La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, no ha tenido mejor ocurrencia para inaugurar su mandato que señalar a los pensionistas como los candidatos idóneos para una subida del copago farmacéutico. Después de unos años en los que los pensionistas han cargado sobre sus hombros el peso de ser el sostén económico de sus familias –y esto, por cierto, tras toda una vida de trabajo–, el Gobierno los premia volviendo a meterles la mano en el bolsillo.
Definitivamente, el PP quiere que los que paguen la factura de la crisis sean los colectivos más vulnerables y, entre ellos, se está cebando con los pensionistas. Si no, no se explica que, en sólo cinco años, este Gobierno haya dilapidado el fondo de reserva de las pensiones, poniendo en riesgo las jubilaciones actuales y futuras, y haya consentido que este año los pensionistas vayan a perder poder adquisitivo, por la decisión del Gobierno de no compensar una inflación que se ha disparado al 1,5% este pasado mes de diciembre.
Por si todo esto fuera poco, como digo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere subir otro peldaño más en la escalera del castigo, subiéndoles el copago de los medicamentos, con el supuesto objetivo de mejorar la cuenta de resultados del Sistema Nacional de Salud.
Si lo que busca es ahorrar, lo que debería hacer el Gobierno es poner en marcha mecanismos de eficiencia como los que se están aplicando en Andalucía desde hace años. Aquí, la selección pública de medicamentos ha permitido un ahorro de más de 413 millones de euros desde que se puso en marcha, en el año 2012. Si el Ministerio de Salud hiciera lo mismo y sacara a subasta los medicamentos que compra, podría ahorrar unos 1.500 millones de euros. ¿Por qué no lo hace, entonces? Quizá sea porque prefiere hurgar un poco más en la cartera de los pensionistas que decirle a la industria farmacéutica que tiene que ganar sólo un poquito menos de lo que viene ganando.
La sostenibilidad de las cuentas públicas no es una cuestión que se resuelva a golpe de calculadora, no es un problema matemático. Detrás de los números, hay decisiones políticas que pueden estar pensadas para beneficiar los intereses de los ciudadanos o para favorecer a otros intereses muy distintos.
La propia creación del copago farmacéutico, hace ya cinco años, fue un ejemplo claro de que, en política, hay muy pocas decisiones obligadas. Así, mientras que el Gobierno central quiso venderlo como necesario para la sostenibilidad del sistema, en Andalucía llevamos cinco años sin aplicarlo con toda su crudeza y hemos sobrevivido.
Gracias a la decisión del Gobierno de Susana Díaz de compensar con fondos propios la cantidad que el Gobierno central les pedía a los pensionistas una vez superado el límite que establecían sus ingresos, éstos se han evitado desembolsar un total de 152 millones de euros en los últimos cinco años. La cantidad no es nada desdeñable. Por lo que respecta a nuestra provincia, los pensionistas almerienses se han ahorrado más de 8,5 millones de euros desde julio de 2012 gracias a esta medida.
Por eso, si la ministra de Sanidad quiere ahorrar, lo mejor que puede hacer es mirar lo que se está haciendo en Andalucía. Aquí demostramos que existen otras alternativas para hacer sostenible el sistema sanitario público y que el verdadero ahorro y la eficiencia no se consiguen con medidas injustas que limiten el acceso de la ciudadanía a los tratamientos, sino garantizando una adecuada financiación. Lo que tiene que hacer el Gobierno del Partido Popular no es estudiar nuevos copagos, sino derogar los que ya existen y buscarse otras herramientas para que las cuentas le cuadren.
Definitivamente, el PP quiere que los que paguen la factura de la crisis sean los colectivos más vulnerables y, entre ellos, se está cebando con los pensionistas. Si no, no se explica que, en sólo cinco años, este Gobierno haya dilapidado el fondo de reserva de las pensiones, poniendo en riesgo las jubilaciones actuales y futuras, y haya consentido que este año los pensionistas vayan a perder poder adquisitivo, por la decisión del Gobierno de no compensar una inflación que se ha disparado al 1,5% este pasado mes de diciembre.
Por si todo esto fuera poco, como digo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere subir otro peldaño más en la escalera del castigo, subiéndoles el copago de los medicamentos, con el supuesto objetivo de mejorar la cuenta de resultados del Sistema Nacional de Salud.
Si lo que busca es ahorrar, lo que debería hacer el Gobierno es poner en marcha mecanismos de eficiencia como los que se están aplicando en Andalucía desde hace años. Aquí, la selección pública de medicamentos ha permitido un ahorro de más de 413 millones de euros desde que se puso en marcha, en el año 2012. Si el Ministerio de Salud hiciera lo mismo y sacara a subasta los medicamentos que compra, podría ahorrar unos 1.500 millones de euros. ¿Por qué no lo hace, entonces? Quizá sea porque prefiere hurgar un poco más en la cartera de los pensionistas que decirle a la industria farmacéutica que tiene que ganar sólo un poquito menos de lo que viene ganando.
La sostenibilidad de las cuentas públicas no es una cuestión que se resuelva a golpe de calculadora, no es un problema matemático. Detrás de los números, hay decisiones políticas que pueden estar pensadas para beneficiar los intereses de los ciudadanos o para favorecer a otros intereses muy distintos.
La propia creación del copago farmacéutico, hace ya cinco años, fue un ejemplo claro de que, en política, hay muy pocas decisiones obligadas. Así, mientras que el Gobierno central quiso venderlo como necesario para la sostenibilidad del sistema, en Andalucía llevamos cinco años sin aplicarlo con toda su crudeza y hemos sobrevivido.
Gracias a la decisión del Gobierno de Susana Díaz de compensar con fondos propios la cantidad que el Gobierno central les pedía a los pensionistas una vez superado el límite que establecían sus ingresos, éstos se han evitado desembolsar un total de 152 millones de euros en los últimos cinco años. La cantidad no es nada desdeñable. Por lo que respecta a nuestra provincia, los pensionistas almerienses se han ahorrado más de 8,5 millones de euros desde julio de 2012 gracias a esta medida.
Por eso, si la ministra de Sanidad quiere ahorrar, lo mejor que puede hacer es mirar lo que se está haciendo en Andalucía. Aquí demostramos que existen otras alternativas para hacer sostenible el sistema sanitario público y que el verdadero ahorro y la eficiencia no se consiguen con medidas injustas que limiten el acceso de la ciudadanía a los tratamientos, sino garantizando una adecuada financiación. Lo que tiene que hacer el Gobierno del Partido Popular no es estudiar nuevos copagos, sino derogar los que ya existen y buscarse otras herramientas para que las cuentas le cuadren.
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