Poco antes de que el PP ganara las elecciones generales de 2011, el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, sorprendía a propios y extraños con un titular, en la portada de un diario de tirada nacional, que helaba la sangre: “La dependencia no es viable”. Llamó la atención que tres días antes de aquellos comicios, Rajoy fuese tan poco cauto. Sin embargo, miren por dónde, esa afirmación -que escondía una gran mentira-, se ha convertido a la postre en la única verdad que anticipó de su descomunal agenda oculta.
Por ley, el Estado y las comunidades autónomas tienen la obligación de cofinanciar la Ley de Dependencia al 50%, aunque desde el año 2012 el Gobierno del PP se ha dedicado a incumplir esa obligación. Como resultado, en los últimos cuatro años el Gobierno central ha acumulado con Andalucía una deuda en materia de dependencia de 508 millones de euros. Afortunadamente, el Gobierno de Susana Díaz decidió que en Andalucía la dependencia se iba a mantener, aunque para ello hubiera que compensar con fondos propios el dinero que Rajoy estaba dejando de poner. Hasta el punto de que este año la Junta de Andalucía ha tenido que asumir prácticamente el 80 % de su financiación en la comunidad autónoma, mientras que el Gobierno de España sólo aporta el 20%.
De esta manera, los casi 17.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia que existen en la actualidad en la provincia han contado para este año con un presupuesto de 96 millones de euros, de los cuales 75 han sido aportados por la Junta de Andalucía y los 21 restantes por el Estado. Llegados a este punto, es preciso subrayar que si la Junta hubiera hecho como el Gobierno y hubiera puesto esa misma cantidad, 21 millones de euros, 9.000 dependientes de Almería habrían perdido su prestación.
Por lo tanto, los recortes del Gobierno central a la financiación de este derecho han supuesto la pérdida de 27 millones de euros para la provincia de Almería en 2016. Gracias a que la Junta de Andalucía ha decidido reponer esa cantidad, los efectos de este recorte no se han traducido en una pérdida masiva de prestaciones, aunque es evidente que esta situación no puede seguir reproduciéndose en el futuro.
De cara a la Legislatura que acaba de comenzar, los socialistas reclamamos al Gobierno que reponga esos 27 millones de euros que le está escatimando a la provincia de Almería, que es el resultado de restarle a los 48 que debería haber aportado, los 21 que ha terminado poniendo.
Esperamos que en esta Legislatura el Gobierno del PP abandone por las buenas, a través de un pacto de estado, esta política cicatera que ha venido manteniendo, y recupere la financiación de la dependencia al 50%. Asimismo, los socialistas vamos a exigir que el Estado vuelva a hacerse cargo de las cotizaciones de las cuidadoras a la Seguridad Social, revertiendo un recorte que en la provincia de Almería afectó a más de 5.000 personas.
Quitarle a una ley la financiación necesaria es una forma de derogarla en la práctica. Sin embargo, con lo que no contaba Rajoy era con que los andaluces nos hemos ganado el derecho a elegir nuestro propio camino a la hora de proteger la sanidad, la educación o la dependencia. Por lo tanto, Andalucía no va a dar ni un paso atrás en la defensa y mejora de los servicios públicos, por mucho que se empeñe la derecha en desprestigiarlos para abrirle la puerta al capital privado. Ese es el objetivo real que tiene el Partido Popular - tal y como estamos comprobando en los últimos meses con sus ataques a la sanidad-, para hacer prósperos y oscuros negocios a costa de lo público.
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