcione al ritmo que necesitamos. En ese contexto, el Partido Popular está encantando porque no se materializan los cambios en las políticas que ha aplicado y que tanto dolor han ocasionado, pese a estar ahora en minoría. Y es eso, precisamente –que no tiene mayoría- lo que permite al resto de fuerzas políticas impulsar las medidas que demanda la sociedad, pero que tras nueve meses sin gobierno acumulan un considerable retraso. La legislación está parada y el PP está encantado. Mientras, la sociedad se desespera al ver que no llegan los cambios que son posibles y que están esperando.
A renglón seguido, se afirmaba que esa situación ha supuesto que la sociedad no esté teniendo los cambios normativos que la propia sociedad demanda y de lo cual - esto lo añado yo- los resultados electorales son un fiel reflejo. ¿Cuántas normas se podrían haber aprobado o cambiado desde diciembre de 2015? En estas últimas semanas, aunque de forma testimonial, hemos tenido varios ejemplos de los cambios que precisamente la falta de mayoría permiten realizar a los grupos políticos.
El Congreso de los Diputados, a pesar del escaso interés que ha mostrado su presidenta, Ana Pastor, por su funcionamiento, ha sido el escenario de varios debates que pueden haber pasado desapercibidos para la opinión pública pero que han estado a la altura de las demandas de la ciudadanía. En uno de ellos, el pleno del Congreso aprobaba por 175 votos a favor, 133 en contra y 34 abstenciones la paralización inmediata del calendario de implantación de la reforma educativa y la derogación tanto del Real Decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato como de la LOMCE.
Esta misma semana, la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso también aprobaba con 18 votos a favor, 14 en contra y cuatro abstenciones, una Proposición No de Ley del Grupo Socialista en la que se exige al Gobierno en funciones que elimine o reduzca las peonadas requeridas para el subsidio agrario. Con esta iniciativa, los socialistas buscamos que el Gobierno ayude al sector agrario andaluz, ya que la actividad agraria es la principal fuente de empleo en más de la mitad de los municipios andaluces y extremeños, por lo que esa reducción del número de peonadas contribuye al sustento de muchísimas familias.
Otro de los ejemplos de lo ocurrido en el Congreso, donde la oposición se posiciona frente a un PP que no tiene ya mayoría, fue la aprobación de la creación de una comisión para investigar el supuesto uso partidista de los medios del Ministerio del Interior por parte de su titular, Jorge Fernández Díaz, con el objetivo de actuar judicialmente contra determinados partidos a través de una "policía política". La iniciativa fue respaldada con 206 votos de los grupos solicitantes, entre los que se encontraba el PSOE, y el rechazo de los ‘populares’.
La actividad parlamentaria ha sumado esta semana, además, una nueva iniciativa que pretende obtener también el apoyo mayoritario de la Cámara para revalorizar las pensiones en 2017 y deshacer otra de las clamorosas injusticias protagonizadas por el Partido Popular durante la legislatura de la mayoría absoluta de Rajoy.
Además de legislar para que los pensionistas no vuelvan a perder poder adquisitivo un año más, la proposición de Ley que los socialistas hemos registrado junto a otros grupos políticos, contempla medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social, ante el roto que el Gobierno de Rajoy le ha hecho a la hucha de las pensiones.
La conclusión que podemos extraer de todo esto es que a pesar de que el gobierno está en funciones, la vida parlamentaria existe, aunque no funcione al ritmo que necesitamos. En ese contexto, el Partido Popular está encantando porque no se materializan los cambios en las políticas que ha aplicado y que tanto dolor han ocasionado, pese a estar ahora en minoría. Y es eso, precisamente –que no tiene mayoría- lo que permite al resto de fuerzas políticas impulsar las medidas que demanda la sociedad, pero que tras nueve meses sin gobierno acumulan un considerable retraso. La legislación está parada y el PP está encantado. Mientras, la sociedad se desespera al ver que no llegan los cambios que son posibles y que están esperando.
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